Justicia y bien común

FFAA amenazan la institucionalidad policial (1de 3)

Por Juan Tómas Taveras

Los países desarrollados con un estado de derecho efectivo por lo general tienen sistemas democráticos fuertes, políticas públicas, leyes y disposiciones firmes; supuestas a ser inquebrantables. La razón de ser de toda sociedad organizada. Tal es el caso, que, cuando en una situación se extrapolan las normas, los límites, disposiciones o costumbres, los pueblos se encargan de exigir la restitución de la normalidad o alertar ante posibles desviaciones.

Luego del final de la guerra fría, los Estados se vieron obligados a reformular la defensa, ante la aparente falta de amenazas, no siendo necesarios mayores transformaciones en las fuerzas policiales, salvo las rutinarias o uno que otro caso de violaciones a los derechos humanos, las fuerzas armadas fueron vistas como sobrantes ante aquel panorama ilusorio de un mundo perfecto y feliz. Para ellos se plantearon dos estrategias, una, reducirlas, y dos, eliminar, mayormente los  ejércitos. Las FFAA dominicanas no escaparon a esa realidad y aplicaron dos estrategias, una, tecnificarse con el requisito sine qua non de ser  Diplomado de Estado Mayor por una academia militar, y dos, la estrategia de mutar o desplazarse al asumir o engullir por osmosis aniquilante a las funciones y tareas propias de la Policía Nacional.

Crearon hábilmente unos tanques de pensamiento, publicaron un libro de doctrina y aumentaron los enclaves en la clase política con estrategias sostenidas de lobismo o búsqueda y cabildeo. Estas intenciones institucionales han sido sostenidas por más de veinte años y se inventaron el eufemismo de Cuerpos especializados para disfrazar sus reales intenciones arrebatar las funciones y espacios policiales. Este artículo no trata en sus consideraciones de crear una pelea interinstitucional, sino de desenmascarar, ante la opinión pública la labor de zapa, que ha debilitado seriamente al a Policía Nacional que consecuentemente empeora la seguridad ciudadana.

En las sociedades latinoamericanas, algunas con menos desarrollo que República Dominicana, cualquier sospecha de injerencia de las Fuerzas Armadas en los asuntos de Seguridad Pública se convierte en un hecho alarmante, para la sociedad dominicana lamentablemente esto es indiferente y pasa desapercibido. Es evidente que hoy las FFAA son la principal amenaza a la institucionalidad policial y a la seguridad ciudadana.

Hay experiencias recientes en Estados Unidos, El Ecuador, El Salvador, en España, entre otras, que nos muestra como actúan las sociedades civilizadas o que les interesa avanzar y respetar la institucionalidad del Estado.

Es evidente que ni en nuestra República Dominicana ni en Estados Unidos ni en ningún país organizado del mundo, los militares son la policía. Urge terminar esas injerencias que crean el mal funcionamientos de estas instituciones, haciéndolas débiles atrasadas y cada vez más desvinculadas de sus roles.

La Constitución dominicana en su última reforma dejó algunas incongruencias en cuanto a los límites de funciones entre militares y policías que ponen en situación de alto riesgo el desarrollo del sistema democrático y la gobernabilidad ante las denominadas “Nuevas Amenazas”. Tal vez se refieren a las contenidas en la Declaración de Seguridad en Las Américas, 2003, en México.

La Policía Nacional no debe continuar  subordinada a las FFAA y dejando espacios legales difusos que faciliten continuar usurpando sus funciones policiales, que en caso de no revisarse y corregirse en la actual reforma de la Ley Orgánica de la Policial, se provocará un retroceso en el fortalecimiento democrático e institucional y a la vez  ocasionará un debilitamiento de la defensa y la seguridad ciudadana de la República.

Cabe preguntarse: ¿Cuál es el objetivo de los centros de estudios y las academias, que durante tantos años se han desarrollado en las FFAA y en la PN, si el conocimiento obtenido y el debate de las ideas no pueden ser conocidos ni utilizados para beneficio de la sociedad? ¿Cuál es, entonces, la razón de ser de millones y millones de inversión en capacitación?

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los más altos mandos militares del país, asuman públicamente roles policiales y de auxiliares de justicia.?

¿Hasta cuándo seguirán nuestros militares en una doctrina atrasada de política de guerra fría o estado de guerra.?

¿Hasta cuándo los militares entrenados con recursos del Estado, como los cazadores para proteger nuestras cordilleras y montanas, los SWAT y los antiterroristas para situaciones de emergencia nacional, infanteros, pilotos e ingenieros navales dejarán de cuidar espaldas, ser watchman en empresas públicas y privadas, dirigir el tráfico en AMET, cuidar hoteles y turistas en Politur, perseguir narcotraficantes, hacer redadas, chequeos ciudadanos y otras tareas de naturaleza policial? ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas ante la amenaza latente e inminente de la creación de un Ejército haitiano, patrocinado y entrenado por Estados Unidos y Francia?

Es inconstitucional e ilegal no asumir su rol militar, para el cual fueron entrenadas y concebidas las FFAA: proteger la soberanía e integridad nacional en su espacio aéreo, marítimo y terrestre fronterizo. Así mismo, toda lo atinente al derecho punitivo es competencia de la función policial conjuntamente con los demás actores del sistema judicial.

El debate sobre este tema debe seguir abierto. Por lo que invitamos a analizar  y a reflexionar sobre estas barbaridades que buscan favorecer intereses particulares contrarios al interés colectivo.

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