Uno: Las prioridades del Ayuntamiento del Buen Camino.

En plena pandemia, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) aprobó el 27 de Mayo (1 mes y 3 días después de juramentarse las nuevas autoridades) un plan de préstamos personales para sus regidores fungiendo el ayuntamiento como garante. No solo eso, conforme esta resolución la solicitud fue declarada de urgencia para su aprobación. Pero creo que hay otras cosas que requieren urgencia.

Urgencia requiere una política de manejo de residuos sólidos en donde dejemos de ver la basura como un problema y pasemos a verla como solución, como fuente para generar riquezas; urgencia requiere una política de transporte público eficiente, accesible, digna y barata, urgencia requiere un plan de ampliación y recuperación de espacios públicos, urgencia requiere resolver el problema de Duquesa, urgencia requiere que mejorar la capacidad y cobertura de nuestros precarios sistemas de alcantarillado y drenaje pluvial.

Urgencia requiere la revisión y actualización de las ordenanzas municipales en planeamiento urbano y de la estructura de tasas y arbitrios. En el momento más crítico para nuestro país, agenciarse privilegios representa el Mal Camino. Buen Camino pero ¿para quienes?

Dos: Arbitrios contra la Recreación y el Deporte.

Aunque la medida de cobrar un arbitrio a los entrenadores del Mirador Sur fue dejada sin efecto, vale la ocasión para una reflexión.

Como principio general estoy de acuerdo con que quienes obtienen lucro de los espacios públicos deban contribuir económicamente. Fundamentalmente en aquellos casos donde el espacio público se convierte transitoriamente en lugar exclusivo que impide el acceso a otros munícipes.

Un ejemplo claro lo planteamos durante la campaña, me refiero al caso de Bocao Fest, en donde indicamos que las tasas debieron ser onerosas, es decir que la ciudad ganara, para compensar la inaccesibilidad a bienes de dominio público, ya que durante todo un fin de semana quien no pagaba no podía acceder a esa zona.

Ahora bien, el caso de los entrenadores personales no es así. Ellos no impiden el acceso y uso del parque ni de sus espacios. Ni siquiera lo hacen en espacios techados donde por ejemplo si se cobra para realizar cumpleaños u otras actividades.

En otras ciudades, como Buenos Aires, Córdoba y Mar de Plata en Argentina se ha planteado esto pero se debe a que en dichas ciudades los gimnasios pagan tasas municipales de higiene y seguridad lo cual permite una regulación por parte de los gobiernos locales y en otros casos para la armonización del uso del espacio público entre los grupos de entrenamiento y los vecinos, sobre todo por el reclamo de estos últimos. Pero aquí los ayuntamientos no tienen vela en ese entierro.

En nuestro caso, la avenida de la salud (Mirador Sur) es un espacio que se diseñó con el objetivo de ser un espacio para la sana recreación y el deporte.

Lo que requiere la ciudad es una reforma profunda que revise y actualice la estructura de arbitrios y tasas municipales, antes de intentar gravar a quienes no tienen para pagar un gimnasio.

Sobre todo durante la pandemia, que lo aconsejable es hacer ejercicio al aire libre, y con esto lo que hace es encarecer el acceso a actividades deportivas que el ayuntamiento no ofrece dentro de sus servicios municipales.

La carnetización es correcta siempre que se procure con ello crear un sistema de protección a los usuarios al requerir por ejemplo el título habilitante del entrenador, que sepa de primeros auxilios o que cuente con asistencia médica para los alumnos que estén realizando actividad en ese momento. Pero sobre todo, esto ayudaría a crear un Registro Municipal de Grupos de Entrenamiento Físico que en alianza con la alcaldía pudieran prestar un servicio público articulado y que garantice y respete el espacio que es de todos.

Si el ADN encontró el ayuntamiento quebrado que lo diga y le explique a la ciudadanía que anda buscando fondos para trabajar. Pero no se puede seguir dando palos a ciegas y estar lanzando medidas que por falta de análisis y diálogo, luego hay que echar para atrás.

La regulación debe servir para facilitar y fomentar todas las actividades que resulten saludables a la ciudadanía.