En algunos países de la región, Colombia y Costa Rica como ejemplos, existen mecanismos de financiamiento para los ciudadanos de esos países que han emigrado a otras naciones y desean realizar adquisiciones de viviendas u otras inversiones en su suelo natal.
Hace alrededor de tres años sostuvimos un encuentro en la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi) con los señores Jorge Baca y Josué Gastelbondo, representantes de la Organización Internacional para la Migración (OIM). En aquella reunión nos presentaron dicho mecanismo de financiamiento y vale la pena plantearlo a la nación, por su impacto en el desarrollo del mercado inmobiliario, en el emprendimiento y en la economía nacional en general.
Se trata del Fondo Internacional de Garantías para Dominicanos en el Exterior (FIG-DOMEX). La propuesta consiste en hacer un fondo con vocación para incrementar las inversiones productivas de la diáspora dominicana en territorio local y su acceso a financiamiento, a fin de aportar dinamismo al sector Mipymes y al inmobiliario. Para nadie es un secreto que la principal traba que enfrentan los dominicanos residentes en el extranjero al momento de adquirir una vivienda en la República Dominicana es poder demostrar su capacidad de crédito, de ahí la importancia de este fondo.
La OIM hizo un levantamiento sobre la factibilidad de esta iniciativa en República Dominicana, analizando las informaciones disponibles sobre las finanzas de la diáspora criolla radicada en Estados Unidos, España y Puerto Rico. En su informe concluyó que la creación del fondo era pertinente y factible, y que contribuía a corregir una de las principales llagas del desempeño económico dominicano: la inclusión productiva, una materia todavía pendiente en la tarea de garantizar que los avances económicos de los últimos años ataquen la brecha entre ricos y pobres.
¿Cómo funcionaría el fondo?
La OIM recomendó la creación del fondo bajo la modalidad de un fideicomiso de garantías. ¿Cómo funcionaría esto? En el caso de las inversiones inmobiliarias, el administrador del fondo emitiría garantías a las entidades financieras (nacionales o en el exterior) sobre el inmueble que se va a adquirir. Es decir, que un emigrante dominicano solicitaría el crédito a su banco de República Dominicana o en su país de residencia actual y esa institución recibiría una garantía fiduciaria del fideicomiso para este préstamo. Los recursos serían recibidos directamente por el vender de la vivienda en el territorio nacional.
Esta garantía favorecería exclusivamente las inversiones en emprendimientos productivos o inmobiliarias en la República Dominicana, y debe incluir etapas de asesoramiento a los inversionistas. También deberá ser debidamente fiscalizada, de modo que sea posible asegurar que el estímulo, en efecto, contribuya a cumplir los objetivos de política pública que lo originan.
El proyecto puede ser liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, adscrita a la Presidencia de la República, con el apoyo de la fiduciaria a cargo del fideicomiso y las instituciones financieras.
Ventajas
Conforme a las conclusiones presentadas por la OIM en su informe, en general, las ventajas de esta iniciativa se pueden resumir en las siguientes:
-Incrementa el ahorro de la diáspora, que se estimaba en cerca de US$ 3,000 millones de dólares para el año 2017 (suponiendo que solo el 56.8% de los dominicanos que residen en Estados Unidos, España y República Dominicana ahorre).
-Crea las condiciones para que las entidades financieras, tanto en el exterior como en República Dominicana, otorguen créditos con respaldo de garantía a la diáspora.
-Ofrece la asesoría y el acompañamiento a la diáspora para mitigar el riesgo de sus inversiones productivas.
– Daría mayor confianza a las entidades financieras para otorgar dichos financiamientos debido a la menor dificultad para ejecutar las garantías, en caso necesario.
Después de todas estas luces conviene preguntarse de dónde saldrán los recursos para arrancar con un proyecto como este. Se pueden explorar las fuentes de financiamiento del capital inicial con organismos internacionales, con el sector público y el privado.
Lo que sí sabemos es que: más del 55% de los dominicanos y las dominicanas residen en el extranjero cuentan con capital social, ahorro y capacidad de endeudamiento.
Para el año 2018 las remesas totales ascendían a más US$ 6,500 millones. Si consideramos que la diáspora envía a República Dominicana el 10% de su ingreso, podemos estimar que para ese año esta población producía US$ 65,000 millones al año. Es una suma bastante apreciable, que puede orientarse a la inversión productiva, incluyendo a sectores de ingresos medios y bajos a la dinámica de crecimiento económico.
Alguien podría decir que ya están las remesas, que son una gallina de huevos de oro para la economía nacional (se hacen dos millones de giros mensuales, en un país que tiene 2.5 millones de habitantes, prácticamente la mitad de los hogares dominicanos reciben remesas) y lo son, pero de acuerdo con la OIM se destinan a gastos recurrentes: alquiler, alimentación, educación y salud, por lo que “su capacidad de inversión es marginal” y se limita a “los sectores que proveen bienes y servicios para estos gastos recurrentes de la población”. En otras palabras, estamos ante una oportunidad distinta, que refiere la posibilidad de integrar más riqueza a la economía local y, a la vez, respaldar a los dominicanos y dominicanas en el exterior como inversionistas.