El auge de los medios de comunicación tradicionales generó en su momento la posibilidad de una comunicación mucho más abierta e inclusiva de las inquietudes ciudadanas y sobre el desempeño de los gobernantes. Todo cuanto milite a favor de la mayor participación ciudadana debe ser bienvenido en democracia, sobre todo cuando se emplean medios institucionales propios de esta.

 

Sin embargo, cuando se acude a “consensos” construidos por medios y redes sociales, con intereses muchas veces espurios o dirigidos, la democracia puede estar en peligro. Lo que es un logro democrático puede constituirse, pues, en causa de su deterioro, sobre todo cuando su empleo esté movido por la incapacidad y la perversión.

 

Se presume que a mayor cantidad de medios o presencia de medios de comunicación con niveles importantes de penetración hay más democracia. Es una verdad a medias. Es cierto que a mayor posibilidad de acceso a los medios de comunicación mayor posibilidad de incidencia en las decisiones gubernamentales tendría la población. Sin embargo, la realidad es que no todos tienen acceso o no se les permite, por lo menos en igualdad de oportunidades.

 

La limitación al derecho a la expresión y difusión del pensamiento viene dada por las limitaciones de los medios de comunicación cuando responden a programas empresariales, políticos e ideológicos excluyentes de las reales necesidades del pueblo. Más aún cuando la mordaza viene dada por el sistema político -autoritario, dictatorial, concentrado- que impide las manifestaciones de diferencias y cuestionamientos o llamado de atención sobre determinados derechos pretendidamente vulnerados o en riesgo de lesión.

 

Además, en un régimen de fuerza es un axioma la limitación brutal o eliminación incluso de la libertad de expresión y difusión del pensamiento tanto por la vía de las limitaciones a las manifestaciones sociales como a través de los medios de comunicación.

 

Las redes sociales han abierto los espacios de comunicación y ello debería constituir un logro democrático. Pero, ¿quiénes y con qué perfiles y contenidos manejan las redes, las subordinan y las pueblan de mensajes?

 

Quienes tienen mayores posibilidades de recursos y de gente en capacidad de restringir la opinión publicada, no la pública, que es aquella fuerza sana y transformadora, la crean y la mediatizan. Mas que una verdadera democracia, la convierten en una democracia aparente porque la calidad de esta no la determina el procedimiento de mayorías, pues estas pueden y son muchas veces manipuladas.

 

La verdadera democracia descansa en la concepción constitucional y de derechos, la que no surge como consecuencia de tweets y otros mensajes en redes, pagados o dirigidos a propósitos lejanos a la protección y promoción de los derechos, que no pertenecen solo a las mayorías, sino a todos, entre los que se encuentran las minorías, tantas veces discriminadas.

 

Solo así se hace realidad el principio de igualdad material. La distorsión que proviene de las redes sociales – jamás su uso responsable – pone en riesgo el gobierno democrático cuando este decide por lo que digan los medios y se difunda por las redes, no por lo que sea el producto tranquilo, sosegado y racional del gobierno, al ponderar la realidad y los derechos envueltos, para producir la mejor y más adecuada decisión.

 

El gobierno de las redes no es el gobierno democrático, que es el que debe responder no solo a un procedimiento, órganos y autoridades, sino a principios que derivan en derechos reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las bondades de los medios y las redes, mal entendidas y tomadas en cuenta sin ponderación, marcan un real peligro para la democracia. El uso responsable de los medios de comunicación y de las redes sociales es parte de los deberes de todos, contando con la debida regulación en una sociedad democrática.