“Abrir los gobiernos para construirlos entre todas las personas”.
La adopción del Gobierno Abierto durante el 66º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en septiembre de 2011, donde se lanzó a nivel mundial el Open Government Partnership (OGP), una iniciativa liderada por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil y a la que en octubre de 2011 se integraron otros 46 países, 10 de ellos de la región (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay y República Dominicana).
Todos los países que suscribieron los compromisos de promover políticas de Gobierno Abierto, acordaron construir un mecanismo en línea y presenciales de consulta pública para la elaboración de su Plan de Acción, el cual presentaron en marzo de 2012 en Brasilia, que contiene los países que asumían el reto; los principios de: transparencia, de participación ciudadana, de rendición de cuentas y la tecnología e innovación.
Los elementos fundamentales de la Declaración sobre Gobierno Abierto, se basan en los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales de buen gobierno. Al mismo tiempo los países parte, aceptan la responsabilidad de fortalecer los compromisos para promover la transparencia, la lucha contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para buscar la eficiencia de las acciones gubernamentales.
El impulso de las políticas de Gobierno Abierto y con ello los principios fundamentales vinculados a la transparencia, la participacion y la colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas y datos gubernamentales, es un proceso esencial y juega un papel de suma importancia para promover prácticas de participación ciudadana en un proceso de democratizar la democracia.
Considerando que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de los representantes o en forma directa. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos, por lo cual debe cumplir con las exigencias y los compromisos asumidos del Gobierno Abierto.
En ese sentido, para que un gobierno democrático funcione, es una condición fundamental, garantizar la participación de la ciudadanía de formal real y efectiva en las decisiones públicas, no mediatizada, no instrumentalizada, vinculada a procesos en muchos casos consultivos. Esto para promover una administración pública más eficiente, eficaz y transparente, es una condición la promoción y adecuación de mecanismos que permitan un mayor flujo de información de calidad, veraz, oportuna, completa, en formatos reutilizables, para promover efectivos mecanismos de control de la gestión, servicios, procesos, y trámites administrativos y financieros.
Una estrategia y política de Gobierno Abierto, además de los principios fundamentales, debe considerar su necesaria vinculación con la adopción de procesos enlazados al Gobierno Electrónico, con el objetivo de estimular y facilitar la participacion de la población en los asuntos públicos. En esa dirección debemos apoyar la promoción de información en línea y georeferenciada, la simplificación y reducción de trámites administrativos con el uso de las tecnologías de la información.
Además de la puesta en marcha, de la firma electrónica y digital, los registros, documentos y archivos electrónicos, la preservación de la información, la interoperabilidad, la protección de datos, los medios de pago electrónico, la seguridad, la usabilidad, la accesibilidad, la contratación electrónica, las ventanillas únicas, las oficinas de atención al ciudadano, entre otras herramientas que pongan a disposición de la sociedad, informaciones y datos de interés público, que puedan ser utilizados por terceros creando nuevos servicios para ciudadanos y la administración pública.
El apoyo de las nuevas herramientas o políticas vinculadas al Gobierno Electrónico constituyen un soporte al amplio proceso de implementación de prácticas de Gobierno Abierto, considerando la necesidad de colocar a disposición de la ciudadana información clara y actualizada en formatos abiertos, estandarizados y reutilizables, dejando de lado la colocación de información en archivos y formatos PDF o JPG que en nada contribuyen con la participación activa y consciente de la población que permita una intervención de la ciudadanía como sujeto activo y con un rol protagónico en todas las actividades del Gobierno.
Para democratizar la democracia es necesario, garantizar una participación activa de la ciudadanía, al tiempo que creamos e institucionalizamos una cultura del Gobierno Abierto, transparente y participativo, superando los límites de lo oscuro, la discrecionalidad, el autoritarismo de estructuras cerradas y con prácticas caudillistas.
En cualquier país la adopción de políticas de Gobierno Abierto, tiene que obedecer a la comprensión de que todos los datos producidos por la administración pública, son datos públicos, los mismos para ser realmente público con la calidad y apertura necesaria deben ser puesto a disposición en formatos abiertos, usables, reutilizables y bajo licencia abierta o software libre
De esa manera se profundiza la calidad de la democracia, de la garantía de derechos fundamentales, en la medida que potencia la calidad de la participacion de la ciudadanía, organizaciones sociales y empresas.
En esa dirección la integración de nuestro país a la Alianza para el Gobierno Abierto, por ser una acción multilateral para promover los gobiernos transparentes, efectivos y que rindan cuentas, vías las instituciones estatales, para permitir y fomentar la participación de la sociedad como una respuesta a las necesidades y aspiraciones historicas.