Finalmente va prendiendo que esto es lo que necesitamos para enfrentar a los depredadores de vida y propiedades que tienen en zozobra a la población. Cada vez más personas se convencen que hay que sacar El Ranger, salonera de Boca Chica, menor atracado Ensanche Ozama, obrero enfrentó al Marine y joven novio de la mártir del Malecón, que todos llevamos dentro. El modelo de población civil desarmada, donde conseguir una pistola por vía legal es un privilegio de los ricos o allegados al poder militar o político, y que cuenta sólo con la promesa de protección de un monopolio público en el uso de la fuerza, es un fracaso sin remedio.
En éste los civiles son un botín de pandillas y patrullas. De pandilleros con facilidad pasmosa para adquirir armas ilegales en un país que tiene una de las leyes de armas más duras del continente, cortesía de la invasión de marines de los Estados Unidos en 1965, que sí impuso su agenda que para Bananero no hay Segunda Enmienda; de malos policías que se enganchan con la intención de aprovechar los poderes exagerados que la ley confiere a esa fuerza para acosar al ciudadano, como detener sin causa probable o sospecha legítima, es decir cuando le venga en ganas, a cualquiera y donde quiera.
Los pandilleros no se están comiendo las uñas, nerviosos, rezando para que no se apruebe una nueva ley de armas más dura. La vigente tiene medio siglo, es tan dura que nació con priapismo, y ellos no le hacen caso. Risa les debe dar la cruzada por sustituirla por una nueva, a cargo de la misma policía que no hace cumplir la vigente. ¿Quién entiende? Dudo que las reformas a la policía nacional van a disminuir sustancialmente la patente de corso que sobre la población recibe el que se engancha. Nada más hay que ver esta barbaridad de detener por “perfil sospechoso” y multiplicación de retenes con armas largas, el recurso que añoran para volver a sus años dorados de la dictadura trujillista.
Está soñando el que crea que esa reforma va a replicar el esquema de la seguridad privada, donde hay obligación contractual a reportar sobre la calidad del servicio, rendir resultados para que cliente no cambie de proveedor y hasta responsabilidad daños y perjuicios por incumplimiento. ¿O usted cree que podrá entrar a un cuartel a exigir que le entreguen el reporte de GPS de la patrulla asignada a su ensanche, porque tiene dos días que sólo la ve estacionada con el aire acondicionado y las centellas encendidas?
Pero hay que reconocer el avance del 911. Antes, la policía estaba totalmente ajena a un esquema de rendir cuenta verificable cuando las personas llamaban al cuartel por emergencia. Cada llamada ahora es un caso en que es posible medir la calidad de su respuesta. Reporté en Acento un caso en que tuve oportunidad de verificar una ejecución rápida y eficaz, con negocio vecino abusador. Ahora hace falta que desde la presidencia, la única instancia cuyo compromiso hace posible el éxito del 911, también se ordene a los policías que respeten al ciudadano que quiera grabar cualquier interacción que tenga con ellos.
Hay que balancear el poder propio de dictaduras de izquierda o derecha que tienen los policías, de pararte sin dar explicaciones, con el derecho que tienen los ciudadanos de grabar con su celular cada evento en que son detenidos para una inspección de rutina en un retén o en cualquier calle de un barrio. Se logra con orden de la presidencia que obligue a los policías a seguir un protocolo de identificarse apropiadamente y explicar al ciudadano que tiene derecho de grabar el proceso al que será sometido (un registro de personas, verificación papeles del auto o inspección del mismo).
Ese es otro camino en la dirección correcta para limitar los espacios en que puede actuar un delincuente disfrazado de policía. El otro gran paso sería quitarnos de encima esa herencia de la invasión yanqui y de Balaguer que ha castrado la posibilidad de autodefensa de los civiles honrados, que son una inmensa mayoría. Hay que liberalizar el porte y la tenencia de armas, reducir sus impuestos para que adquirir una sencilla no cueste lo mismo que un carro de medio uso. A precios internacionales, la demanda por revólveres pistolas indicará la disposición que tiene el ciudadano de ser la primera línea de defensa contra los delincuentes.
Esa es una gran responsabilidad, la cárcel o el cementerio son destinos probables al que la use para cualquier fanfarronería o situación que antes resolvía con un sanantonio sazonado a la criolla. Prisión también conlleva usarla en exceso, como ahora enfrenta El Ranger si no tiene la suerte del padre vengador en "Time to Kill". Tampoco es un arma garantía de éxito en una situación de peligro, pero es un riesgo calculado que asume el que ejerce su derecho fundamental a la autodefensa. En esto pasa como dice el refrán “el arma es como el paracaídas, el día que pensaste lo útil que sería tener uno, ése fue tu último en la tierra.”
Para las mujeres, que aportan el 98% de las víctimas los casos de enfrentamiento con arma letal entre parejas, esa sería una forma de cambiar sustancialmente las probabilidades. Hay armas de fuego especialmente diseñadas para las mujeres, más pequeñas, baratas y algunas hasta se pueden esconder en un sostén. ¿Qué cree puede hacer entender mejor a un macho violento que no debe abusar de la mujer: el cuadernillo de valores que vino encartado en el periódico o la posibilidad de que le metan un tiro en el pecho, con una pistolita de cacha rosada? El que clame por políticas públicas para que la mujer no se arme con fuego letal, por el peligro será homicida; que clame entonces por evitar se arme atributos carnales la inciten a la prostitución. ¿Cierre clínicas cirugía estética?
Estas ideas y la expansión de la seguridad privada a residenciales, posible si el congreso no se deja engatusar por el monopolio legal al que aspiran las actuales compañías de seguridad, van a ir ganando esta batalla contra el desborde de la delincuencia. El que dude de lo que la seguridad privada pueda aportar a reducir la delincuencia en residenciales, que por favor nos explique el éxito de proveer seguridad privada a los más de cuatro millones de personas que reciben los resort turísticos del país. Sin armas en población civil, sin posibilidad contratar de manera económica “guachimanes” para seguridad residenciales y sin cambio sustancial en el poder de acoso del policía al ciudadano, los violentos asaltantes y delincuentes seguirán en éste y cualquier otro gobierno con el sartén por el mango.