La prolongada crisis en Haití representa para nosotros, además de un problema de seguridad y riesgo cultural en el largo plazo, un peligroso desafío sanitario que, de no ser manejado con eficiencia, puede derivar en nefastas consecuencias para los dominicanos. En tal sentido, debemos enfocarnos en diseñar una estrategia que convierta en oportunidad la amenaza haitiana.
Enfrentar con decisión, entereza y creatividad las patologías que afectan las relaciones entre nuestros dos Estados Nación debe ser la consecuencia de un gran pacto social que vincule al Gobierno, a los partidos, al empresariado y a la comunidad internacional como principal agente activo en la empresa de evitar una guerra civil en Haití que podría derivar en una balcanización de la frontera.
Las medidas que pueden, en el largo plazo, normalizar la situación de las relaciones dominico haitianas, son:
a) Establecer el Jus Sanguinis como única forma de adquisición de la nacionalidad dominicana. Es decir, solo los hijos de padre o madre dominicanos tienen derecho a nuestra nacionalidad, sin importar el territorio en donde nazcan.
República Dominicana debe encabezar un movimiento internacional que procure el establecimiento de un fideicomiso de cincuenta años en Haití administrado por la ONU
Esta medida zanjaría el debate abierto de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes ilegales nacidos dentro de nuestros límites fronterizos. Y segundo, preservamos la nacionalidad dominicana, ante el hecho cierto de que somos un país de migrantes: el 20% de los nuestros reside en suelo extranjero.
b) Iniciar un programa de repatriación permanente de los indocumentados extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional, respetando su integridad y dignidad humana.
Dada la gran cantidad de haitianos sin documentos que residen en nuestro país, esto debe hacerse de manera gradual, pues realizarlo bajo las condiciones que tradicionalmente se hacen estos operativos produciría un efecto de rechazo en la ciudadanía y tensión con Haití.
c) Implementar una política y una policía fronteriza articulada, equipada y entrenada en la dura tarea de vigilar la frontera.
Finalmente, la República Dominicana debe encabezar un movimiento internacional que procure el establecimiento de un fideicomiso de cincuenta años en Haití administrado por la ONU.
Esto como una forma de garantizar que la situación que vive actualmente el pueblo haitiano pueda ir caminando hacia la regularización de su vida institucional que le permita salir del estado de inviabilidad en que vive hoy día nuestro vecino.
Una vez establecidos los límites de la nacionalidad dominicana, ejecutando una eficaz e inteligente política migratoria, aplicado un sólido control fronterizo y una República de Haití con estabilidad social, democrática y económicamente, tendremos el camino allanado para alcanzar una acuerdo de libre comercio entre nuestras dos naciones que, además de crear un mercado común de más de 15 mil millones de dólares, cerraría las puertas al contrabando y abriría una etapa de prosperidad y desarrollo para nuestros pueblos.
De no hacerlo así, la nación dominicana estaría procurando su propia ruina.