Guatemala, invicta anécdota derrotada…
Injusticia y hambre ¡qué violenta, qué violenta violencia!
LUIS CARDOZA Y ARAGÓN.
A los latinoamericanos que hemos seguido la historia reciente de Guatemala no dejan de anonadarnos los resultados del certamen electoral que acaba de concluir en ese hermano y hermoso país. De los catorce millones de guatemaltecos, más de la mitad vive en la pobreza y es de origen maya. Sin embargo, en la primera vuelta electoral sólo hubo un candidato indígena: la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien sólo obtuvo 3% de los votos. Demostrándose una vez más los límites de nuestras atrofiadas democracias, donde el pueblo sólo tiene la opción de elegir a los candidatos con mejor financiamiento. En efecto, los dos candidatos que compitieron en la segunda vuelta fueron de derechas, resultando ganador el general retirado Otto Pérez Molina, ligado de una forma u otra a la guerra sucia que azotó a esa nación, y enarbolando un programa antiviolencia de "mano dura".
Esto ocurre en un contexto histórico que vale la pena revisitar. Durante casi cuatro décadas, entre 1960 y 1996, Guatemala padeció una guerra interna entre el ejército de los gobiernos autoritarios y los grupos guerrilleros que decían representar a la mayoría indígena e indigente. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, patrocinada por las Naciones Unidas, concluyó que las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de una campaña de genocidio contra ciudadanos mayas; encontrándose al ejercito responsable del 93% de los casos de asesinatos y violaciones de los derechos humanos reportados; 3% se le adjudicó a las guerrillas y en 4% no se pudo determinar el autor. Una matanza emblemática, que parece tomada de una crónica de Indias de Bartolomé de las Casas o de un film de Bernardo Bertolucci, fue la de Las Dos Erres, donde integrantes del grupo de operaciones especiales del ejército llamado Brigada Kaibil asesinó de una manera horripilante (cuya descripción no cabe en este artículo) a más de doscientos civiles, sobre todo niños y mujeres. El saldo humano de la guerra fue alrededor de un cuarto de millón de muertos y desaparecidos.
En 1996 hubo un acuerdo de paz auspiciado por las Naciones Unidas, donde el ejército, como vencedor del conflicto y representado por el mismo general Otto Pérez Molina, insistió en la amnistía como una condición indispensable para el acuerdo. Esta impunidad y el costo humano y económico de la guerra dejaron un país en harapos, sin instituciones, con las finanzas desvastadas y una corrupción crónica.
Luego de la desmovilización de las fuerzas armadas al finalizar la guerra, miembros desplazados de la brigada élite Kaibil pasaron a formar parte del cartel de drogas mexicano los Zetas. Se dice que los crímenes horrendos (como las decapitaciones) que se vienen reportando en la guerra del narcotráfico en México fueron introducidas por los kaibiles que simplemente han aplicado las tácticas que aprendieron para aterrorizar a la población civil que apoyaba a la guerrilla en Guatemala durante la guerra sucia.
El general y ahora presidente Pérez Molina tiene una vasta experiencia en asuntos de fuerza. Pasó treinta y cuatro de sus sesenta años de edad como militar de carrera exitoso, treinta de estos en el período de la guerra sucia. Aunque hasta ahora no se ha podido demostrar cabalmente, se le acusa de haber tomado parte en actos de violación de los derechos humanos que estaban a la orden del día durante la guerra. Sus acusadores se basan en las posiciones de importancia que ocupó dentro de la jerarquía militar. En 1982 se le ubica como mayor del ejercito en la provincia Quiché, la zona más golpeada por las acciones de contrainsurgencia. En 1985 pasa un año en USA estudiando en la Escuela de las Américas. En 1992, siendo director nacional de la división de inteligencia militar, es acusado por la abogada estadounidense Jennifer Harbury de ser el responsable de la tortura prolongada y eventual desaparición de su esposo, el comandante guerrillero Efraín Bámaca. En 1993 se opone al auto-golpe del presidente Jorge Serrano, por lo que gana puntos en la sociedad civil. En 1996 fue nombrado inspector general del ejército y más tarde pasa a representar a Guatemala ante la Junta Americana de Defensa hasta su retiro en el año 2000. Igualmente se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del asesinato, en 1998, del arzobispo católico Juan Gerardi, coordinador del detallado informe "Guatemala: Nunca Más" que también sostuvo que el ejército había sido el principal violador de los derechos humanos durante la guerra.
En Guatemala ocurren cerca de cincuenta homicidios por cada cien mil habitantes anualmente. Existe una delincuencia generalizada con robos y asaltos habituales y un crimen organizado que maneja una buena parte de la economía. Por ejemplo, se estima que el negocio del narcotráfico mueve una cantidad de dinero equivalente a tres veces el presupuesto nacional. Debido a la corrupción policial y judicial, sólo se procesa una mínima parte de los crímenes violentos.
Todo esto, azuzado por el sensacionalismo mediático y la propaganda política, ha generado un clima de paranoia entre la población guatemalteca que percibe la inseguridad pública como el principal problema a resolver. Dejando a un lado las causas que la generan.
Este estado de cosas y el apoyo económico de la derecha tradicional constituyeron el terreno fértil que permitió al general Pérez Molina y su Partido Patriota ganar las elecciones presidenciales con una plataforma de "mano dura" que propone combatir la violencia con violencia, empleando tácticas militares represivas y de contrainsurgencia en las cuales él tiene experiencia; sin descartar la participación de los kaibiles.
Este enfoque limitado a un problema multifactorial como la violencia apesta a populismo. Es harto sabido que la mayoría de los crímenes violentos tiene su origen en la pobreza y la exclusión social, política y económica, ligadas a la corrupción, la falta de educación, la impunidad, el legado de la guerra y la tradición machista. Por eso, al combatir la violencia con más violencia se pierde de vista que esta es sólo un síntoma de la enfermedad que padece el sistema. De esta forma se dejan intactas las razones reales de la violencia, las cuales requieren cambios profundos para su saneamiento. Cambios que podrían no convenir a las clases representadas por Pérez Molina, pues la seguridad ciudadana se logra con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el adecentamiento de los sistemas judicial, educativo y de salud, lo cual pasa por un reordenamiento social y económico de fondo.