Durante décadas la gestión de la movilidad urbana ha sido un dolor de cabeza para todas las autoridades que han asumido la conducción del Estado, tanto desde el gobierno central como de los gobiernos locales. A pesar de las deficiencias que han persistido a través de los tiempos, el sector no ha tenido limitaciones para financiar la institucionalidad, los procesos y los “nuevos proyectos” que buscan solucionar el problema histórico del tránsito y del transporte colectivo a nivel urbano.
Desde la Corporación de Transporte Municipal (1966), la Corporación de Transporte colectivo (1975), la Oficina Nacional de Transporte Terrestre – ONATRATE (1979) y las “banderitas” (80’s), hasta las más recientes como la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses – OMSA (1997), la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET (1997), el Plan Renove (2002), “los pollitos”, “las garzas” (2002) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte – OPRET (2005) con el flamante Metro de Santo Domingo, son auspiciadas por el Estado sin que las mismas hayan solucionado este problema histórico de manera definitiva.
A finales del 2012 se establece el más reciente fondo para el financiamiento del transporte público y el desarrollo vial; a través de la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, se estableció en el Articulo 20: “Con el objetivo de promover el desarrollo vial y la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros y de carga se establece un impuesto adicional de dos pesos dominicanos (RD$2.00) por galón al consumo de gasolina y gasoil, regular y premium”, de estos ingresos la Ley señala que el veinticinco por ciento (25%) deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, mientras el restante será utilizado para el desarrollo vial.
Al día de hoy se ha recaudado alrededor de 2,130 millones de pesos dominicanos (MIC 2014), por concepto de lo convenido en el Articulo 20 de la Ley 253-12, lo cual unido al financiamiento para el sector transporte estipulado en la Ley General de Presupuesto y sumado al apoyo recibido por los organismos de la Cooperación Internacional o de entidades extranjeras, se verifica que el Estado cuenta una vez más, con los recursos suficientes para impulsar un proceso de transformación integral del sistema de transporte colectivo a nivel nacional, el cual repercutirá en el bienestar de la ciudadanía, incidiendo de manera directa en la reducción de los entaponamientos, en la disminución de la contaminación, el control de los accidentes y una mejora de los desplazamientos de los ciudadanos.
Es nuestra esperanza que este nuevo financiamiento contribuya para hacer lo que nunca se ha hecho en el transporte colectivo de la Republica Dominicana.