El FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), es una ley federal de los Estados Unidos que requiere que todo ciudadano AMERICANO reporte el valor de sus cuentas financieras fuera de su territorio. Fue promulgada en Mayo del 2010, entrando en funcionamiento las partes pertinentes a la banca dominicana en junio del 2014.
El espíritu de la ley es hacer más difícil a los contribuyentes estadounidenses ocultar los activos mantenidos en cuentas en el extranjero y sociedades ficticias, y por tanto recuperar los ingresos de impuestos federales perdidos a causa de la evasión. La ley convierte en “Agentes" del IRS americano a los bancos de todos los países, al exigir el reporte de los nombres, números de cuentas y balances que poseen en su institución los ciudadanos americanos; so pena de la retención del 30% de todos los pagos desde Estados Unidos hacia la institución financiera extranjera (FFI).
Mucho han escrito ya otros colegas sobre los problemas de extraterritorialidad de la ley y sobre los costos adicionales de cumplimiento que esta impone sobre las FFI; costos que son pagados por los ciudadanos no americanos (nosotros) para ayudar a que el IRS recaude más. Las palabras subsiguientes preferimos invertirlas en abordar el problema de los que no tienen nada que ver con el pago de impuestos en territorio norteamericano y el derecho a la privacidad de su información financiera.
Hace unos días un ciudadano dominicano, que llamaremos Quirón, se presentó a una de las asociaciones de ahorro y préstamos locales para aperturar una cuenta de nómina que le requería la empresa que le había acabado de contratar. Quirón, que no tiene ninguna relación con el gobierno americano, nunca ha sido ciudadano o residente, o ha estado casado con un residente americano, se asombra al serle requerido como condición fundamental para abrir su cuenta de nómina el llenar y firmar el formulario W-8BEN del Gobierno de los Estados Unidos. El ultimátum recibido es: “O firma el formulario, o no abrimos su cuenta”.
El W-8 en todas sus modalidades es un formulario de declaración jurada al gobierno de los Estados Unidos donde el firmante, bajo pena de perjurio, certifica que no es sujeto de retención de impuestos en USA y autoriza al uso de la información allí contenida al gobierno americano. Quirón se pregunta: ¿Por qué para que su empleador le pague su salario debe obligatoriamente entregar a un gobierno extranjero el derecho a su información privada que le reconoce la constitución? ¿Quién debe protegerle ante este abuso fundamental de sus derechos?
La respuesta es sencilla: La Superintendencia de Bancos (SIB)! quien tiene como función principal la supervisión de las entidades de intermediación financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo dispuesto en las leyes. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando Quirón nos informó que realizó una consulta telefónica a la SIB y la respuesta fue: "El requerimiento es política de ese banco, no hay nada que hacer. No tenemos normativa sobre el tema".
Luego de una investigación con ejecutivos de la banca nos enteramos que dicho formulario está siendo exigido por al menos dos asociación de las más grades y varios bancos comerciales. Uno de los principales bancos privados intentó exigir también el llenado del W-8 pero luego de sopesar los posibles riesgos a la privacidad de los clientes decidió descontinuar la práctica. Es a la SIB, quien le toca normar la información que se considera necesaria para la apertura de una cuenta; y decidir si entiende que un formulario de otro gobierno es pertinente para el cobro de los salarios de todos los empleados dominicanos.
No es que estemos en desacuerdo con que se cumplan las normas y requerimientos de seguridad de las operaciones bancarias y minimización de riesgo de las entidades dominicanas. Es más, muchos han llenado ya un W-8 si poseen cuentas en los Estados Unidos o algún ingreso americano siendo extranjeros. Excelente! porque de forma voluntaria se elige trabajar con bancos americanos en su territorio y esas son sus regulaciones. El IRS tiene la obligación de colectar los impuestos a sus ciudadanos y ¡Que así sea!; pero otra cosa diferente es la violación del derecho fundamental al manejo de la información financiera de alguien que no tiene nada que ver con la ley FATCA so pena que sea fichado por un banco local como de “Perfil Riesgoso”, o simplemente no pueda cobrar por el sudor de su trabajo.
Pareciera que lamentablemente Quirón está enjaulado, en una lucha cabellera contra máscara, con sal en los ojos y el árbitro inconsciente…¿Tal vez alguien tenga las llaves de la puerta y se decida finalmente a intervenir?