Directivos de la Cámara Forestal Dominicana han externado su rechazo al proyecto de resolución sometido por los senadores Euclides Sánchez y Adriano Sánchez Roa, a fin de que se suspendan por un plazo de diez años los planes de manejo de bosques. Se trata de las fincas que se dedican a la producción nacional de madera.
Obviamente, el detonante para esta extremista propuesta debe haber sido los incendios forestales que en el curso de apenas dos semanas, estallaron en distintos puntos del país. Estos han sido calificados de intencionales por la Procuraduría General de la República, provocado el sometimiento de varias personas y el envío a una parte de ellas a prisión preventiva, como medida de coerción.
Los voceros de la Cámara Forestal informan que la misma agrupa a ocho mil 469 productores, dedicados al aprovechamiento renovable de nuestra riqueza boscosa. Sus fincas ocupan un área total de un millón 350 mil tareas. Anualmente, según los datos que ofrece la misma institución, producen alrededor de treinta millones de dólares anuales en madera. Las importaciones de madera que realizamos cada año ascienden, en cambio, a unos trescientos millones para poder cubrir todas las necesidades del país.
Como argumento de réplica de incuestionable fuerza a la propuesta senatorial, los directivos del sector advierten que si bien comparten la preocupación por los fuegos forestales, estos han tenido lugar en áreas protegidas y no en las fincas privadas dedicadas a este tipo de actividad. Estas, además de producir bienes y servicios, brindan protección a los suelos al evitar el “conuquismo”, tanto como la depredación irresponsable de la reserva forestal y los fuegos intencionales. Son celosos guardianes de sus predios y por extensión, del medio ambiente.
No dudamos de las buenas intenciones que animan el proyecto de resolución de los senadores Sánchez Roa y el vegano Euclides Sánchez, recordando que, en particular, este último ha quebrado lanzas a favor de que Loma Miranda sea declarada “parque nacional”.
Ahora bien…¿Tienen alguna evidencia de que las fincas forestales no estén ajustándose estrictamente al protocolo de normas que asumieron, al recibir las licencias de Medio Ambiente para la explotación racional y renovable de la riqueza boscosa de sus predios?
¿Han comprobado si en esas fincas se producen fuegos forestales, con que frecuencia y extensión de posibles daños?
Hasta ahora, en ningún momento, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado la menor señal de considerar que las fincas forestales estén depredando los bosques o afectando el ecosistema, ni ha retirado la licencia a ninguna de ellas, ni menos aún planteado suspender sus operaciones.
Llama la atención, además, el hecho de que la Academia de Ciencias, tan sostenidamente celosa en la preservación del medio ambiente, con cuyo presidente Milcíades Mejía conversamos esta misma semana, analizando el tema de los fuegos forestales, la preservación de los recursos naturales y la necesidad de impulsar una política de prevención frente al cambio climático, en ningún momento ha hecho mención ni advertido de riesgo alguno a la preservación del hábitat derivado del manejo de bosques, en el entendido de que se realiza con estricto apego a las normas que lo regulan.
Creemos por consiguiente, que antes de adoptar una medida extrema como la propuesta por los mencionados senadores, debe establecerse de manera meridiana si existen razones reales que la justifiquen para evitar que, en caso contrario, resulte afectada, indebida e innecesariamente, una actividad que mantenida bajo estricto control, reporta beneficios económicos y sociales, en lugar de daños medio ambientales.
Mucho más pertinente entendemos que sería por un lado reforzar la vigilancia en las áreas protegidas que son objeto frecuente de las “tumbas” para siembra y donde se registra la mayor frecuencia de los fuegos, estableciendo cordones militares de vigilancia y protección, alrededor de los mismos y por otro, reclamar se de cumplimiento a la ley, cuya vigencia arrastra una antigüedad de doce años, donde se establece la creación de un Consejo integrado por todos los ministros del gobierno para la ejecución de una política de preservación medioambiental, el cual, increíblemente, todavía no ha celebrado la primera reunión.
Recordemos que tan malo es no llegar como pasarse.