UNO
El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a seis y cinco años de prisión a los cuatro acusados de extorsionar a contratistas, en el ya célebre caso de OISOE, que tuvo como telón de fondo el suicidio dramático del arquitecto David Rodriguez. Debería regocijarnos que lo hayan condenado, y olvidar la conciencia trágica de una sociedad que nos ha convertido a todos en seres unidimensionales y aislados. Pero, no. Si hay un caso en el cual el interés político está primando sobre la justicia es éste. Si hay un caso en el que la impunidad esté a flor de piel es éste. Primero, porque los condenados eran únicamente el plano operativo de la trama mafiosa que funcionaba en esa institución. Y, segundo, porque los dueños del negocio, los verdaderos culpables, quedaron fuera del expediente simple y llanamente porque la voluntad política los excluyó.
¿Cómo reducir el funcionamiento de un sistema de corrupción que tocaba tres ministerios, a cuatro empleados subalternos que eran la cara visible del negocio? ¿En las investigaciones no fueron mencionados varias veces el Director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh; y el subdirector técnico José Florencio? ¿Un caso de corrupción sistémica, con resultados económicos apetecibles, practicando la extorsión en los mismos recintos de los ministerios, no tenía que contar con el poder para operar con toda libertad? Ese espectáculo degradante de la justicia es lo que nos humilla, y nos enseña que la justicia oculta una perversión de la práctica política, y es su sierva. Incluso el Procurador General de la República, el inefable Jean Alain Rodriguez, consideró la sentencia como “un logro de la justicia”.
DOS
La legitimidad racional-legal del Procurador Jean Alain Rodriguez puede engendrar temor en los ciudadanos alejados del poder. Él es un procurador de la justicia sesgada, del prostibulario legal que únicamente atiende a los requerimientos del poder. ¿Un logro de la justicia? ¿De cuál justicia? Una acusación que dejó afuera a los verdaderos culpables, y sobre la cual se empina un veredicto vergonzoso que encubre más que descubre el crimen que juzga, se podría considerar “un logro de la justicia”. El retórico, ése hombre que los griegos antiguos llamaban “el perro”, el cínico, acaba siendo él mismo su bufón. Se puede convertir en poderoso, decir cosas que provienen de su artificialidad, pero siempre se quedará desnudo, incluso si lleva puesto el frac de un Procurador. En la carta número diecinueve del libro de Francisco Moscoso Puello “Cartas a Evelina” (Un libro iracundo, rabioso, lleno de diatribas contra sí mismo y contra una cierta idea de la dominicanidad) hay un curioso artículo sobre el frac, en el cual Moscoso Puello dice: “(…) Por lo regular el frac no piensa mucho, no se fatiga, agrega una encantadora ligereza al que lo lleva”. Y no sé por qué cuando leí las declaraciones del Procurador lo imaginé vestido de frac y desnudo.
TRES
Dotada de un vocabulario propio, la justicia dominicana es sierva del poder, siempre lo ha sido. Ahora que la Marcha Verde agita los vocablos “impunidad” y “corrupción”, es bueno detenerse en las desviaciones circunstanciales del aparato judicial para servir a quienes gobiernan. El caso OISOE fue detonante de una indignación social que ahora la sentencia medianamente sofoca. Con un fondo trágico, manejado con discreción y tacto, el caso llegó a la justicia, pero llegó expurgado. Ni Pimentel Kareh ni José Florencio figuraron como acusados. Sin que ni siquiera interviniera un juez, fueron esfumados del proceso, volatilizados; dejando el escenario a unos “culpables” que eran sus trabajadores, sus peones, sus testaferros. Si alguien quería encontrar un modelo arquetípico de la palabra impunidad ilustrado en la realidad, en el caso OISOE lo encontrará. Arbitrario, inmoral, descarado, ese “logro de la justicia” es el hecho de que haya siempre, constantemente, una repetición del poder, y de que los amos del poder impongan sus deseos. La comedia bufa de nuestra existencia ha deformado, prostituido, todas las instituciones para ubicarse en su lugar. Se puede precisar el sentido de esta prostitución en caso como éste. Laura Guerrero Pelletier, la fiscal que se supone debe perseguir la corrupción, construyó un expediente armada de pobres herramientas y aviesa voluntad, en el cual los verdaderos culpables no aparecen. Y hubo juicio. Pero, sobre todo, hubo impunidad. ¿Logro de la justicia? ¡No, basura del sistema!