El espectáculo de mal gusto protagonizado hace unos días por los choferes de carros públicos en pleno centro de la ciudad, evidencia el nivel de caos en el cual se encuentra el sistema de movilidad urbana en la capital de la nación; las horas de angustia que se vivió en el centro metropolitano muestra como el control de este sector no solo impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, sino también en la seguridad estratégica de toda la nación.
El Estado ha disminuido su dominio sobre el sector transporte de forma gradual, al debilitar la institucionalidad repartiendo sus competencias en varios organismos gubernamentales y al ceder la cuota de mercado del gobierno central en la oferta de transporte colectivo, fortaleciendo la informalidad, debilitando su autoridad en el sector y consolidando el caos.
Como resultado de esta debilidad institucional el gobierno no puede garantizar un servicio efectivo para las grandes mayorías que no tienen acceso a desplazarse en vehículo privado, ni tampoco puede incidir en una mejora sustancial de todo el sistema de movilidad urbana, lo cual contribuye en el aumento de los entaponamientos, el crecimiento de la inseguridad vial e incide en los niveles de contaminación ambiental, repercutiendo en la credibilidad del Gobierno ante la población.
En términos de seguridad, el hecho ocurrido semanas atrás demostró como unos cuantos choferes pueden en cuestión de minutos secuestrar la libertad de tránsito consagrada en el Articulo 46 de la Constitución, al interrumpir la circulación en un punto estratégico de la ciudad impidiendo los desplazamientos inter-provinciales en sentido norte-sur y este-oeste. Esta pequeña obstrucción con alto impacto en la cotidianidad es solo una muestra que debe alertar al Gobierno sobre las implicaciones que este tipo de actos terroristas producen en el país, debido a la fragilidad del sector gubernamental y su pérdida de liderazgo en el sector transporte.
Ni el mandato legal establecido en el país, ni las dádivas que obtienen algunos sectores cada cierto tiempo han ayudado al Gobierno a construir un liderazgo sobre el sistema de movilidad urbano del país; para retomar este control es preciso consolidar una institucionalidad a través de la creación de un órgano rector que aglutine todas las instituciones que comparten las competencias de regulación, operación y fiscalización del transporte a nivel nacional. El fortalecimiento institucional debe ser fruto de un proceso liderado por el Estado, con amplia participación ciudadana y con el establecimiento de compromisos que garanticen soluciones definitivas a un problema histórico que continua deteriorando la calidad de vida.