La incertidumbre, la pérdida de tiempo, de recursos, de energía, de sueños e ilusiones son algunos de los elementos que constituyen el drama angustiante que viven los arquitectos en prácticamente todos los países del mundo debido a la falta de trabajo, oportunidades de proyectos y remuneraciones dignas.

En países desarrollados, por ejemplo, es frecuente ver ofertas de trabajo para profesionales extranjeros en una gama de oficios en la que casi siempre la gran ausente es la arquitectura y sus ramas afines. La razón es la misma en todas partes: los arquitectos constituyen el sector profesional con la más alta tasa de paro, y; por tanto, no se necesitan más.

En nuestros países la situación suele ser mucho más patética aún. Factores de tipos económicos, institucionales y culturales, unidos a la falta de planeamiento urbano, contribuyen a minimizar el consumo de servicios de arquitectura y urbanismo, ejerciendo un impacto devastador en el desarrollo profesional de los arquitectos y del conjunto de profesionales, técnicos, asistentes, etc. que participan en la redacción de un proyecto. Y, como consecuencia, en la habitabilidad del espacio, tanto arquitectónico como urbano, en razón, de que quiérase o no su correcta concepción está en manos de éstos.

Ante un panorama como ese, donde se mezclan tantos factores adversos, es de suponer que las posibilidades de una coyuntura capaz de impulsar colectivamente el desarrollo de este grupo socio-económico son muy difíciles. Sin embargo, resulta mucho más difícil aún tener que ver que tal coyuntura haya surgido, y que por irresponsabilidad, pero sobre todo por irrespeto, se haya perdido.

Con la histórica asignación del 4% del PBI para la Educación con que se estreno este gobierno, se puso en marcha un ambicioso plan de remodelación y construcción de planteles escolares, orientado al nuevo enfoque pedagógico de tandas extendidas, denominado como: Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).

Para tales fines se dispuso la mayor inversión pública en la construcción de escuelas conocida hasta ahora en nuestro país. Entre remodelaciones y obras nuevas se contrataron para una primera fase diez mil (10,000) aulas, de un total de veintiocho mil (28,000) contempladas en el PNEE para el presente período administrativo.

Un verdadero despliegue de obras en toda la geografía nacional, que ciertamente ha dinamizado la industria de la construcción y revitalizado el ejercicio de la ingeniería, pero que; al mismo tiempo, ha significado un duro golpe por parte del Estado al ejercicio de la arquitectura en nuestro país. Un hecho cruel e indignante, que hace recordar aquella frase lapidaria con la que el gobierno de Balaguer negó a este oficio: “el gobierno no paga diseño”.

Mediante la nueva modalidad de contratación de obras públicas del “sorteo” se contrataron novecientas veinte (920) obras. Cuatrocientas veinticinco (425) remodelaciones y cuatrocientos noventa y cinco (495) centros de nueva planta, distribuidas según quiso el azar entre igual número de oferentes: ingenieros, arquitectos y compañías dedicadas a la construcción.

En todos los países del mundo con vocación real de desarrollo, la arquitectura es reconocida como un bien que sirve y enriquece a la sociedad. Y por tanto, un plan como este habría supuesto cientos de proyectos arquitectónicos distintos. Formulados por cientos de arquitectos distintos. Sin embargo aquí, el gobierno decidió estandarizar el diseño. Concebir unos cuantos bloques funcionales a partir de los cuales se ensamblarían las escuelas. Es decir, un mismo diseño con diferente número de aulas para repetirlo de forma seriada cuantas veces se requiera en cualquier lugar del país.

Una concepción sencillamente disparatada. Que reduce la arquitectura a un material de construcción más; la inserta dentro del proceso de fabricación del edificio como un mero insumo, despreciando su valor como hecho artístico y cultural, que no tiene un escenario más propicio para acceder a él que precisamente el de un centro de estudio; y sobre todo, destruye cientos de oportunidades de proyectos para la enorme cantidad de arquitectos parados en nuestro país, preocupados por cómo hacer sobrevivir su profesión.

Constituye una negación de los principios y valores éticos de la arquitectura implantar la misma solución en emplazamientos distintos. La arquitectura buena es la que surge de un proceso de adaptación al contexto en que se erige. En palabras de Moneo sobre la obra de Siza: “La osadía de su trabajo consiste en detenerse, en comprender lo que ocurre en el lugar, cómo se mueven las personas, cuáles son sus necesidades y ser capaz de vislumbrar lo que ya ocurre, y darle un lugar propicio”.

Y aunque para algunos teóricos el interés por el contexto como garante de la continuidad de la ciudad se ha ido moviendo hacia otros mecanismos, en los que la arquitectura en lugar de ser una resultante del lugar juega a negar o activar los valores de éste, lo cierto es; que en cualquier caso, existe una relación dialéctica entre contexto y arquitectura, cuyo logro sólo es posible obtenerlo mediante el proceso creativo del diseño.

Plantar la misma solución arquitectónica en lugares distintos, equivale a poner el mismo tratamiento médico a pacientes con enfermedades distintas.

Y todo indica que se trata de un patrón. Está en curso el sorteo de cien (100) estancias infantiles y la receta es la misma: repetir cien (100) veces la misma solución, negándoles oportunidad de proyectos a noventa y nueve (99) arquitectos. Y no es que se trate de ignorancia sobre cuál es la labor especifica del arquitecto, puesto que está en curso también un sorteo para la construcción de cincuenta (50) centros de atención primaria, y además de ser un único diseño para repetirlo cincuenta veces (50) veces, se ha restringido a ingenieros civiles, insinuándose que se trata de una labor propia de éstos.

En la actualidad, uno de los temas de mayor relevancia en el debate internacional sobre el futuro de la arquitectura, es la necesidad de reducir esa distancia que tradicionalmente la ha separado de la sociedad, sobre todo del ciudadano de a pie, a los fines de que colectivamente ésta pueda llegar a apreciarse como lo que es: un medio idóneo para poder vivir y trabajar mejor.

En ese sentido, en los países avanzados, desde diferentes ámbitos: gubernamental, académico, etc., sistemáticamente se implementan mecanismos y estrategias tendentes a acercar cada vez más la arquitectura y la sociedad, lográndose una mayor efectividad en las respuestas a las necesidades de ésta. Mientras tanto aquí, con acciones como esta del PNEE tenemos que ver como el propio Estado se convierte en el principal promotor de la negación, descalificación y anulación del oficio de la arquitectura en nuestro país, haciendo que esa grieta que separa la arquitectura de la sociedad en nuestro caso se abra cada día más.

Recientemente en España, ante la crisis que todos conocemos, el propio Rafael Moneo sugirió a los arquitectos más jóvenes salir del país a procurar una mejor suerte en el exterior. En la República Dominicana, paradójicamente, los arquitectos tendrán que irse también, pero no precisamente porque no surjan oportunidades, sino porque el Estado, en un acto claro de mezquindad y egoísmo, se las niega.

Ojalá que en el futuro la educación pública dominicana no resulte ser tan mediocre como lo será la arquitectura de los edificios en los que se va a ofrecer.