El país ha sido estremecido, en los últimos meses, por actos delincuenciales y criminales que ponen los pelos de punta a cualquiera, a verlos como secuencia, en especial porque a cada uno de los actos criminales se vinculan elementos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.

Crímenes por paga, como en cualquier país en proceso de desintegración. Crímenes contra agentes policiales que logran ser explicados por la propia Policía Nacional, pese a que la sospecha se dirige contra agentes policiales corruptos, a punto de ser evidenciados. Crímenes cometidos aquí por oficiales militares, como el borrado de huellas digitales de personas procesadas judicialmente, y que son descubiertos en los Estados Unidos.

La violencia galopante va corroyendo las entrañas de la sociedad. Cada día hay un escándalo nuevo. Ayer fue un inspector de la Dirección General de Prisiones, entrando con droga y con alcohol para los presos en Najayo, y mañana será el jefe de la misma prisión, despedido por facilitar a un prisionero por un caso criminal celebrar una de las juergas más escandalosas, con champagne y algo más, no se sabe con qué motivo, y se hace pública en una página de Facebook, sin miedo a ser descubierto.

La impunidad es uno de los signos de estos tiempos. Sobeida Morel Felix, vinculada por las autoridades a un narcotraficante y al lavado de dinero, se queja por los castigos que le imponen, por utilizar celulares en la prisión. Varios prisioneros notables, sin embargo, tienen y utilizan cotidianamente teléfonos satelitales, conexiones a Internet, y por supuesto intensa actividad por las redes, como no las pueden tener millones de personas que disfrutan de libertad.

El país está patas arribas, como diría Galeano. El sentimiento de frustración es causa de una parte de la violencia que se sufre en la sociedad. Muchos gatillos alegres, que por cualquier incidente de tránsito, pistolas en manos, insultan, agraden y hasta matan al prójimo, sin que les atormente una pizca de su propia conciencia.

Pocos se indignan o sufren, apenas se sienten afectados, por el crimen de un guardia “privado” de seguridad, que cercena la vida a un cliente de EdeEste, por protestar dentro de la oficina de la empresa eléctrica en Megacentro. Un escopetazo terminó con la protesta, con la indignación, y todo vuelve a la normalidad. Facturas abusivas del servicio de energía eléctrica, acompañadas de apagones y de insultos o indiferencia de empleados desganados y hastiados de oir quejas cada día, cada jornada de trabajo.

El problema mayor, que no es la participación de policías o funcionarios en aupar el crimen o en llevar drogas a las cárceles, viene a indignar más la conciencia de quienes aspiran a un país mejor: la poca atención de las autoridades para mover lo que anda mal, la escasa preocupación para mejorar las políticas públicas en seguridad, para detener la corrupción en los cuerpos policiales y militares.

Pareciera que el tiempo, y el hartazgo, ha puesto fin a la iniciativa del gobierno para hacer un poco mejor lo que tanto prometió.