La inseguridad ciudadana, es decir, el índice de criminalidad que padece nuestra nación no es un asunto solo de la policía, y menos cuando un 70% de los dominicanos desconfían de ella y todos sabemos que es un problema estructural y no coyuntural. Es una cuestión de Estado, con mayúsculas. Los políticos no deben esconderse detrás de los uniformados y dejarles a ellos una responsabilidad que es competencia del gobierno en primera instancia, de los jueces que deben contar con una legislación adecuada y por último, sí, de la policía que debe hacer su trabajo para el bienestar de todos los dominicanos.
El Gobierno tiene la competencia y la responsabilidad de resolver los casos de criminalidad utilizando para ello a la policía y las leyes. Debe asegurar una Justicia que sea sobre todas las cosas, justa, que nos haga iguales a todos ante ella. Y debe intervenir seriamente en la educación para formar dominicanos conscientes y responsables, atajar los problemas de pobreza, de insalubridad de los barrios que viven en la marginalidad y ofrecer garantías a la población de que los políticos están para hacer bien su trabajo y no dar el mal ejemplo de la corrupción, las botellas y el abuso que es la fuente cultural de una sociedad a la que le cuesta ya creer en la responsabilidad colectiva y el interés público.
El Estado no debe intervenir, como lo hace, convirtiéndose en el empleador de muchos dominicanos que cobran por no trabajar subsidios de miseria. No. Debe intervenir en la seguridad y por tanto en los factores que provocan la violencia, el delito y el crimen. Para eso sí debe estar.
Muchos que viven bajo el beneficio de los subsidios alimentan la idea de una sociedad que no es responsable. El perfil del dominicano abandonado a su suerte acaba siendo el de aquél que busca resolver sus problemas personales sin atender a los demás, y ese mismo dominicano que ve cómo se roban los presupuestos generales, no va a detenerse por los riesgos que acarreen sus malos actos. Esta sociedad tutelada, incapaz de desprenderse del lastre de la incompetencia y la corrupción es el problema que debemos afrontar.
Necesitamos una policía capaz, honrada, con medios, formada profesionalmente, que no intervenga en política, que sepa parar la delincuencia no alimentando la violencia como única respuesta al crimen. Hay que ir a la raíz del problema con un buen gobierno que tenga un proyecto de sociedad y de Estado, que haga de la institucionalidad una herramienta para la convivencia y el orden y que impida con la proporcionalidad adecuada la violencia callejera.
No necesitamos salvadores, necesitamos política honrada y un sistema público en el que se coordinen legisladores, jueces y policías bajo una dirección presidencial seria y responsable. La seguridad ciudadana se consigue entre todos: con la implicación de las comunidades, de las personas, de las administraciones, la escuela y de los medios de comunicación. Sin el papel del Estado actuando en todos los ámbitos, jamás resolveremos el problema.
Yo propongo un acuerdo nacional entre todos, administraciones y sociedad civil, que contemple la creación de empleo de calidad, que saque del ocio a miles y miles de dominicanos acostumbrados a vivir del estado, que modernice los planes educativos introduciendo una educación en valores, que destierre el machismo de nuestra cultura, que nos devuelva nuestros derechos ciudadanos para actuar desde ellos cumpliendo con todos nuestros deberes.
Propongo el cambio estructural que fomente un nuevo ciudadano que tenga esperanza en el futuro, ilusiones profesionales, que no se sienta desesperanzado en un entorno que lo ignora.
No basta con cambiar a los jefes de policía cada cierto tiempo. La droga, la prostitución, el robo, el asesinato, son parte, insisto, de un problema estructural que hay que resolver con políticas de largo alcance, con altura de miras.
No solo se trata de llenar las cárceles para que unos delincuentes entren por una puerta mientras otros salen por otra. Hay que ir al fondo. Creo que necesitamos proteger a los más débiles que son los que más soportan en sus barrios el desorden del crimen y quienes asisten cada día a ver como se forman nuevos delincuentes por el abandono social, la droga, el alcoholismo, la desesperanza y el inmovilismo de una sociedad que no alienta el trabajo, la responsabilidad y el compromiso con nuestra nación.
La familia es la base de una sociedad sana. En ella deben criarse nuestros hijos con valores como el esfuerzo, la moralidad y la ética. La escuela debe ser la prolongación de ese compromiso familiar y los educadores deben fomentar la responsabilidad, el conocimiento, la cultura del trabajo y el deber. Y nuestras comunidades deben ser entornos seguros que todos sintamos como nuestros, como una extensión de nuestro propio hogar.
Debemos resolver el problema de la inmigración desordenada porque la no integración favorece la aparición de bandas y el miedo de quienes no se atreven a andar por las calles porque muchos que han llegado no solo no consiguen sus sueños sino que además atemorizan a los dominicanos.
No hay nación que acabe con el delito si antes no ha acabado con los factores que lo provocan. Perseguir al delincuente sin atemorizar a los ciudadanos es una tarea, pero no la única. Salir ahora con la pena de muerte solo es demagogia y oportunismo. El nuevo jefe de policía debería comprometerse antes que nada a que las fuerzas de seguridad perseguirán implacables a los corruptos. Porque el ejemplo es otro valor sobre el que construir nuestra seguridad en una nación libre y decente.