Cuando inicialmente la Procuraduría General de la República sometió el expediente acusando de actos de corrupción al señor Félix Bautista, hoy senador peledeísta por San Juan, junto a un grupo de sus allegados en negocios, la sociedad se expresó en sentido general a favor de que un tribunal conociera la acusación y que los encartados tuvieran la oportunidad de defenderse frente a las pruebas que presentaría el Ministerio Público.
La voz de la Iglesia católica, a través del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez; las organizaciones cívicas, empresariales, políticas y populares; el embajador de Estados Unidos, James Brewster, entre otros, fueron claros al pedir que las personas sospechosas de cometer actos de corrupción debían ir a la justicia para en un juicio público, oral y contradictorio, determinar la culpabilidad o la inocencia.
Todos los periódicos nacionales escribieron más de tres editoriales pidiendo que la justicia actuara para poner un alto al enriquecimiento ilícito, enviando un mensaje contundente a quienes desafían las leyes para que sepan que la era de la impunidad debía terminar.
Félix Bautista no fue el más valiente de los leonelistas en la resistencia al aplastamiento del grupo por la acción del danilismo en el gobierno y en el PLD.
Pero una sala de la Corte Suprema acaba de impedir que la acusación vaya a juicio y que el inculpado se someta ante las pruebas y resulte inocente. Una negación de justicia para la sociedad y de derechos para los incluidos en el expediente.
Previo al destape del expediente contra Bautista y sus allegados, el dirigente político Guillermo Moreno, ex fiscal del Distrito Nacional, formuló una querella contra el ex presidente Leonel Fernández a quien acusó de prevalerse de sus funciones para agenciarse un capital con suplidores del Estado que luego habría convertido en activos de su Fundación Global (Funglode).
La acusación contra Fernández y algunos de sus empleados en Funglode fue desestimada por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, antes de siquiera ser presentada a un juez. Su argumento “jurídico” fue que en el país no había “tipificación” para enviar a la justicia a un ex presidente porque recibió regalos que el rumor público dice que eran de la misma calaña que le exigían al arquitecto David Rodríguez y que acorralado por las mafias y las deudas, se suicidó en un baño de la institución en que Fernández colocó a Bautista por largo tiempo.
El expediente contra Leonel estaba fuera de contexto político. Lo formuló Moreno, un dirigente político opositor y crítico tenaz de la corrupción. Por eso, más que por falta de méritos, lo desestimó la fiscal más popular con el apoyo del procurador Francisco Domínguez Brito.
Tiempo después y por iniciativa propia del procurador Domínguez Brito apareció el expediente contra Félix Bautista y sus allegados, un inocultable subalterno de Leonel que él mismo ha reconocido casi como a un hijo. Este caso, inicialmente, sí estaba en contexto político: había un enfrentamiento soterrado entre Fernández por volver a ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente Danilo Medina por reformar la Constitución para repostularse por la misma organización.
Leonel fue el líder del buró que examinó y determinó quiénes serían finalmente los integrantes de las “Altas Cortes” (Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral y Suprema Corte de Justicia) y con razón la gente piensa que allí colocó a abogados que eran sus subalternos políticos para blindarse frente a eventuales enemigos internos y externos en su PLD.
Sabiendo perfectamente esto, el gobierno de Medina –de quien depende directamente el procurador Domínguez Brito- descartó dar curso a la querella de Moreno contra Leonel por una doble razón: porque él no rompería el blindaje de quien lideró la escogencia de los jueces, y segundo que si por un aborto de la naturaleza el ex presidente se veía en la cuerda floja, la ganancia política sería para Moreno y no para Danilo. ¡Elemental!
Antes de que cualquier otra entidad lo hiciera, el gobierno, a través de la Procuraduría, entonces salió a perseguir -con un expediente voluminoso y ampliamente respaldado por el empresariado, la Embajada y la oposición- al hijo preferido de Leonel: Félix Bautista.
La dureza del enfrentamiento en plena audiencia entre Domínguez Brito –ex senador del PLD pro Santiago- y Bautista –actual senador del PLD por San Juan- no pudo ser más agrio frente a las cámaras de televisión que trasmitían el juicio preliminar en directo. Era, obviamente, la confrontación entre el gobierno de Medina y el grupo de Leonel para determinar quién sería el próximo candidato presidencial.
El Presupuesto General del Estado, el verdadero poder ideológico cohesionador en esta cañada lúgubre donde se encuentra hoy la democracia dominicana, hundió a Leonel y a casi todos sus seguidores políticos.
Pese a su discurso civilista –otros dicen que era un traje de ocasión- pronunciado pro Leonel el 25 de mayo de 2015, horas más tarde sucumbía ante el peso apabullante del poder que lo hundía cuando su experiencia había sido usarlo para hundir a sus contrarios. El “León”, después de probar de su propia medicina, quedó enjaulado en el peor momento.
Félix Bautista no fue el más valiente de los leonelistas en la resistencia al aplastamiento del grupo por la acción del danilismo en el gobierno y en el PLD. Se hundió mansamente junto a su líder, cerraron herméticamente sus bocas y respaldaron la modificación constitucional para habilitar la reelección.
Con un sistema judicial como el dominicano, que responde al amo, el expediente de Bautista no tenía riesgo. La corte –con la negativa honrosa de las juezas Miriam Germán y Esther Agelán- confirmó el archivo del expediente para que los acusados no tengan que defenderse en un tribunal, pero tampoco tengan la oportunidad de demostrar que sus bienes no son el fruto del peculado.
Resultado: Cuando la acusación no rinde tributos políticos al poder, la desestima el Ministerio Público o en su defecto un tribunal. Da lo mismo.
Mientras tanto, ese mismo Ministerio Público y ese mismo poder judicial siguen ensañándose contra rateritos y poblando las cárceles de pedigüeños y viciosos.
Es la “ética” de los abusadores: ¡Fuerte con el débil… débil con el fuerte!
Este es un país de enanos, cómplices y cobardes, incluido yo, el primero. Falta una nueva ética para ser duros con los fuertes y compasivos con los débiles. Y una mandarria popular para garantizar su aplicación.