Es fundamental para la constitución de un Estado Democrático de Derechos, transparente y participativo, garantizar desde los gobiernos locales, que las municipalidades asuman “el cumplimiento de las normas y estándares nacionales en cuanto a controles internos, documentación, registros, operaciones financieras, etc; aplicados a las áreas de tributación, recaudación y tesorería, operaciones de contratación de bienes y servicios y administración de recursos humanos”.
Cuando tratamos de una buena gestión municipal la entendemos como: “La capacidad de analizar opciones de políticas, acordar prioridades y orientar los programas de desarrollo municipal a la consecución de resultados, para lo cual se requiere procesos e instrumentos de información, planificación y presupuesto de ingresos, gastos e inversiones.
Para aproximarnos a la problemática, nos enmarcaremos en el Diagnóstico sobre la Situación de los Municipios y Distritos Municipales del País, en el contexto de la Ley No. 176-07, cuyos resultados evidencian la inobservancia generalizada y el bajo nivel de implementación de dicha Ley. Como de otras normativas que regulan su funcionamiento y sus competencias.
El conjunto de violaciones, distorsiones e informalidades en el manejo de los fondos públicos en las entidades municipales, las cuales gestionan RD$19,165.26 millones de pesos, procedentes de los recursos captados por las transferencias vía el presupuesto nacional o por las tasas y arbitrios municipales, sin control y con la ausencia de un sistema de consecuencia en los casos de irregularidades identificadas.
El Diagnóstico de referencia logró identificar de una muestra de 14 auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a los ayuntamientos, 14 tipos de irregularidades diferentes entre las más frecuentes: “la ausencia de un Sistema de Registro, Control y/o Seguros para los Activos (Activos no Registrados o asegurados, sin título de propiedad, destartalados); la realización de compras o contrataciones en las que no se siguieron los procedimientos contables y de control; Deficiencias en la política de Compras; pagos realizados sin soporte de actividades realizadas / pagos realizados sin un contrato previo o Licitación; Errores, Irregularidades y Omisiones en los registros Contables y/o Facturas; y Pagos y/o Gastos que exceden los montos aprobados / Pagos por encima del valor de mercado”.
Un aspecto que amerita especial atención está relacionado con la ausencia de políticas, normas y procedimientos para la gestión de los recursos humanos a nivel de dichas entidades, además de la necesidad de acceder a información completa, veraz, oportuna y adecuada sobre la cantidad de empleados y la nómina. Conjuntamente de la urgente adopción de una Ley de Carrera Administrativa en el ámbito municipal y la pronta implementación de la Ley de Salario del Sector Público, de manera que se puedan corregir las distorsiones salariales existentes.
Considerando la poca información disponible y la confiabilidad de la misma, el Estudio estima que de acuerdo a los registros analizados los “ayuntamientos tienen un total de 32,462 empleados, con una nómina de RD$3,099.1 millones anuales. La cantidad de empleados varía de 1 en 5 municipios a 4,526 empleados en el ayuntamiento del municipio de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Un total de 26 municipios tienen más de 200 empleados, en tanto que 100 tienen un número de empleados reportados en la Contraloría General de la República que oscila entre 1 a 200”.
Es grave que en el caso del municipio de La Vega, el reporte indica que sólo cuenta con un empleado de acuerdo a los registro de la Contraloría General de la República. ¿Dónde se registran los demás empleados? ¿Es un error u omisión voluntaria? ¿El Ayuntamiento de la Vega omite y oculta información? ¿Los empleados municipales en La Vega se le contrata y paga con otros procedimientos no establecidos en la ley? Esto amerita la obligatoriedad de determinar las causalidades múltiples de la problemática, por parte de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y por el Ministerio de Administración Pública.
Para encarar el desorden institucionalizado en los municipios, es fundamental la coordinación de los entes de control, articulados en el Sistema Nacional de Control y Auditoria. Además que los órganos rectores, como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Ministerio de Administración Pública (MAP), intervengan en los procesos y operaciones de estas entidades, para procurar la implementación de las respectivas políticas, herramientas e instrumentos, que permita eliminar las distorsiones administrativas, financieras, legales y de gestión.
Al mismo tiempo es necesario un rol más activo y protagónico de la ciudadanía, ejerciendo el control social y activando todos los mecanismos de participación disponibles, procurando su efectividad, ejerciendo sus derechos a “Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes”, como establece la Constitución de la Republica Artículo 22 numeral 4.
Asumir el artículo 246 de la Constitución en lo relacionado al Control y Fiscalización de Fondos Públicos sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos que se debe llevar a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y por la sociedad civil.
En ese sentido, la ciudadanía y sus organizaciones pueden y deben solicitar a los organismos de control externo e interno y a los “especializados” en la prevención e investigación de la corrupción, su intervención para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía.
Es por esto que la Cámara de Cuentas a solicitud de un ciudadano/a u organización debe proceder a investigar las denuncias o sospechas fundamentadas de hechos ilícitos contra el patrimonio público, o apoyar, si es el caso, las labores de los organismos especializados en la materia. La ciudadanía reclama hechos no palabras.