“En el financiamiento político no existen las donaciones, se producen inversiones”
Los partidos políticos deben jugar el rol de intermediación entre la sociedad y el Estado, servir al interés nacional, al bienestar colectivo, garantizar el desarrollo integral de la sociedad, como indica con precisión la Constitución dominicana, referida a los fines de estas entidades.
En el análisis de la problemática y las características de los partidos políticos, numerosos expertos en la temática, plantean la necesidad de fortalecerlos e incluso entienden que son la esencia para el sistema democrático, no obstante y distinto a esa visión, los partidos políticos debe ser transformados e inyectados de valores, principios éticos, conducta moral, políticas de transparencia, que permita cerrar la puerta a la corrupción, narcotráfico y al lavado de activos.
Los partidos políticos en un Estado democrático de derechos se articulan, relacionan y vinculan con la sociedad, sobre la base de valores, principios y prácticas institucionales relacionadas con la transparencia y el uso de medios lícitos para acceder a la dirección del Estado, en ese sentido, es fundamental el abordaje de la legalidad y el uso razonable de los fondos que ingresan a las cuentas de las agrupaciones políticas.
En nuestro país el rol de control, vigilancia de los fondos y sus acciones debe involucrar a los entes de control del Estado y la ciudadanía , considerando que los partidos políticos reciben 0.25 % de los ingresos nacionales en años electorales y 0.5 en años no electorales, para muestra un botón, para el año 2015 vía las recaudaciones impositivas de la Ley de Hidrocarburos, el Proyecto de Presupuesto General de la nación 2015, contempla una asignación de RD$805,043.460 para los partidos políticos.
El presupuesto previsto para el 2015 a los partidos políticos, supera la asignación del Ministerio de la Mujer $RD458.9, Ministerio de la Juventud $RD 361.8, el Ministerio de Administración Pública que contemplan RD$ 724.1, supera el presupuesto asignado a la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, juntos.
La ciudadanía financia con sus impuestos a los partidos políticos, pero eso no es todo, la forma de hacer política, el clientelismo, la campaña sin contenido programático, conduce a el aumento del costo de sus operaciones, por eso también usan los recursos del Estado y se financian de fuentes privadas, sobre las que no existe suficiente control y los riesgos son altos por la penetración del crimen internacional organizado que conduce a la captura del Estado.
En el país debemos endurecer las disposiciones existentes y contemplar otras para el control, restricción e impedir la entrada de dinero ilícito a los partidos, a las campañas y a las cuentas de los propios candidatos de recursos provenientes de personas físicas y jurídicas vinculados a actividades ilícitas.
Para regular el dinero del lavado de activos en las campañas, se debe iniciar con medidas que obliguen a los partidos a cumplir la ley y poner a disposición de todos/as los nombres y montos de quienes financian sus campañas, que permita determinar la procedencia y origen de los mismos y de no ser verificable estamos ante un acto ilícito.
En ese sentido, los recursos que reciben los partidos políticos deben estar sujetos a los mecanismos de control de la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Contrataciones Públicas y la propia Junta Central Electoral, pero también debemos activar los medios de la Superintendencia de Banco, de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Los partidos políticos se convierten en instancias de alto riesgos y que en un sistema vulnerable pueden ser penetradas o convivir con las organizaciones del crimen nacional o trasnacional, que introducen en el sistema ganancias financieras producto de sus actividades ilegales y evitan ser detectados o compran lealtades de las autoridades de un país, sobre todo si partimos que “en la política no existen las donaciones, se producen inversiones.” El que paga cobra.
Aprovechemos la discusión de los proyectos de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, para adecuarlas a los estándares internacionales para el combate del lavado, establecido en las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los organismos regionales como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
El lavado de dinero debe combatirse con todas las herramientas legales y en todas las instancias de la sociedad, sobre todo en aquellas instituciones donde por su característica podemos identificar un importante volumen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
El GAFI define a las PEP como aquellos “individuos que desempeñan o han desempeñado en el país o en el extranjero funciones públicas importantes, por ejemplo, jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alta jerarquía, altos funcionarios gubernamentales, funcionarios judiciales o militares, altos ejecutivos de las empresas de propiedad estatal, funcionarios importantes de partidos políticos y los miembros de las familias o asociados cercanos a estas”.
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, debe existir una regulación especial para las PEP, de modo que las instituciones financieras y otras, cuenten con sistemas de gestión de riesgo para identificar a un cliente PEP, tener la aprobación de autoridad competente para tener relaciones de negocios con estos o adoptar medidas para establecer el origen de los bienes y fondos, para darle un seguimiento permanente a los movimientos financieros.
La estructura partidaria en su naturaleza, funcionamiento y como entidad para agregar las demandas y asumir el Estado, requiere una reestructuración en nuestro país que lo vincule con una verdadera democracia, esto es ir más allá del financiamiento.
Los partidos deben ser una escuela de formación, instrumento de creación de una pedagogía política, espacio de construcción ética, moral y fundamentar la gestión del poder sobre una gestión orientada al bien común.