Lo que esta columna viene advirtiendo desde la designación de James Brewster como Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo su cumplimiento el pasado fin de semana: la comunidad GLBT de la República Dominicana se iba a organizar políticamente.

El programa de periodismo de investigación de Nuria Piera nos da la razón. La destacada comunicadora presentó en su espacio televisivo el pasado sábado cómo las organizaciones GLBT pretenden incidir en el proceso eleccionario interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), intentando descalificar al ex Presidente y pre-candidato Hipólito Mejía, por una serie de pronunciamientos que éste realizó durante una gira política en los Estados de Nueva York y Nueva Jersey.

Al mismo tiempo, entidades dedicadas a la defensa de los transexuales han iniciado una campaña de descrédito contra la Junta Central Electoral, porque ésta no les permite a personas nacidas como hombrestomarse la fotografía para la renovación de la Cédula de Identidad y Electoral vestidos con ropas femeninas, ni lucir maquillaje en las mismas ni que en su nuevo documento de identidad aparezca que son del sexo femenino.

Esta ofensiva del movimiento GLBT en el país no nos sorprende. La designación de James Brewster como Embajador fue advertida por nosotros como su catapulta. El ataque fue iniciado en tiempo oportuno. Se aprovecha el pronunciamiento de un pasado Presidente de la República y posible candidato presidencial por la segunda fuerza política del país para intentar descartarlo como una opción de poder. Al mismo tiempo, se agrede a la Junta Central Electoral cuando ésta no hace más que cumplir la ley.

Llama la atención que esta campaña de los activistas GLBT se inicia a cuestión de días para el PRM escoger su candidato presidencial. Todas las encuestas serias colocan al Presidente Mejía como el virtual ganador de la convención interna de ese partido. Sería interesante conocer la posición de Luis Abinader, rival de Mejía por la candidatura del PRM, sobre el tema GLBT.

En cuanto a la Junta Central Electoral, la misma se encuentra en el ojo del huracán. Su negativa a documentar a inmigrantes ilegales haitianos, ante la deficiencia de las autoridades encargadas de hacerlo en Haití, ha desatado una serie de presiones sobre el organismo para que asuma las responsabilidades que competen a las autoridades del vecino país. Un capítulo más en el esfuerzo de la comunidad internacional de que el problema que le representa el estado fallido de Haití sea solucionado por la República Dominicana.

Como es importante para los intereses foráneos desacreditar a la Junta, se toma a la comunidad de transexuales para que lo haga. Así se nos presenta ante un mundo políticamente correcto como una nación reaccionaria, donde no se respeta la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

No es mi intención hacer una apología del Presidente Mejía, pero él expresó en Estados Unidos la convicción de la mayoría del pueblo dominicano, reflejada en el Artículo 55 de la Constitución: el matrimonio es una figura legal reservada para la unión exclusiva de un hombre y una mujer.

Lo hemos explicado en columnas anteriores. El fomento del matrimonio entre hombre y mujer es lo que le permite a las sociedades extenderse en el tiempo y perpetuarse. Las uniones entre personas de un mismo sexo estancan las sociedades y las condenan a desaparecer. Dios no se equivocó, cuando le ordenó al primer hombre y a la primera mujer que se unieran, fueran fecundos y se multiplicaran.

Por su parte, la Junta Central Electoral se debe a la Constitución y las leyes. La Junta no puede cambiar lo que Dios ha ordenado en cada ser humano; lo que los hospitales certificaron al momento de los nacimientos y lo que los padres de esas criaturas declararon en las Oficialías del Estado Civil. El sexo viene dado con el nacimiento y no puede ser cambiado por preferencias personales ni imponérsele al Estado.

Es tiempo de prestar atención a las señales de los tiempos y estemos alertas ante los movimientos políticos de una comunidad que pretende conquistar un espacio para imponer la legitimación de sus preferencias.