En países donde las personas son siervos del gobierno, como en Cuba, cerrar la economía por el coronavirus añade poco a las penurias de la población. A excepción de la cúpula dirigente, el resto de los cubanos vive en la pobreza y en filas para recoger provisiones de almacenes propiedad del gobierno. La crisis tampoco es oportunidad para cuestionamientos a la forma que las autoridades conducen la economía o responden a la pandemia. Criticar es un crimen, no existe propiedad privada de medios de comunicación y el adoctrinamiento empieza desde la gestación, con embarazadas oyendo discursos interminables culpando a otro de todas sus desgracias y las que esperan al nonato.
En países como el nuestro, con economías mixtas, gobiernos grandes y generación de riqueza en sector privado con diferentes grados de apertura a la competencia, sí se está jugando el destino de lo que serán después de la crisis. Se seguirá el camino de la servidumbre hacia economías autoritarias o se tratará de subir en la escala califica los países por sus indicadores de libertad económica. No estoy optimista.
Un golpe de estado previsional está mas cerca y, en parte, por el pésimo manejo en situaciones de clamor social que veo en las AFP. Una “tripolaridad regulatoria” sobre los precios está minando el poco de confianza que se tiene para que se descubran o pacten en transacciones voluntarias individuales. Por último, la desfavorable proporción de diez memes con “la cuarentena le ha demostrado que la riqueza del empr-otador la generan los trabaja-héroes”; al que se le enfrenta uno, igual de malo y peor narcisismo, con “la crisis te debe llevar a tomar más en serio el emprendurismo, porque ya ves que tenías sólo la puerta para salir”.
La posibilidad de usar fondos de la AFP para alivio temporal durante la crisis generó propuestas que son una confiscación o robo legal al patrimonio individual de los cotizantes y afiliados, porcentajes absurdos de retorno universal sería abortar el sistema y otras sensatas, que propuse junto a otros, de alivio temporal al cotizante que perdió empleo, no se beneficia de ningún plan gubernamental de ayuda y ve en esos fondos posibilidad de auxilio. Las tres se empaquetaron y respondieron con la sequedad y antipatía que caracteriza las comunicaciones oficiales de la entidad que agrupa a las siete empresas administran los fondos. Una más que servirá a los eunucos mentales las adversan y quieren la destrucción del sistema capitalización individual.
No hay que abundar mucho sobre las dos primeras sugerencias. Usar los fondos de los cotizantes de la AFP, en cualquier porcentaje, para pasar a un organismo que distribuye ayudas colectivas es una expropiación al estilo castro-chavista. Sólo con un plebiscito unánime de los cotizantes vivos y de los herederos de los ya fallecidos, es posible dar curso a un proyecto de ley de esa naturaleza. Me queda muy poco en la mía, pero aquí doy constancia de mi rechazo.
Devolver un 30% de los fondos de manera automática, como propuso legislador para ser aprobado “sin análisis” en su afán de conseguir los votos le permitan seguir en su curul con sandeces similares como restaurar la pena de muerte, también debe requerir un plebiscito unánime que será imposible lograr. Ya se han pronunciado cotizantes, algunos hoy que están sin empleo, en desacuerdo porque, para empezar, sobre el destino de propiedad privada la escala de preferencias corresponde por derecho al dueño.
Con su rechazo manifiestan públicamente que mantener la naturaleza de ahorro para el retiro la consideran en el primer lugar; que la crisis por el coronavirus, aún en casos donde no tienen ahora empleo y dejarán de cotizar, no les ha hecho variar su opinión. Otros cotizantes han cambiado la suya, pueden ser mayoría y apoyar a legisladores populistas para que ocurra otro de los desmanes de las dictaduras de las mayorías en democracia.
Otra razón para no apoyar la medida para devolver automáticamente el 30% de los fondos, es muy elemental: por valioso que sea lo que salga a vender, desprenderse de inmediato del 30% del inventario tendrá que hacerlo a precio de oferta. Activos financieros con precio de 100, por ejemplo, podría terminar vendiéndose a 80, una pérdida en el valor del patrimonio que cae en todos los cotizantes. Que “se va a caer el cielo” es obvio y están de sobra tantos adornos técnicos con parafernalia de términos actuariales o comparaciones fantasmagóricas con el PIB, recaudaciones tributarias y el cambio climático.
Por eso desde el inicio de este debate estuve dentro de los que propusieron una cosa más simple de uso de los fondos individuales en términos que aquí repito y amplio:
Acceso exclusivo a quienes perdieron su empleo, no son beneficiarios de ningún tipo de ayuda gubernamental en las emergencias, carecen de ahorros financieros y la posibilidad de conseguir crédito en la banca. En resumen, esos que la liquidez de alivio sería solicitar crédito informal al amigo prestamista cobra el 15% mensual, hacen la solicitud puntual de retirar un salario y aceptan asumir en su patrimonio individual la proporción que le corresponde por las penalidades financieras de retirar anticipadamente certificados o vender bonos de vencimiento menor a un año.
Al cierre de febrero las AFP tenían 50 mil millones de pesos de los cotizantes en instrumentos con vencimiento menor a un año. Tienen en los bancos categoría VIP y es común no penalizarlos por retiros anticipados de certificados. En cuanto a los bonos, los que van a vencer en menos de un año es poco probable que en transacciones trasparentes en el mercado secundario se vendan con pérdidas sustanciales. La oportunidad estaba ahí para recuperar la empatía que están erosionando los que aspiran volver a la “era gloriosa del reparto” y sin afectar el patrimonio individual de quienes no están en condiciones de extrema urgencia.
Increíble dieran más municiones para denigrar a esos que citan con frecuencia el maná de beneficios que les ha generado el cambio en la clasificación crediticia del gobierno, que pasó de no atreverse aplicar al último número de un san organizado en Elías Piña a desafiar incrédulos y emitir bonos soberanos en pesos directamente en el extranjero. Pero era más fácil enfrentar a los expropiadores y populistas con sus extravagancias oportunistas y considerar a todo crítico como un cretino, que crear espacios más abiertos para debatir reflexiones sensatas.
De “tripolaridad regulatoria” sobre los precios y la propuesta para que el 10 de enero sea el día de la “Empresa y el Trabajador” que sustituya las celebraciones por separado, en la próxima entrega.