Todos los ciudadanos comprometidos con nuestro país estamos en la obligación de señalar las debilidades existentes en cualquier área del estado y aportar posibles soluciones que puedan lograr a corto o mediano plazo las transformaciones que la ciudadanía requiere.
Nuestra sociedad es abatida desde hace algunos años por graves problemas; particularmente en lo que se refiere a la seguridad pública, la cual, en muchos casos; esta vinculada a fenómenos transnacionales difíciles de erradicar. Sumados al debilitamiento de nuestras instituciones, las cuales demandan y ameritan profundos y minuciosos procesos de reforma, como el único recurso capaz de enfrentar con eficacia el incremento de las constantes amenazas criminales que nos impactan. Garantizando de esta manera el Estado de Derecho que todos los dominicanos merecemos.
En Latinoamérica muchas de las instituciones policiales tienen graves problemas, entre los cuales podemos citar: Recursos humanos no calificados, corrupción institucional, deficiencia en la seguridad social del agente y sus dependientes, esquema salarial inadecuado, entre otros. Dificultando el buen desempeño que deben prestar en el desenvolvimiento de las tareas policiales correspondientes.
A esto se suma la deficiencia de otras instituciones del sistema como es la de administración de justicia que frente al debilitamiento al aplicar las sanciones correspondientes por los hechos delictivos contribuyen al incremento de los mismos, colocando a la policía al borde de su capacidad; generando un alto nivel de desconfianza en los ciudadanos.
Si queremos revertir la situación actual de inseguridad ciudadana es preciso acentuar la reforma policial desde una perspectiva proactiva, de proximidad, profesionalidad y respeto a los Derechos Humanos. Lo que requiere de una alianza entre policía y comunidad; capaz de restablecer la confianza ciudadana, aumentar la capacidad preventiva y la convivencia pacífica .
La reforma policial en nuestro país se hace necesaria, pero la misma no debe ser únicamente responsabilidad del estado, debe incluir la participación de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, entre otros. Primando entre todos la voluntad necesaria e indispensable para desarrollar una agenda comprometida creando políticas públicas adecuadas, oportunidades de trabajo a nuestros jóvenes, para poder contribuir con la disminución de la pobreza.
Estamos conscientes de que la policía nacional precisa de una verdadera reingenieria institucional que garantice un cambio doctrinal hacia el modelo comunitario vigente hace años en países desarrollados y aplicado con bastante éxito; mejorando la credibilidad institucional y orientando toda su actuación al servicio de la población mediante una acción proactiva.
Se necesita una policía capaz de asumir el concepto de seguridad ciudadana como garantía del orden y la paz social.