Todo lo antes expuesto, y otros factores, obviamente, abrieron la vía a la etapa de neoliberalismo conservador, tanto en lo político como en lo económico, que está teniendo su manifestación global más severa en los momentos actuales.

A lo que estamos asistiendo,-con signos de no aceptarlo con pasividad por los ciudadanos, como se ha visto en la huelga general  en España y las manifestaciones del 29 de marzo, en las protestas en Grecia, en la reacción anti Sarkozy en Francia-, es a un desmontaje del Estado de bienestar, con la consiguiente reducción de los derechos sociales, de salud, de educación, y  disminución de la igualdad de oportunidades, relativa, que  se había alcanzado.

Los más afectados son los jóvenes, que se ven sometidos a altas cifras de desempleo (En España cercana al 50%), a unos empleos precarios, con muy bajos salarios, y en muchos casos muy por debajo de sus niveles de calificación profesional. Y los mayores de 55 años, que si se quedan en paro, tendrán muy poca esperanza de volver a encontrar un empleo estable.

Estamos ante, no una reconstrucción del Estado del Bienestar, sino  de la destrucción del mismo. Esto es aún más notorio en aquellos países llamados periféricos de Europa, donde su desarrollo es más reciente. Grecia, España, Portugal tienen en común que fueron países con dictaduras  de ultraderecha e Irlanda fue dirigida por gobiernos autoritarios-conservadores durante el periodo de la posguerra hasta mediados de los 70.

En estos países el Estado de Bienestar es menos solido y hay menos personas empleadas en el Estado, además de que hay mayor desigualdad social. De manera muy escueta se puede ilustrar esto con los datos siguientes:

Los ingresos del Estado son más bajos que en la UE-15 (los 15 países con economías más sólidas); el gasto social  como porcentaje del PIB es menor, el empleo público como porcentaje de la población adulta es más reducido y la desigualdad es más pronunciada.

Todo ello viene a demostrarnos que tanto el sector público como lo referido al Estado de bienestar no está  muy desarrollado en estos países.

Junto a ello tenemos una política fiscal regresiva. Como dijera el ex presidente Aznar: "En España los ricos no pagan impuestos". Los demás si pagamos. Esto tiene un reflejo en la tasa de pobreza que es del 20% de la población (en la UE-15 es del 16% y en Suecia es del 13%).

La bajada de los impuestos ha beneficiado a las rentas del capital y a las rentas superiores, y ha creado un déficit público estructural, que ha permanecido oculto  ya que  los ingresos públicos se vieron favorecidos  por la burbuja inmobiliaria.

Así pues, este déficit público no es consecuencia de un exceso de gasto público sino de la reducción de los ingresos debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria y a las políticas impositivas impulsadas desde la creencia errónea de que "bajar impuestos es una política de izquierda", que estableció Zapatero, y que fue en eso, una continuación de las políticas impositivas de la derecha. Aunque es cierto que también durante su mandato aumentó el gasto social.

Esa orientación de la política fiscal también se refleja en la desigualdad social. Según el llamado coeficiente Gini, que mide la desigualdad de un país, y para entendernos, esta desigualdad es más grande a medida que el número sea más elevado. España tiene uno de los coeficientes Gini más altos 31,3 el mismo que Irlanda, mientras los de Grecia y Portugal son aún mayores 34,3 y 36,8 respectivamente.

Únase a ello que en España el gasto público social por habitante es de los más bajos de la UE-15. Mientras el PIB per cápita es del 94% del promedio de la UE-15, el gasto público social por habitante es de solamente el 72%. En España el Estado de Bienestar es pobre, aunque España sea ya un país rico por su renta por habitante (Vid. Vicenç Navarro, ponencia en las XV Jornadas de Outono de Vigo. El derecho laboral en la crisis, 25 de noviembre de 2011).

De manera que se puede afirmar, y concluir, que el desmantelamiento del Estado de bienestar no se debe a que los recursos no permiten su mantenimiento sino a que hay una concepción ideológica que es contraria al mismo, y que no desea invertir en lo social, sino que su táctica es dejar que el Estado deje de percibir ingresos para fomentar la privatización por doquier.

Para ello se descarta una fiscalidad progresiva a las rentas más altas, un impuesto sobre el patrimonio, y sobre las grandes fortunas, y una actitud activa contra el fraude fiscal. Todo ello unido permitiría recaudar los miles de millones de euros que se podrían invertir en mejorar la vida de los ciudadanos.

La consecuencia –y no sólo en los países periféricos-, de estas políticas neoconservadoras y neoliberales, se pueden constatar incluso en los países que han sido adalides y promotores de las mismas. La movilidad intergeneracional se ha interrumpido en los EE.UU. y en el Reino Unido.

Al contrario que sus padres y abuelos, los niños y los jóvenes tienen pocas expectativas reales de mejorar la condición en que nacieron. Los pobres seguirán siendo pobres. Aunque siempre habrá individualidades que puedan sobreponerse a todos los obstáculos sociales  y de clase existentes.

El resultado es que  la desventaja económica para la gran mayoría de la población se traducirá en peor salud, "oportunidades educacionales perdidas y –cada vez más- los síntomas habituales de la depresión: alcoholismo, obesidad, juego y delitos menores. Los desempleados o subempleados pierden las  habilidades que hubieran adquirido y se vuelven superfluos" crónicos para la economía. "Las consecuencias con frecuencia son la angustia y el estrés, por no mencionar las enfermedades y la muerte prematura" (Tony Judt Algo va mal, 2010, Taurus, Madrid).

A lo que hay que añadir que ya se está constatando en los países europeos, un aumento significativo de los suicidios como consecuencia de la crisis (Samir Naim, Crisis y suicidios, El País, 25 de febrero 2012).