En las campañas políticas, y ahora durante la pandemia, suelen circular versiones sobre hechos políticos y sociales alejados de la verdad. En ocasiones sus patrocinadores se sustentan en verdades que transforman con aditamentos falsos convirtiendo su afirmación en medias verdades y en consecuencia medias mentiras disfrazadas de verdades.
Por ejemplo, cuando la Dra. Margarita Cedeño afirma que no está obligada a cesar en sus funciones oficiales, a propósito de su candidatura vicepresidencial, en razón de que está amparada en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley 15-19 que excluye a los funcionarios electivos de esta obligación, no se refiere al hecho de que ocupa, además, un cargo administrativo como jefa del gabinete social del gobierno y que, en consecuencia, la ley la obliga a cesar en esas funciones. Este es un clásico ejemplo de una verdad deformada.
La afirmación hecha por las autoridades de que los procesos de compra y contrataciones llevados a cabo durante el presente estado de emergencia son apegados a la ley y sobre todo que los altos precios pagados se deben a especulaciones internacionales, no se corresponde con la verdad. La mayoría de los procesos se han llevado a cabo de espalda a las normas vigentes, lo cual es demostrable. Estamos en disposición de hacerlo si fuere necesario.
Pero una de las más burdas mentiras y de las más difundidas es aquella que sostiene que se precisa del estado legal de emergencia para que el gobierno pueda disponer las restricciones sociales y medidas de distanciamiento necesarios para el control sanitario. Pues resulta que la resolución del Congreso que dispone el estado de emergencia sólo autoriza al presidente a limitar los derechos fundamentales de circulación y de reunión. La regulación de horarios del comercio, por ejemplo, escapa a esta disposición. En la práctica, la única utilidad legal del estado de emergencia es el toque de queda dispuesto por el Poder Ejecutivo. Hay más mentiras y medias verdades, usted conoce alguna.