“En el financiamiento político no existen las donaciones, se producen inversiones”
En la República Dominicana urge la adopción de medidas, políticas, normas, que en su implementación y cumplimiento garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la penetración del crimen internacional organizado en la actividad política, en ese sentido, es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos.
El lavado de dinero vía el financiamiento político debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones donde por su característica podemos identificar un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
La prevención, percusión, sanción de los ilícitos y el lavado de activo en la actividad política, cruza necesariamente por la promoción de la transparencia y limitar las inversiones privadas que se realizan a los partidos políticos, como medio de garantizar la competencia electoral equitativa.
Los partidos políticos se enfrente a la necesidad de lograr reducir los excesivos gastos en las campañas electorales, entre ellos eliminar el funcionamiento todas sus redes y prácticas clientelares, además reducir los costos de la publicidad electoral, para evitar que las maquinarias del lavado de activo penetren y continúe el proceso de captura del Estado.
La Captura del Estado es el tipo de corrupción público-privada en donde los actores privados intervienen o influyen en los procesos de formulación de leyes, regulaciones, contratos, concesiones y políticas públicas, con el único interés de obtener beneficios económicos para su provecho personal y/o grupal, garantizando la impunidad
Para evitar la captura del Estado y que los recursos provenientes de fuentes ilegales financien los partidos políticos y romper los vínculos entre la delincuencia política y el crimen organizado, además la ciudadanía debe asumir mayores niveles de compromiso y responsabilidad para controlar un sistema de partidos políticos dependiente de la corrupción, el fraude y el dolo.
El financiamiento político sin control, es la puerta de entra del lavado de activo condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar la actividades del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y devastando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos.
El próximo proceso electoral presenta grandes riesgo y múltiples posibilidades para el financiamiento ilegitimo de la campaña, considerando la ausencia de mecanismos de control, debilidades institucionales, ausencia de marco legal, una cantidad que se estima en 4,200 candidatos/as convertidos en de Personas Expuestas Políticamente (PEP) con aspiraciones a cargo electivo, sumado a los pocos instrumentos activos, creíble para la detección, localización e identificación del lavado de activo en el proceso electoral.
El GAFI define a las PEP como aquellos “individuos que desempeñan o han desempeñado en el país o en el extranjero funciones públicas importantes, por ejemplo, jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía, altos funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales o militares, altos ejecutivos de las empresas de propiedad estatal, funcionarios importantes de partidos políticos y los miembros de las familias o asociados cercanos a estas”.
El complejo proceso electoral, la ausencia de mecanismos de control del financiamiento político, la ausencia de voluntad del partido político que controlan los poderes públicos y por otro lado los actores que demandamos endurecer las disposiciones existentes, contemplar otras para el control e impedir la entrada de dinero ilícito en los partidos, la campaña y en las cuentas de los propios candidatos.
En ese sentido, los recursos que reciben los partidos políticos deben estar sujetos a los mecanismos de control de la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Contrataciones Públicas y la propia Junta Central Electoral, pero también debemos activar los medios de la Superintendencia de Banco, de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Los partidos políticos se convierten en instancias de alto riesgos y que en un sistema vulnerable pueden ser penetradas o convivir con las organizaciones del crimen nacional o trasnacional, que introducen en el sistema ganancias financieras producto de sus actividades ilegales y evitan ser detectados o compran lealtades de las autoridades de un país, sobre todo si partimos que “en la política no existen las donaciones, se producen inversiones.” El que paga cobra y tiende a generar las condiciones para la captura del Estado.
La prevención del lavado de activo en el financiamiento político, tiene que considerar las recomendaciones y los estándares internacionales para el combate del lavado, establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, debe existir una regulación especial para las PEP, de modo que las instituciones financieras y otras, cuenten con sistemas de gestión de riesgo para identificar a un cliente PEP, tener la aprobación de autoridad competente para tener relaciones de negocios con estos o adoptar medidas para establecer el origen de los bienes y fondos, para darle un seguimiento permanente a los movimientos financieros.