Los abusos de la policía en los Estados Unidos han levantado protestas de la ciudadanía y exigencias de mayor control y vigilancia al ejercicio de sus funciones en las vías públicas. El Juez Andrew Napolitano, analista de la cadena Fox, ha levantado su voz para que el ciudadano exija su derecho a grabar cualquier interacción propia, o de la que sea testigo, con agentes del orden. Celulares que cada vez incorporan mejor tecnología y nitidez en la captura de video, como acertadamente indica Napolitano, son hoy la pluma y el papel con que antes se documentaban los atropellos donde uno era víctima o testigo.
Grabar a la policía se fundamenta en el derecho a la libertad de expresión y se necesita para hacer efectivo el debido proceso de ley. La policía simplemente no puede armar un caso contra ciudadano, cuando lo manda a detener de noche en un camino oscuro, amparado en que tiene Fe Pública o teniendo como testigos a miembros de su propia pandipatrulla. Hay que terminar con esa patente de corso que incentiva millones de abusos diarios en países donde solo el testimonio propio hace balance a la extorsión de policincuentes.
Presiones de la ciudadanía y de un poder judicial independiente en los EUA, han llevado a policías locales a colocar cámaras de video como equipo accesorio cuando sus agentes entren en acción. Esposar y llevar detenido a un ciudadano por resistir un arresto o intentar agredir a un agente, viene ahora acompañado de la declaración del oficial y la prueba del video. “Que al abrir el baúl encontramos una funda de polvo blanco que presumimos era cocaína…”, acusación que siempre deja dudas en los casos de policía con reputación de corrupta, queda registrada ahora en video: desde que el conductor es mandado 
a detener, informado de sus derechos y de la sospecha razonable llevó realizar chequeo del auto. De esta manera el video permite evitar abusos contra el inocente y obliga a la policía a detener, transar o extorsionar sólo a los delincuentes.
Observando esa tendencia de un país donde fuerzas del orden no son inmunes a la presión ciudadana, empresarios privados ahora están creando más novedosas formas de control a la brutalidad policial. Recordemos que ya el uso de las armas de reglamento en acciones delictivas tiene en ese país una 
limitante: el vínculo que laboratorio balístico puede hacer entre tiro recogido en escena del crimen y pistola del agente. Algo que aparentemente aquí no se ha logrado, dada la frecuencia alta de uniformados que cometen crímenes y delitos con el mismo revólver con que prestó juramento para defendernos. La propuesta de estos empresarios americanos es una pistola que al ser desenfundada enciende una cámara que tiene integrada al cañón. Automáticamente, sin discreción por parte del policía, esta empieza a grabar en audio y video todo lo que ocurre, con transmisión en vivo y señal de GPS, a 
un centro de control. Esto permite evaluar la peligrosidad del evento, coordinar acción de apoyo en tiempo real y levantar pruebas que servirán en potenciales procesos legales.
En nuestro país, donde los agentes del orden disfrutan del beneficio de la fe pública, es decir, licencia para cometer perjurio que el juez acepta como verdad, así como del poder de parar cuando le venga en ganas sin otorgar a nadie ningún tipo de explicación, grabar sus actuaciones y copiar esas iniciativas es cuestión de vida o muerte.
Los videos han probado ser efectivos para documentar excesos de civiles con los policías. En los casos de Villaman Fadúl y El Querido, hicieron las grabaciones y las dieron a conocer los mismos agentes del orden. Estos, en cambio, se resisten y molestan a ser grabados cuando son ellos los que cometen abusos. Valientes ciudadanos han logrado captar en videos algunos de sus crímenes horrendos, como ejecuciones que se hacen pasar por intercambios de disparos. En otros también se han visto caer en cumplimiento de su deber, alcanzados por balas en disturbios callejeros de huelguistas o estupidiantes de la UASD que los hace 
corresponsales de la barbarie. El uso cada vez más frecuente de cámaras en negocios y residenciales también está ayudando a la identificación y captura de criminales.
Los videos llegaron para quedarse y ser incorporados cada vez al combate del crimen y los malos policías. De ahí la sorpresa que recibimos cuando este año nuevo Amet lo estrena pidiendo poder para someter por intento de homicidio o asalto agravado al conductor que se le subleve. Miren de que se trata: Ellos hoy tienen fe pública para acusarte de violar una luz roja, sin prueba de foto o video, sin testigos, sólo su soberana apreciación que para el juez de tránsito es sagrada. Cuando abusan de ese poder con conductor se fue en luz amarilla, el agravio es doble: la multa injustificada y la condena, después de pagarla en un banco que da recibo de descargo, a un calvario de uno o varios días para procurar que se elimine del sistema de Amet. ¡Sí señor, en pleno Siglo XXI, un viacrucis que resuelve con un interfaz de sistemas un informático empírico o de primer año universitario!
Es ahí donde está la causa de que conductores molestos y frustrados, cuyos testimonios no tienen contrapeso a la palabra del agente, terminen en un altercado físico, con manoteos, insultos y amenazas, que provocan sea sometido a la obediencia todo aquel que no cuenta con un salvoconducto de llamarlo marca kilómetro y usar goma de camioneta para aplanarle el dedo gordo del pie. En los casos del conductor común y corriente, siguiendo con el sistema de fe pública, es que AMET solicita que la fiscalía los trate como asalto agravado o intento de homicidio contra un agente del orden. No como ahora, un simple pleito entre agente y chofer que ve un juez de tránsito.
Tremenda la asimetría. En EUA, hacía policía con pistolas equipadas con cámara de video y GPS con transmisión en tiempo real para evitar abusos; aquí, solicitud para que agente de Amet añada al poder de acusarlo sin pruebas de irse en rojo, otro para someterlo de amenaza de muerte, intento de homicidio o asalto agravado. Allá, policías estatales y sheriffs locales advirtiendo que no acatarán ninguna orden federal que busque confiscar armas legales a ciudadanos con derecho constitucional a usarla; aquí, la nuestra ansiosa de que nueva ley le permita desarmar a quienes la portan legalmente para la defensa de su vida, familiares y bienes, y esconder su rotundo fracaso de medio siglo en desarmar delincuentes con la bastante dura que está vigente.
Andamos mal. Tenemos que exigir derecho grabar a la policía, someterla cada vez a controles que eviten los abusos a la población de los malos policías y hacer frente al intento de que cada vez sea más difícil portar un arma para la autodefensa imprescindible que requiere este tiempo. Estas medidas combinadas con la expansión del Sistema 911 y el mayor apoyo presupuestario del gobierno, son las que permitirán que la gente decente deje de ser botín de pandipatrullas, policincuentes y AMETbusadores.