¿Hacia dónde va el país? Este fue el título de un libro muy leído en la República Dominicana en los años 80, de la autoría de José Serulle Ramia y Jacqueline Boin. Fue publicado en aquel momento en que había grandes preocupaciones y movilizaciones sociales, en el país, por los comprometedores acuerdo que el gobierno hacia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Utilizamos ese titulo, debido a la incertidumbre política y social en que vive actualmente el país. En términos reales, algunos partidos creen que estamos en México, en las décadas del 70 y 80, cuando las decisiones de la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se tomaban como si fueran decisiones del Estado. En ese entonces las luchas internas en ese partido eran más fuertes y controversiales que las luchas con los partidos rivales. Se consideraba que el ganador en la primaria del PRI era el seguro ganador de las elecciones nacionales.
Se suponía que en este país habíamos avanzado en materia de institucionalidad y democracia, pues se habían logrado algunos adelantos importantes. Ha sido notable la modernización de las oficinas públicas, el comienzo de la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa, las normativas internas de funcionamiento, la formación del personal, la apropiación de tecnología y la disminución de los tributarios, mejor conocidos como buscones. Por otro lado, se había fortalecido el funcionamiento del Congreso Nacional, además el Sistema de Justicia había entrado en un proceso de independencia; mientras que en la Junta Central Electoral se establecían las bases para desarrollar procesos eleccionarios cada vez mas transparentes.
Considerábamos que el Congreso Nacional seguiría hacia adelante en su función de normar y legislar para el desarrollo, equidad y la convivencia social; que la justicia funcionaria de manera imparcial y que los fraudes electorales quedarían en el olvido. Pero es notable que todo esto todavía es una utopía, por la que hay que seguir luchando.
Las muestras de debilidad institucional se reflejan cotidianamente en las informaciones de los Medios de Comunicación y directamente en las instituciones mencionadas. Como muestra, en el ámbito de la justicia, han sido muy preocupantes las sentencias benignas de la Suprema Corte con respecto al caso del préstamo con la Sun Land, los fallos de no ha lugar a favor de funcionarios acusados de corrupción, entre otros.
En el Congreso Nacional deja mucho que desear la aprobación del Código Procesal Penal, de manera irregular y confusa. También el veto presidencial a la ley de protección y preservación de Loma Miranda.
En el mismo orden, los intentos de aprobación de una ley de partidos y agrupaciones que empeoraría la situación que se ha querido superar. En ese hecho la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), reaccionó al considerar que ese proyecto incentivaría la corrupción. Ellos plantean que ese proyecto constituye serias amenazas para la competitividad de las empresas y es una puerta abierta para todo tipo de privilegios y tráfico de influencia, a favor de los entes económicos con mayores contribuciones materiales a las campañas políticas.
Otra demostración de debilidad institucional ha sido el proceso de aprobación de la ley de convocatoria de la asamblea revisora para la reforma constitucional, para acomodarla a las aspiraciones reeleccionista del presidente de la República. Los comentarios y acusaciones de compra y sobornos de diputados están por doquier.
En cuanto a lo electoral, es evidente que la Junta Central Electoral, aplica una resolución ilegal, a partir de la cual se niega la documentación a dominicanos y dominicanas; además de que se le retarda el reconocimiento, a tiempo, al Partido Alianza País y otros movimientos, sin suficiente justificación. Igualmente el Tribunal Electoral ha fallado múltiples y dudosas sentencias, creando un ambiente de desconfianza en ese tribunal y poca fiabilidad en sus representantes y sus decisiones.
Lo lamentable de todo esto es que todas las decisiones de los organismos antes mencionados son tomadas para favorecer a un mismo sector de la sociedad, el corporativo-partidario, en detrimento, no solo de la democracia y la institucionalidad, sino de las grandes masas y del propio país.
La fuerza de la democracia y la base del desarrollo social y económico equitativo, descansa en las instituciones y en la credibilidad que la ciudadanía tenga de ellas. En la medida que se deterioran las instituciones y se pierde la credibilidad, muchos sectores que se consideran excluidos y desfavorecidos, empiezan a crear alternativas para subsistir, mientras otros se aprovechan del caos para sobreponerse y sacar ventajas. Lo peor es que los más desfavorecidos son los más débiles y marginados.
Se supone que el Estado es el garante de la seguridad y el responsable de tomar las medidas y disposiciones necesarias para garantizar el bienestar y convivencia social. De lo contrario, este país está condenado al agravamiento de la inequidad, el desorden, el aumento de la delincuencia de cuello blanco y de grupos marginados que luchan por la sobrevivencia.
Los líderes y lideresas sociales, profesionales, gremiales, religiosas, campesinas y barriales están llamados a fortalecer sus espacios organizativos, a unificarse y a reclamar el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento efectivo de las instituciones del Estado. Solo así se puede evitar que el país, nuestro país, siga la ruta equivocada que lleva.
Pero es la propia sociedad, sobre todo, los sectores excluidos, los marginados, explotados y maltratados por los grupos de poder los que deben hacer conciencia y entender que el actual estado de cosa no es, en primer lugar, responsabilidad de esos sectores más excluidos; los principales responsables son, más bien, quienes se están aprovechando del poder y, en consecuencia, quienes se apropian, impunemente, de los recursos públicos.