Algunas situaciones nacionales califican como realidades dantescas. Esto así porque hemos incubado una serie de canceres públicos cuya podredumbre amenaza con destruir los cimientos de la precaria democracia que nos gastamos y de hundirnos aún más en un lodazal de iniquidades. Tomados en su conjunto representan una ominosa constelación de problemas que ensombrece nuestro desarrollo y drena las esperanzas. Tales calamidades moverían a cualquier mortal a considerar a la nación como “un alma en penumbra” perdida en una nebulosa de surrealismo mágico.
El empantanamiento en que esta sumido nuestro sistema eléctrico es el principal escollo al desarrollo económico. Aupada por una masiva propaganda oficial, la construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina ha generado esperanzas de redención. Sin embargo, la atrevida aventura ha generado resultados desastrosos. No solo se ha excedido dramáticamente el costo contratado de la planta, sino que ya los mismos funcionarios admiten que su operación no resolverá el problema de los apagones ni del creciente déficit energético. Mientras, las perdidas técnicas y de facturación de las EDES continúan en el elevado piso del 30%.
Respecto a la seguridad ciudadana, cada jefe de policía de las últimas décadas anuncia la reducción significativa de la delincuencia durante su gestión. Sin embargo, la última encuesta Gallup reportó que la delincuencia figura como el más grave problema para la población. De nada ha valido el aumento en el salario de los policías. Más tenebroso aun es el contubernio que con frecuencia se destapa entre policías y narcotraficantes. Tenemos miles de puntos de droga y se reporta que una gran mayoría de ellos opera con protección de los jefes policiales regionales o locales. Han disminuido las ejecuciones extrajudiciales, pero ha aumentado la delincuencia dentro de la propia policía.
Por otro lado, el abultado endeudamiento externo e interno podría provocar un colapso de las finanzas públicas. Ya la deuda alcanza el 52% del PIB (aunque algunos economistas citan un 61% cuando se calcula el total estatal) y su servicio consume el 26% de las recaudaciones fiscales. Hemos caído en la perniciosa costumbre de resolver los déficits fiscales con bonos soberanos, pero ya el Banco Mundial ha advertido sus temores sobre nuestra capacidad de pago. Mientras, el esperado Pacto Fiscal no recibe prioridad del gobierno para no afectar el precario equilibrio político. Seguimos a la deriva con el espectro fatídico de una cesación de pagos y un consecuente programa de austeridad que sin duda seria lacerante.
El llamado “déficit quasi fiscal” mueve a mayor preocupación. Ya son RD$580,000 millones que debe el Banco Central a los tenedores de sus certificados. Los pagos de resarcimiento del gobierno central para desmontar esta cuantiosa deuda no se han cumplido y, con el persistente déficit fiscal, tampoco existe posibilidad real de cumplirlos en el futuro. Lejos de representar una medida saludable para la política monetaria, la acumulación de ese déficit califica como una soberbia ineficacia de la política monetaria. El Banco Central se excede con sus emisiones de moneda para satisfacer imperativos políticos del gobierno central.
Otro componente de la deuda pública que alarma es el de los fondos de pensiones. Ascendentes a RD$560 mil millones hasta julio de este ano, han sido canibalizados para satisfacer la hambruna de recursos del gobierno central. “De los 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.4% está en manos del Banco Central, y el 30% del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.4%. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.7%, totalizando 81%. Pero la rentabilidad real de los fondos cayo en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42%, es decir un 16%.” Si añadimos a eso que el redito de los fondos en manos de la banca privada es también pírrico habría que judicializar a las AFP por haber manejado tan abismalmente esos fondos.
Otro temible fantasma es el de la migración ilegal haitiana. Tres o cuatro veces al año la prensa reporta declaraciones de los jefes castrenses anunciando que la vigilancia fronteriza está siendo reforzada. También se ofrecen cifras voluminosas sobre las repatriaciones. Pero es vox populi que asignar un oficial militar a la frontera es sinónimo de “ayudarlo económicamente”. La migración ilegal es producto de los pagos que los militares extraen de las parturientas y de los infelices haitianos que buscan sobrevivir viniendo a este lado de la isla. Y nos seguimos engañando a nosotros mismos al proyectarse la imagen de que un mejor equipamiento de las tropas, incluyendo drones, camionetas y motocicletas, remediara el asunto.
De igual trascendencia, por dañino, es el mito de que la “revolución educativa” del presente gobierno ha resuelto todos los problemas de la educación. Las 23,000 nuevas aulas, el aumento del salario a los maestros y la tanda extendida son aportes valiosos, pero aún seguimos colocándonos en los últimos puestos de las mediciones internacionales de resultados. En adición, los docentes muestran una desidia vergonzante en relación con la calidad de la enseñanza. Rehúsan compartir la responsabilidad por los pobres rendimientos académicos y se oponen a que se despolitice la selección de personal y a la contratación de maestros extranjeros. El reto de su mejoramiento será aun mayor con las computadoras de Republica Digital. Y por razones políticas, el gobierno no vincula los resultados a las promociones y aumentos salariales.
Otro mayúsculo tapón es el de las exportaciones, una situación de la que nos venimos quejando hace mucho tiempo. El pasado ano estas llegaron a US$8,855 millones, varios miles menos de los de años atrás. Las autoridades recién anuncian que en el 2018 sobrepasaran los US$10,000 millones, pero todavía así estamos por debajo de años anteriores. Además, hemos perdido mercado en Haití, nuestro segundo socio comercial. Los aprestos del Consejo Nacional de Competitividad por eliminar trabas a las exportaciones son bienvenidos. Pero esta por verse si el sector privado esta dispuesto a realizar las inversiones y emprendimientos de lugar para mejorar la situación.
Por el lado de las importaciones ya se oyen los alaridos del daño que está causando la progresiva desgravación de los productos sensibles bajo el DR-CAFTA. Hemos comenzado negociaciones para prolongar las salvaguardas al arroz, maíz, cebolla, ajo, huevos, carne de pollo, etc., pero las limitaciones del sector agropecuario no se remedian con visitas sorpresa. La apertura comercial en el sector agropecuario sería un golpe mortal. Aunque el Ministerio de Agricultura esta hoy en buenas manos, el país todavía no cuenta con una estrategia formal para enfrentar las desgravaciones, algunas de las cuales ya están trayendo daños severos.
En materia de salud el SENASA, el 911 y la remodelación de hospitales han logrado mejoras significativas. Pero todavía ni el SIPEN, ni la SISALRIL, ni el CNSS han logrado los acuerdos requeridos para continuar las mejoras. Asimismo, todavía los centros de atención primaria no representan el ahorro significativo que están supuestos a proveer porque falta mucho para su plena operación. Mientras, los costos de los servicios son impactados por el alza de los productos farmacéuticos y de las consultas médicas. Un gasto público del 2.9% del PIB en el sector no mejora los resultados y la meta del 5% no se vislumbra posible en el mediano plazo.
Las enormes carencias asociadas a la pobreza y la indigencia, amén de los problemas del agua y del ordenamiento territorial, son también otros canceres públicos que requieren atención urgente. Pero lamentablemente los partidos políticos están enfrascados en las maniobras electorales y no hacen caso. A la clase política parece no importarle que nos sofoquen las sulfurosas fumarolas reseñadas producto de su propio desempeño en la tutela social.