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El pasado 17 de octubre se celebró en la Universidad INTEC el conversatorio sobre el libro “Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza: ¿Por qué fracasan los países?”, contando con uno de sus dos autores, James A. Robinson, antiguo profesor de Harvard y hoy de la Universidad de Chicago. Su coautor es Daron Acemoglu, economista turco catedrático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
El libro fue lanzado en 2012, contando con opiniones elogiosas de seis Premios Nobel de Economía, llegando a ser un gran best seller internacional. Inclusive, algunos exaltados entusiastas compararon su importancia con “Las Riquezas de las Naciones” de Adam Smith.
El texto se enmarca dentro de una perspectiva de libre mercado, pero contiene planteamientos favorables a la redistribución y democratización del poder y la riqueza, por lo que puede ser atractivo para diferentes corrientes ideológicas.
La obra adopta un enfoque de carácter institucional, teniendo como planteamiento principal que la prosperidad de una sociedad depende de la forma cómo esta se organiza a partir de la naturaleza de sus instituciones políticas y económicas dominantes.
Presenta una gran cantidad de ejemplos de diversos lugares y momentos históricos, para descartar algunas teorías muy extendidas y populares que buscan explicar el desarrollo desigual de los países a partir de sus diferencias geográficas, climáticas, étnicas, culturales, religiosas, de recursos naturales o de capacidades de sus líderes.
Los autores sustituyen el paradigma anterior por uno propio: Que las políticas y reglas de juego puestas en práctica por las instituciones de un país, son las causas fundamentales de su nivel de riqueza o pobreza; siendo incluso la cultura nacional, un legado de las instituciones.
Añaden que las instituciones políticas son determinantes de las económicas, ya que definen, consienten y promueven las modalidades comerciales y productivas que se hacen dominantes.
Las instituciones políticas establecen los mecanismos y reglas de juego para que los ciudadanos puedan influir en la sociedad, permitiendo que interactúen y negocien con los poderes políticos y económicos, y que ejerzan controles para impedir la imposición de agendas e intereses particulares.
Argumentan que los países fracasan cuando el poder político impulsa instituciones que no generan oportunidades e incentivos adecuados para que la gente se sienta estimulada a participar, educarse, innovar, invertir y trabajar duro en la construcción de su propio destino. Así como, cuando ese mismo poder reproduce incentivos perversos que corrompen las instituciones y promueven el tráfico de influencias y el enriquecimiento por cualquier medio.
El libro responde a un estudio de carácter empírico, al basar sus análisis y conclusiones en una gran cantidad de ejemplos históricos y no en explicaciones teóricas que respalden sus planteamientos principales.
Sin lugar a dudas ha sido un texto influyente. En este artículo presentaremos sus aportes esenciales, así como algunas interpretaciones propias derivadas de sus contenidos fundamentales. En una próxima entrega abordaremos ciertas limitaciones de carácter metodológico que permiten dimensionar mejor la trascendencia del libro.
Una de sus contribuciones más notable es haber logrado popularizar los términos “instituciones inclusivas” e “instituciones extractivas”, los cuales se refieren a dos formas de organización antagónicas que producen resultados disímiles y contrarios.
Posiblemente ambos términos se han hecho familiares por la relevancia del tema que aluden y por la fuerza semántica implícita en su formulación, la cual ilustra de forma precisa lo que significan.
Los autores plantean que las instituciones políticas y económicas inclusivas generan prosperidad y riqueza, mientras las extractivas estancamiento y pobreza.
Las instituciones inclusivas son pluralistas, ya que promueven la participación de los agentes sociales y la distribución del poder político y los recursos económicos hacia amplios sectores de la población. Las extractivas van en sentido contrario, al concentrar el poder, las decisiones y la riqueza en pocas manos.
En un régimen plural no existen fuerzas políticas o económicas con poderes desproporcionados en relación a las otras, por lo que el diálogo y la negociación son imprescindibles entre las partes.
Además, crean espacios públicos para el intercambio de propuestas y la toma de decisiones, las que al ser producto de negociaciones entre distintos actores adquieren credibilidad y legitimidad social.
Las instituciones políticas inclusivas construyen “Estados de Derecho”, donde los ciudadanos son iguales ante la ley y donde se limita el ejercicio unilateral y discrecional del poder por parte de élites y gobernantes.
Estas instituciones restringen los privilegios, la imposición de intereses, las concesiones arbitrarias y las ventajas onerosas de los grupos dominantes.
Las sociedades con instituciones inclusivas ofrecen oportunidades para que la población pueda elegir su destino, condición necesaria para dinamizar las aspiraciones y los esfuerzos personales y colectivos.
De ahí la importancia del fomento de la educación y la capacitación para el desarrollo de talentos, creatividad y espíritu emprendedor, requisitos indispensables para un crecimiento económico exitoso y para el aumento de la prosperidad general y no sólo de las élites.
Las instituciones inclusivas buscan construir “una cancha uniforme”, con reglas imparciales y sin deformaciones producidas por la desproporción de poderes y privilegios de algunos actores.
Además, garantizan la libertad de prensa y la diversidad de medios de comunicación, los cuales son responsables de mantener la población informada y vigilante sobre el cumplimiento de los compromisos sociales acordados y sobre el surgimiento de prácticas extractivas o excluyentes.
Igualmente, promueven “la destrucción creativa”, en sentido Schumpeteriano, es decir, la sustitución de sectores, empresas y productos obsoletos por otros nuevos, lo que constituye “un motor del progreso”.
Los autores establecen que las sociedades con instituciones inclusivas demandan fuertes estados nacionales, poliárquicos y plurales, que garanticen una amplia repartición del poder político, pero que al mismo tiempo detenten el monopolio legítimo de la violencia organizada y ejerzan “cierta cantidad de centralización política para poder establecer el imperio de la ley”, el orden, la seguridad y la justicia.
Estados que persigan la corrupción y la impunidad, que valoren la meritocracia y rechacen el populismo, el amiguismo, el partidismo y el nepotismo.
Que implementen regímenes tributarios equitativos. Que realicen inversiones relevantes, eficientes y transparentes, y que aseguren servicios públicos de calidad para toda la población.
Además, que fomenten y faciliten la creación de empresas productivas y organizaciones sociales y populares plurales, restringiendo los monopolios y aspirando a mercados de múltiples actores que se desenvuelvan en ambientes de competencia perfecta.
Es importante que el poder de los grupos políticos y económicos sea delimitado y controlado por instituciones de un estado fuerte. De lo contrario la sociedad terminará subordinada a quienes tienen poder y saben cómo usarlo.
Por su parte, las instituciones políticas extractivas son excluyentes y permiten que grupos y élites operen con pocas restricciones en la obtención de rentas privilegiadas que utilizan para consolidar y mantener su poder político y económico.
Las élites extractivas capturan instituciones oficiales claves y configuran el Estado para su provecho. Se reparten el poder y adoptan un manejo patrimonial de “lo público” que les permite continuidad y obtención de beneficios particulares.
Asimismo, impulsan instituciones que asignan de forma ineficiente los recursos de la sociedad, restringiendo la competencia y creando barreras de entrada en sus áreas de negocio.
Los monopolios, como ejemplo paradigmático de instituciones económicas extractivas, son casi siempre productos de estados débiles y permisivos que consienten la obtención de beneficios excesivos a pequeños grupos en perjuicio de las mayorías.
Las élites extractivas tampoco promueven la redistribución del poder político, ya que a través de su control accionan a su favor sobre el Estado y las instituciones económicas.
Estas élites buscan mantener el statu quo para perpetuar su situación privilegiada, generando inercia social y resistencia al cambio. Son una fuerza conservadora que tiende a restringir el desarrollo tecnológico y las nuevas dinámicas productivas que podrían conllevar desestabilización en los mercados, creación de nuevos grupos económicos y cambios en la correlación de fuerzas que les beneficia.
Las sociedades con instituciones extractivas más reconocidas son las dictaduras, tiranías y autocracias, pero también se incluyen las democracias sin una efectiva separación de poderes y un verdadero respeto al orden jurídico constitucional.
Cuando en un país dominan instituciones políticas y económicas extractivas se crea un círculo vicioso, mientras que cuando son inclusivas un círculo virtuoso. En ambos casos se generan dinámicas que promueven la reproducción de instituciones del mismo tipo y bloquean la emergencia del contrario. Lo que no significa que un círculo vicioso pueda avanzar y evolucionar, y uno virtuoso retroceder e involucionar.
Instituciones políticas extractivas pueden convivir en un país con instituciones económicas inclusivas y viceversa. La existencia simultánea de instituciones políticas y económicas de un mismo tipo, origina una retroalimentación que las refuerza mutuamente, generando una sinergia que tiende a fortalecer el sistema prevalente y la resistencia al cambio.
Pero los autores consideran que es difícil que instituciones de diferentes naturaleza convivan conjuntamente durante largo tiempo, ya que se retroalimentan entre sí y paulatinamente se irán haciendo del mismo tipo.
Aunque plantean que las economías de países con instituciones extractivas pueden crecer en determinadas circunstancias, empujadas principalmente por la búsqueda de mayores riquezas y el afán de consolidarse en el poder por parte de las élites extractivas, pero este crecimiento tiende a ser frágil y de corto tiempo.
Por su parte, el crecimiento económico bajo instituciones inclusivas es más estable, integral y generalizado.
A lo largo del libro los autores hacen una defensa unilateral del mercado, al considerarlo como “la mejor forma de que una sociedad utilice eficientemente sus recursos”. En sentido inverso, consideran que cuando “el Estado o una reducida elite controla todos los recursos, no se crearán los incentivos adecuados ni habrá una asignación eficiente del talento de las personas”.
De forma similar defienden el derecho a la propiedad privada, al considerar que quienes disfruten del mismo estarán dispuestos a invertir y aumentar la productividad. Inclusive llegan a la afirmación simplista de que si se respeta la propiedad privada, la libertad de elección, la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades, la riqueza llegará sola.
Entienden que las instituciones inclusivas protegen la propiedad privada y garantizan la seguridad jurídica, al tener reglas claras, imparciales y funcionales, que constituyen escenarios favorables para la inversión y el ahorro, y para que quienes tienen buenas ideas puedan desarrollar innovaciones tecnológicas y crear empresas que funcionen como sistemas abiertos que interactúan y se alimentan de su entorno.
En sentido general, se puede estar de acuerdo con que la realidad global muestra que los países con instituciones inclusivas tienen mayor nivel de desarrollo, prosperidad, equidad y libertad. Pero esto no significa necesariamente que la adopción del modelo occidental de economía de mercado que proponen los autores, sea la vía exclusiva para construir una sociedad de bienestar.
De sociedades con instituciones extractivas a inclusivas
El paso de un sistema extractivo a uno inclusivo es un proceso complejo, ya que la forma cómo está organizada una sociedad echa raíces profundas que se hacen estructurales, las cuales son difíciles de erradicar o modificar.
Los grupos que se benefician del status quo usan las reglas de juego a su favor, no están interesados en los cambios y tienen suficiente poder y recursos para oponerse y hacer resistencia.
La mayoría de veces que ceden a los cambios es porque no tienen alternativa y se encuentran presionados por sectores organizados que con determinación y exigencias claramente formuladas, demandan mayor poder y participación.
Esos cambios ocurren generalmente en momentos en que las sociedades se organizan y movilizan para modificar las instituciones y sus reglas de juego.
También pueden suceder en coyunturas donde las élites entienden que les convienen los cambios para mantener o consolidar su situación privilegiada.
El paso de sociedades con instituciones extractivas a inclusivas mediante revoluciones, reformas o transiciones lentas y graduales, conlleva mejoras de los derechos humanos y aumento del poder y el control social por parte de la ciudadanía.
Esos momentos los denominan “coyunturas críticas”, que son “grandes eventos que rompen el equilibrio político y económico”, los cuales se producen “cuando una serie de factores debilitan el control de las élites que están en el poder, lo que hace que sus adversarios sean más fuertes, y crea incentivos para la formación de una sociedad pluralista”, que son aquellas donde el poder se encuentra repartido entre la población.
Pero no siempre las “Coyunturas Criticas” significan un paso de avance, ya que en ocasiones conducen a la llamada “ley de hierro de la oligarquía”, que es cuando se sustituye la élite dirigencial por otra nueva, sin modificar el modelo extractivo existente.
También las “Coyunturas Críticas” pueden producir la involución de una sociedad inclusiva hacia una extractiva, por lo que es importante que las sociedades con instituciones inclusivas dispongan de mecanismos para detectar y contrarrestar esos intentos.
Conclusiones
Robinson y Acemoglu sostienen que los países se desarrollan, no necesariamente en función de su historia, cultura y disponibilidad de recursos humanos y naturales, sino en la medida en que sus instituciones sean más inclusivas y democráticas, es decir, que distribuyan mejor el poder y la riqueza, reduciendo las posibilidades de que los actores con mayor fuerza y recursos impongan sus intereses y privilegios.
La naturaleza y calidad de las instituciones determina el destino y la prosperidad de un país. Inclusive, sin instituciones de calidad no es posible un crecimiento y desarrollo prolongado, integral y sostenible.
La reforma y mejora de la calidad de las instituciones es el paso inicial para la transformación de una sociedad extractiva en una inclusiva y menos excluyente.
Igualmente, junto a la mejora de las instituciones es importante el desarrollo de la capacidad nacional para diseñar e implementar políticas públicas efectivas, dirigidas a configurar la sociedad a que se aspira.
Las naciones exitosas combinan la presencia de instituciones plurales con estados fuertes y centralizados, que garantizan un reparto equitativo del poder, la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos y al ordenamiento jurídico nacional, así como el establecimiento de sistemas de rendición de cuentas y consecuencias imparciales y universales.
Esas naciones restringen los intentos de concentración del poder y la riqueza por parte de las élites nacionales y los poderes internacionales.
La amplia distribución del poder político y económico es un requisito para la prosperidad y el bienestar, y mientras más pobres sean los países y más escasos sus recursos naturales y productivos, más necesarias son las instituciones inclusivas para su desarrollo.
El libro no sólo justifica la redistribución del poder y la riqueza, sino que insiste en la mayor igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, como un imperativo ético y no sólo como una forma de dinamización y desarrollo de los talentos, las habilidades, la creatividad y las iniciativas humanas.
Las sociedades con instituciones inclusivas favorecen la existencia de sujetos con capacidades equivalentes para elegir y construir el futuro que deseen.
Generan espacios donde actores con la mayor paridad de poder posible y la menor asimetría de conocimientos puedan confrontar sus propuestas y decidir en forma democrática su destino.
De los contenidos del libro se puede derivar que las grandes polaridades sociales y económicas, expresadas a partir de altos coeficientes GINI, son consecuencias del predominio de instituciones extractivas. En sentido contrario, los países con amplias franjas de clases media, reflejan una gran presencia de instituciones inclusivas.
El hecho de que el 1% de la población mundial posea el 99% de la riqueza del planeta, ha llamado la atención sobre el creciente incremento de la desigualdad y ha introducido este tema en las agendas de los políticos de muchos países.
Es un tema que cuestiona la calidad de la democracia y el crecimiento y desarrollo a mediano y largo plazo, por lo que la lucha política tiene que enfocarse en la reducción de los privilegios de las élites y en una mayor redistribución del poder y la riqueza.
Por muy injusto y excluyente que sea un determinado país, no está condenado a la pobreza y el subdesarrollo como si fuese un destino manifiesto a partir de su historia, situación geográfica, disponibilidad de recursos naturales, cultura, etnia dominante y características de su liderazgo político y económico. Su realidad es el resultado histórico de una construcción social específica que puede ser modificada por la fuerza, consciencia y determinación de sectores progresistas activos y organizados.
Las élites políticas y económicas no van a renunciar voluntariamente a sus privilegios. Sólo la acción efectiva de una parte de la sociedad que se organice y movilice alrededor de propuestas precisas, sentidas y viables, creará progresivamente espacios de mayor democracia y participación, desde donde se podrá incidir en el diseño y construcción de una sociedad más justa, eficiente, solidaria y desarrollada.