Este título encierra, por sí sólo, todas las interrogantes que los dominicanos de todos los sectores sociales que -de hecho y palabra y de palabra y hecho- aman a nuestro país. Punta Catalina tiene grandes trampas que ella misma se tiende y las que la historia tenderá en su contra, más grandes y temibles que las transacciones confesadas, confesadas a medias y no confesadas.
Pero no se puede negar -siendo justos, mas no tontos- que Punta Catalina también tiene su propia historia. Y como todas las cosas, tiene un comienzo y un final, que esperamos, porque amamos a este país, que la semántica de la vida no lo defina como trágico. Y si no lo quieren creer, que no lo crean, pero si se equivocan los responsables políticos que tienen el poder de decisión, pueden estar seguros que hasta en las tumbas escucharán mañana los lamentos de su propia tragedia convertida en la densa tiniebla de su propio espanto. ¿Por qué quieren privatizar a Punta Catalina antes de las elecciones?
Recuerdo al inicio de la construcción de la Planta Punta Catalina, diríamos que es la fase visible de su corta historia pública, pero como es lógico, y como sucede en el país, casi siempre, desde el Gobierno y desde el poder político, cada cosa, donde hay grandes inversiones, tiene su historia no confesada al pueblo, que es quien asume con lágrimas y dolor sus grandes costos.
Eran los primeros pasos públicos en la construcción de la promovida y bien publicitada planta de carbón de Punta Catalina. Recuerdo perfectamente la visita a mi oficina de la Vicerrectoría de Extensión de la UASD de una comisión encabezada por Max
Puig e integrada por Carlos Sánchez, y Enriquito de León. La presencia de Max creaba -creó en mí- una atención especial, por la dimensión de su figura pública y el extraordinario trabajo que realizó en el Ministerio de Medio Ambiente. Su trabajo ha sido reconocido, tanto en el país como también a nivel internacional. Durante su gestión se manejó con éxito y responsabilidad el asunto del Rockash.
La propuesta de Max no se hizo esperar, planteó el problema ambiental y técnico que generaba la construcción de esa planta. En tal sentido, nos propuso el desarrollo de un panel público donde participaran los expertos en la materia y que fuera abierto a la ciudadanía. Vimos la oportunidad para desarrollar una buena actividad de Extensión Universitaria.
Entonces convocamos al profesor Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD. Así conformamos la comisión organizadora del evento propuesto. Todos coincidimos en que debía ser un evento democrático, por lo que invitamos al funcionario del Gobierno, Rubén Bichara, que promovía y dirigía el proyecto de la construcción de la planta Punta Catalina. Me tocó la responsabilidad de asumir la coordinación y conducción del panel. Fue un gran ejercicio de discusión académica.
Ahí están Punta Catalina y su historia, que pasa desde el escándalo de Odebrecht, su sobreevaluación en miles de millones de dólares hasta su propuesta de venta y privatización de ese bien público que se vendió con una gran publicidad muy costosa que la definía como un proyecto estratégico en la producción de energía barata para el pueblo. Por supuesto que una de las críticas era el hecho de que no era recomendable el uso del carbón en su operación. Ahora el problema que se plantea es su venta acelerada como si el mundo se acabara antes de las elecciones de febrero o de mayo.
Vi en el programa El Día, que conduce Huchi Lora, al administrador que representa la propuesta de venta de Punta Catalina; no niego que tiene buen entrenamiento para defender la privatización de ese bien público, o del pueblo, para que pase al sector privado. No me convenció su propuesta, por oscura y porque envuelve intereses particulares, que él elegantemente defiende; además, porque es un negocio y una operación en los cuales el Estado y el país pierden.
Sin embargo, creo que la propuesta que, en el mismo programa, planteó Antonio Almonte, prestigioso profesor de la UASD y en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es la que le conviene al interés nacional, ya que ese bien público quedaría en manos del Estado dominicano y se libraría de endeudarse sin necesidad por casi dos mil millones de dólares. Si el Gobierno vende a Punto Catalina, es como si pagara dos veces el costo de la misma. Es perder perder! El país no debe privatizar a Punta Catalina. Venderla y privatizarla es perder más de lo que hemos perdido. Y no es justo!