La protesta de la semana pasada de decenas de dirigentes y activistas sindicales frente al Palacio Nacional indica que la Ley 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud, más que representar la solución a un viejo problema, constituye sólo un primer paso hacia una importante meta nacional, llena de obstáculos, resistencias e intereses creados de diversos calibres.
Los gestores de la Ley la quisieron hacer tan “light” que omitieron aspectos cruciales para una solución equilibrada y sostenible. Hace dos años, en el primer mensaje de Seguridad Social para todos aconsejamos imprimirle un contenido más específico en el aspecto financiero, por considerar que la misma se asemeja más a una declaración de intensión, que a una ley propiamente hablando.
La Ley 123-15 no toca el tema de los derechos adquiridos, dejando en la incertidumbre a miles de empleados del IDSS de todos los niveles. Tampoco define el financiamiento de la nueva estructura, agregando mayores inquietudes. La ausencia de estas definiciones facilita el accionar de los grupos con intereses creados, quienes durante más de una década han impedido la integración de la red pública como dispone el Art. 167 de la Ley 87-01, manteniendo artificialmente a un IDSS que ya no es ni la sombra de lo que fue.
Mi primera experiencia internacional en la seguridad social fue en mayo del 1984, hace más de 31 años, cuando la Dra. Ligia Leroux, entonces directora del IDSS me envió, con el apoyo de la OPS, a Costa Rica y Panamá, a estudiar el proceso de integración de los hospitales del Seguro Social y del Ministerio, ya que ella se preparaba para hacer lo mismo en el país. Entonces comprobé que se trata de un proceso muy complejo, aún en países con mayor tradición legal e institucionalidad.
Luego, entre 1990 y 1995, ya como consultor internacional, traté de propiciar acuerdos de cooperación en Bolivia y Guatemala, encontrando fuertes resistencias. En Bolivia existen tres seguros sociales paralelos: uno para los mineros, otro para los ferroviarios y un tercero para los demás trabajadores. Cada uno con sus propios hospitales, además de los del Ministerio. Cuando la actividad minera y ferroviaria declinó sus hospitales se tornaron insostenibles, y aunque languidecían, los trabajadores se opusieron a una integración. Por ejemplo, en el Municipio de Tupiza con solo 100,000 habitantes, en la frontera con Argentina, los tres hospitales operaban cada uno con menos del 20% de capacidad.
También en Guatemala comprobé de manera directa una profunda cultura excluyente de la propia dirigencia laboral. El Seguro Social no protegía a los trabajadores del Departamento de Huehuetenango, el tercero del país, por carecer de un hospital. Pero el Ministerio de Salud tenía uno nuevo, construido y equipado con un préstamo del BID, que no podía abrir por falta de recurso. Propuse un acuerdo para que ambas instituciones compartieran los costos, demostré que era factible, pero los celos institucionales frustraron la propuesta.
Durante los siete años de trabajo en América Latina comprobé que el sentido de propiedad excluyente suele estar tan arraigado en los dirigentes laborales y en las autoridades, que prefieren ver languidecer “su seguro social”, antes que compartirlo con otros trabajadores y con la población en general. A fin de aligerar la carga, desactivar las protestas y reducir las resistencias a esta integración tan necesaria, las autoridades deberían reconocer cuanto antes los derechos adquiridos de los trabajadores del IDSS.