En nuestro país el gobierno local se remonta a sus orígenes como Estado, no obstante el modelo centralizado y vertical ha sido el que ha predominado en las relaciones entre el ciudadano y el Estado.

El municipio, espacio donde se construye el gobierno local, en nuestro caso está asociado al modelo español de los primeros colonizadores, el cual respondió en su estructura organizativa al esquema piramidal de mando, donde las designaciones conllevaban privilegios para las personas cercanas a los gobernadores y los gobernados no tenían ningún poder[1].

La participación ciudadana en estos espacios, por tanto, no ha podido desarrollarse a la par del crecimiento y la expansión del territorio. El Gobierno Central continúa sustituyendo hoy día las competencias y la autonomía de los ayuntamientos.

A pesar del legado histórico, y de que a través de los años se han ido implementando una serie de reformas con la intención de que la ciudadanía se involucre de forma más directa en la toma de decisiones a nivel local, para que pueda sentir como suyos los problemas del entorno en donde se desenvuelve, al día de hoy las estructuras políticas mantienen la hegemonía de la centralización sobre la descentralización en la gestión de lo que llamamos gobierno.

La propia Constitución de 2010, por vez primera, establece mecanismos directos de participación local, como es el caso del referendo, el plebiscito, la iniciativa normativa municipal, y el presupuesto participativo, quizás el más interesante de todos, pues permite que el ciudadano planifique la inversión que hace cada año el ayuntamiento.

Continuemos participando para que nuestras necesidades sean escuchadas y el dinero público pueda ser realmente invertido en aquellas cuestiones que consideramos prioritarias. De no entender estos procesos, solicitemos la información pertinente. Unámonos a los grupos de base. Construyamos. Exijamos. Controlemos

Además, permite que pueda monitorear de forma directa la ejecución de los proyectos en términos de su calidad y efectividad, lo que hace posible no solo una democracia más participativa, sino unos niveles de rendición de cuentas y transparencia que difícilmente puedan darse por medio de otros instrumentos.

Justo a partir del año 2005, una veintena de municipios de todas las regiones del país empezaron a comprometerse con el Presupuesto Participativo. Algunos de estos han sido: Dajabón, Guayubín, San José de Las Matas, El Factor, Moca, San Juan de La Maguana, Juan de Herrera y Bayaguana.

El Distrito Nacional, por su parte, aprobó el Reglamento para la aplicación del presupuesto participativo en 2009. A la fecha, se ejecutan obras, en base a las prioridades que han identificado estas comunidades, en La Zurza, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Villa Francisca, Gualey, Ensanche Espaillat, 24 de abril, Simón Bolívar, Capotillo, 27 de febrero y los Guandules.

Definitivamente que este instrumento, además de las otras herramientas de participación ciudadana a nivel local, contribuye de manera formidable a renovar la legitimidad de las autoridades locales al cumplir con la voluntad manifiesta de la comunidad.

Continuemos participando para que nuestras necesidades sean escuchadas y el dinero público pueda ser realmente invertido en aquellas cuestiones que consideramos prioritarias. De no entender estos procesos, solicitemos la información pertinente. Unámonos a los grupos de base. Construyamos. Exijamos. Controlemos.


[1] De la Cruz, Serafino: El gobierno local en la Rep. Dom. Observatorio Político Dominicano: www.opd.org.do