En diciembre de 2012, el presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, depositó en el Congreso Nacional el Plan Nacional Plurianual para el Sector Público (PNPSP) 2013-2016, previo conocimiento del Consejo de Ministros, conforme al artículo 242 constitucional.
En el mismo se estableció que: “tiene un horizonte temporal de cuatro años, y debe estar en armonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), pues representa su concreción en dicho plazo. Surge de un proceso de planificación de gobierno y es aprobado por el Consejo de Ministros. Se actualiza y evalúa anualmente. Se utiliza para elaborar la política presupuestaria anual y para actualizar el Presupuesto Plurianual, los Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales y los Planes Regionales.”
Hasta ahora no hemos conocido ninguna actualización ni evaluación anual.
Las políticas presupuestarias definidas durante el 2013, 2014 y 2015 han estado divorciadas del PNPSP.
Los Planes Regionales no se han concretizados, ya que ni siquiera los Consejos de Desarrollo Regional se han constituido conforme a la ley No. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.
Mucho menos se conocen los Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales.
Así mismo, se estableció que el gobierno de Medina Sánchez asumía el anhelo de nación formulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en cuya dirección se orientarían los esfuerzos de política y acciones del sector público plasmadas en las “metas presidenciales prioritarias y el PNPSP 2013-2016”.
Dentro de las metas prioritarias para el desarrollo institucional se establecieron las siguientes:
- Consolidar el avance en las reformas orientadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos;
Cada día es más evidente la falta de transparencia del gobierno, basta ver que se ejecutan obras, tales como la Circunvalación Norte de Santo Domingo, el Desarrollo Integral de la Barquita, la carretera Uvero Alto-Miches, la carretera del 15 de Azua a Barahona, entre otras, y no existe ningún registro de esos gastos ni con qué fuente se están financiando.
- El desarrollo de una gestión orientada a resultados;
El presupuesto por resultado sería posible si para cada institución se pudiera responder en qué medida se cumplieron los objetivos, cuál es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios, cuán oportunamente llegó el servicio, lo cual no puede ser evaluado por la forma incremental en que se elabora el mismo, sin ningún indicador de desempeño.
- Fortalecer los pesos y contrapesos institucionales y consolidar un sistema judicial eficiente y efectivo que asegure un acceso a la justicia expedito para todos y todas;
Lo que menos se ha fortalecido ha sido la independencia de los Poderes, ya que es una realidad el control absoluto del Legislativo que impide que este ejerza su función legisladora, ya que aprueba contratos de préstamos remitidos por el Ejecutivo sin ni siquiera leerlo, y muchos menos, la de fiscalización pues se cambia administrativamente lo aprobado en el presupuesto y ni por enterado se da el Congreso.
Con relación al Judicial, quedó demostrado que está sujeto a las disposiciones del Ejecutivo cuando le niega los recursos necesarios y oportunos como manda la ley, al punto que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia lo dijo en buen dominicano: “después no se quejen”, con relación al presupuesto que se le asignaba para el 2015.
- Mejorar la asignación y gestión del gasto, cuestión de lograr mejoras sustantivas en eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas públicas;
La eficacia es un concepto que da cuenta de en qué medida la institución está cumpliendo con sus objetivos estratégicos, pero si éstos no han sido definidos, ¿cómo se pueden evaluar? ¿Cuáles son los objetivos del ministerio de Relaciones Exteriores que en 10 meses ha gastado 5 mil 600 millones de pesos?
La eficiencia es el uso de mínima cantidad de recursos para la provisión de servicios en cantidad y calidad requerida. Si vemos solo lo que pasa en el sector salud, no hay ni cantidad ni calidad del servicio.
- Establecer el imperio de la ley y garantizar la seguridad humana;
En lo que va de gobierno se ha incrementado las violaciones a las disposiciones constitucionales y legales, sobre todo a las atinentes al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), como hemos demostrado en múltiples ocasiones; y sobre la seguridad humana, los últimos acontecimientos demuestran que nadie en dominicana está a salvo de algún atentado a su integridad física.
Mirando las metas presidenciales desde el punto vista financiero, conforme al PNPSP, a partir de 2014, el ajuste del gasto se iba empezar a dar por el gasto corriente y se proponía un nivel de 13.3 % del PIB (RD$367 mil millones), sin embargo se presupuestó el 14.6 % del PIB (RD$404 mil millones), y para el 2015, se plantea el 14.9 % (RD$450 mil millones). En decir, cada año aumenta el gasto corriente.
El gasto de remuneraciones debía estar en RD$105 mil millones, ya alcanza RD$138 mil millones.
En cuanto a las transferencias corrientes a la CDEEE se esperaba llegar en 2015 a la meta prevista de US$261.7 millones, empero se ha presupuestado un monto de US$889 millones, con cierta subvaluación.
En cambio, para el gasto de capital se contemplaba para el 2015 un nivel de 3.7 % del PIB (RD$112 mil millones), sin embargo se reduce en el proyecto de presupuesto a 2.6 % del PIB (RD$79 mil millones), equivalente a un 25 % menos de lo que se había planificado.
Respecto a los servicios sociales se proyectó que para el 2015 se elevarían al 9.3 % del PIB (RD$281 mil millones), en el proyecto de presupuesto se ha propuesto el 8.0 % del PIB (RD$252 mil millones), una disminución del 12 % con relación a lo planificado.
En definitiva, las metas propuestas por el presidente, Danilo Medina, en el Plan Nacional Plurianual 2013-2016, están muy lejos de ser logradas al menos que deje atrás el clientelismo con que se maneja el presupuesto público.