Sería ruin atribuirle al partido de gobierno, o a cualquier otro, la causa mediata de los feminicidios que de más en más escandalizan a la sociedad dominicana, como ocurrió el día primero de este año. Porque la fuente primigenia de ese grave problema es sistémica, tiene que ver con los valores dominantes en una sociedad dividida en clases, atravesada por la inequidad de género; dominada por lo masculino, que centra en el deseo sexual, el control del cuerpo y todas las manifestaciones de la vida en la mujer.
El problema surge de una sociedad, que de hecho está en proceso creciente de cuestionamiento, en que la mujer reclama su libertad, se independiza, tiene cada vez más acceso al mercado de trabajo, a la actividad pública y a todos los ámbitos de la cultura. Es un problema político, en tanto resulta de un nivel de subversión a valores dominantes de una sociedad que dispone de unas instituciones para garantizar esos valores.
Podría decirse que el nivel de gravedad que alcanza ese problema, es respuesta del machismo; reflejo del decaimiento del dominio masculino sobre las mujeres, del hecho de que estas participan de más en más en la actividad productiva y en los asuntos públicos, liberándose de esa dominación. Es como decir, que el monstruo se resiste a morir y hace uso de sus garras con inusitada frecuencia y alevosía.
No es en el fondo causado por un partido o gobierno en particular, aunque estos si reproducen las condiciones para que ese problema perviva.
Pero un cambio de gobierno podría mejorar la comunicación de las instituciones públicas, y de las públicas no estatales, así como de la sociedad en general, dirigida a combatirlo; y cabría esperar mejores resultados en el combate a ese flagelo.
Porque, es que, el actual es un viejo gobierno; en gran medida gastado, con una marcada tendencia a la baja de la confiabilidad por parte del pueblo en las cosas que dice y hace. Puede incluso proponerse hacer cosas buenas, y serían recibidas con reservas, como despropósito, o demagogia.
Se desenvuelve en el marco de un régimen de impunidad, que de alguna manera se proyecta a todas las manifestaciones de la vida social, y donde el problema más complicado se resuelve en las relaciones con alguien en el poder, o con dinero. De hecho, se sabe que muchos feminicidas han podido cometer sus crímenes, amparados en la negligencia, la abulia, y hasta la complicidad de la policía, fiscales y jueces.
Como dirían los comunicadores, hay demasiado ruido entre el gobierno y la sociedad en general, que impide la comunicación de ida y vuelta que pudiera organizar y movilizar conciencias y voluntades en busca de objetivos comunes y sentidos por las mayorías, como es el caso de poner fin al escandaloso y vergonzante problema de los feminicidios.
En adición a esto, que de por si es mucho, se agregan otras dificultades, como la que deviene del hecho mismo de que el gobierno ejerce la violencia contra el pueblo, no necesariamente policial, aunque de esta hay mucha; sino, también, mediante privaciones en la educación, salud, viviendas, seguridad social, empleos bien remunerados, entre otros derechos; mientras sus funcionarios y allegados muestran opulencias y ostentaciones de riquezas. Este marco general de violencia molestosa, pública y total, es inmoral, inapropiado, para combatir el feminicidio y cualquier otra forma de violencia.
País y pueblo requieren de una nueva ambientación política, en la que se expresen nuevas subjetividades colectivas para algo nuevo; surjan instituciones adecuadas, preventivas y sancionadoras del problema; se recupere la confianza en las públicas; haga posible una cruzada que abarque varios ámbitos de la sociedad, entre estos la educación a todos los niveles y la cultura como un eje transversal a todo lo que discurra.
Para crear esa sensación de vida nueva, es necesario superar este viejo gobierno.