(Parte I de IV)
Por JuanTomás Taveras
La reforma y modernización integral o transformación de la Policía Nacional es urgente e impostergable. Por lo que debemos aplaudir y sumarnos a la decisión firme iniciada por el gobierno en la persona del presidente Luis Abinader, de realizar dicha reforma “cueste lo que cueste”. Quien esto escribe tiene más de dos décadas analizando, enfrentando, compartiendo y promoviendo la cultura del cambio, o más bien una transformación cultural y organizacional dentro de la institución del orden, para lograr la modernización y eficientización del servicio policial acorde al siglo XXI y como lo anhela toda sociedad democrática. Esta reforma debe contar con la participación de todos los sectores organizados de la sociedad y especialmente las comunidades, junto a la policía con representación de todas sus áreas especializadas. Para garantizar el éxito no se debe excluir a ningún sector.
El Estado dominicano mantiene una debilidad en cuanto a las políticas públicas de seguridad y defensa nacional, que deben venir de los representantes de los poderes públicos. Cada día se asoman nuevas amenazas y nuevos tipos de delitos que sorprenden y sobrepasan los niveles de prevención y control que corresponden a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Los hechos acaecidos recientemente como son el daño intencional en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, las averías en el teleférico de Puerto Plata, en instalaciones eléctricas y algunos acueductos provinciales; igualmente, las fallas de la Lotería Nacional, los tantos sabotajes y destrucción de datos en la mayoría de los sistemas informáticos en las diferentes instituciones públicas antes del relevo del gobierno saliente; y hasta resulta extraño las pinchaduras de dos neumáticos del carro presidencial. Sucesos que, a nuestro entender, muestran intenciones claras de desestabilización del Estado y amenaza a la gobernabilidad del país por parte de sectores corruptos y criminales, que quieren distraer o evitar que continúen juzgando los implicados en actos de corrupción y robo de la cosa pública.
Por otra parte, no menos relevante debemos citar el magnicidio en Haití de Jovenel Moise y que luego de su asesinato se ha agravado la crisis social a un grado tal que hoy las bandas y jefes del crimen dominan el país vecino, poniendo en amenaza y riesgo nuestra seguridad fronteriza. Situación esta, que sin duda alguna afecta nuestra economía, generando intranquilidad a nuestra sociedad y al turismo. Censuramos al canciller haitiano Claude Joseph por sus declaraciones aviesas y desviadas de la realidad, nada de lo que hoy viven los haitianos involucra a República Dominicana, todo lo concerniente al conflicto haitiano se desprende de situaciones internas, propias de su debilidad institucional, la ausencia de gobierno y por ende de autoridad que dejan a la deriva la seguridad y el control social, dando paso al surgimiento de grupos criminales que ocupan el vacío de poder. Debiendo señalar, que toda la región debe poner atención al tema haitiano y junto a la comunidad internacional proporcionar seguridad y paz, estableciendo el control y neutralización de los grupos o bandas del crimen organizado.
La situación de convulsión y complejidad que hoy se vive en nuestra frontera dominico-haitina es la principal amenaza a la seguridad y el orden social del Estado dominicano, lo que obliga a estar alerta permanentemente estudiando y evaluando los hechos y el más mínimo detalle en torno al tema haitiano, tomando en cuenta un manejo interinstitucional con el soporte del consenso de las agencias de inteligencia estatal y el apoyo de asesoría internacional. Nuestra preocupación nos compromete a recomendar ampliar las estrategias y análisis de inteligencia para actuar prospectivamente frente a cada escenario que se pueda presentar y proponer soluciones efectivas adelantadas. Además, sugerir colocar en todos los puntos de paso fronterizo equipos antimotines para control de pobladas y disturbios que se puedan presentar al mando de policías experimentados en control de los mismos, para que apoyen el manejo de la defensa de nuestros militares.
Estamos abiertos a toda sugerencia, apoyo o crítica que fortalezca nuestra propuesta y convencidos de que es posible una Policía confiable, moderna, civilista, comunitaria y democrática; pero sobretodo, respetable y revestida del principio de autoridad; que es la que merecemos y debe primar en todo Estado Social y Democrático de Derecho, como establece nuestra Constitución. Pero desgraciadamente, tenemos la Policía que pagamos (la peor pagada de América) desmoralizados y desprotegidos: Policías mal entrenados, mal dirigidos, mal tratados, mal supervisados, mal equipados, mal tecnificados, mal alimentados, mal transportados, mal uniformados, entre muchos otros males. Los policías no tienen la culpa de sus malas prácticas y abusos. Desde Trujillo, hasta hoy, a ningún presidente le había interesado y decidido cambiar ese derrotero.
Para lograr esa policía anhelada que merecemos, debemos someter a toda la plantilla policial a una depuración y evaluación estricta, sin necesidad de destruirla o eliminarla, como algunos proponen, los policías al igual que los ciudadanos, también son humanos. Solo recordarles el ejemplo de los policías de AMET fundada por Hamlet Hermann: Fue un grupo de policías seleccionados de la misma institución, pero bien pagados, bien capacitados, bien tratados, bien dirigidos, bien supervisados, bien equipados (con tecnología de punta), bien alimentados, bien uniformados, entre otros beneficios, los cuales, funcionaron en excelencia y con alta aprobación ciudadana, hasta que los políticos lo contaminaron de nuevo.
Asimismo, es necesario promover cambios institucionales para mejorar la calidad de vida de los policías, fortaleciendo la carrera policial, a través de una seguridad social integral y de mayor presupuesto institucional con salarios más adecuados que garanticen la protección de los derechos profesionales, laborales y de recreación de los policías junto a sus familias. Dichas medidas deben ser consensuadas y enfocadas a todo el proceso de vida funcional del policía, desde su ingreso, continuando en su último día de servicio que debe terminar con una jubilación digna hasta su muerte física sin que nunca se afecten los beneficios correspondientes a sus descendientes directos.
Establecer como norma la elaboración del presupuesto conforme a los planes del año fiscal, orientados a resultados que contemple las necesidades básicas de cada policía, de cada estación y de cada vehículo anualmente con especificaciones de fábrica y no adaptados (incluyendo material gastable y mantenimiento). Suministro de avituallamiento de todas las herramientas y tecnologías de una Policía moderna, cada seis meses o cuando lo requiera el servicio (hace más de una década no se hace institucionalmente, que llegue a todos en igualdad). La revisión de salarios e incentivos o sobre sueldos, los cuales en su mayoría no son asignados con justicia, equidad, valoración de méritos y de riesgos del desempeño laboral, sino con una preocupante discrecionalidad del gasto, favoreciendo amigos y allegados. Motivar al personal estableciendo premios a los méritos, la ética y buen desempeño laboral.
Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la patria.