La prioridad en la gestión del territorio en la República Dominicana está supeditada al nivel de crisis y su impacto en la ciudadanía; a pesar de los acuerdos provisionales, la capital de la nación y todo el territorio circundante se mantuvo por semanas expuesto a una crisis de salubridad, producto de los conflictos suscitados entorno a la administración del vertedero de Duquesa localizado en el municipio de Santo Domingo Norte.
Un problema histórico en el cual varias municipalidades ven diezmadas sus capacidades de negociación ante una empresa contratada para la gestión de un lugar destinado a la disposición final de los residuos sólidos. Sin embargo, la crisis que irrumpe en la cotidianidad de este territorio, es una oportunidad para transformar el modelo de gestión definido para la operación de este tipo de infraestructuras de vocación pública.
Aunque la tercerización en la operación del lugar de la discordia debe estar en manos de una empresa con la capacidad de gestionar la actividad que allí se realiza de forma eficiente, las reglas para la localización, operación y definición de tarifas deben estar reguladas por el Estado y gestionadas por un ente desconcentrado del gobierno nacional, situado en la región; a continuación, algunas premisas que sustentan esta propuesta.
De acuerdo al marco legal vigente, la Constitución es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional (Art. 196), de manera que este ámbito geográfico es el escenario identificado por la Carta Magna como el punto de partida para la implementación de las políticas públicas. Ante la importancia del nivel regional, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 identifico̒ entre los compromisos asumidos por el Estado la necesidad de poner en ejecución una reforma que establezca un marco jurídico que determine las regiones únicas de planificación (Art. 32), con el fin de unificar el ámbito geográfico de actuación de todo el sector gubernamental, revirtiendo la desarticulación existente entre las distintas agencias del gobierno en el nivel regional. De manera que ante la crisis presentada se evidencia la necesidad de contar con una gestión regional y ante esta situación se presenta la oportunidad de aprobar un compromiso asumido por el Estado que defina un ente sub-nacional para la gestión de la disposición final de los residuos sólidos.
Dentro de esta gestión el gobierno central, a través de la región debe ser responsable de la licitación y contratación de las empresas que administran este tipo de servicios, ya que el proceso actual evidencia debilidades en la capacidad de negociación que tienen los gobiernos locales, de igual manera esto permite que la localización de vertederos se definan en base a una visión supra-municipal que no permita la destrucción del territorio nacional a través de la creación de vertederos particulares para cada uno de los municipios del país.
Este modelo de gestión propuesto no suplanta las competencias del gobierno municipal en materia de servicios de limpieza y ornato público, recolección, tratamiento y disposición final señalado en la Ley 176-07 (Art. 19. Literal m), más bien complementa esta competencia dejando en manos del gobierno central la definición del marco regulatorio para la disposición final de los residuos sólidos y al mismo tiempo permite que se puedan definir acciones de carácter regional que no arrabalicen la República Dominicana, ni la conduzcan por una crisis de salubridad similar a la que hoy vivimos.