Actualmente se sigue un proceso oral, público y contradictorio entre el Ministerio Publico y el Senador de San Juan de la Maguana, el Ing. Félix Bautista, el cual se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia, gracias a su condición de senador y por ante un juez que fue y, aparentemente, sigue siendo miembro del comité central del partido del cual el Ing. Félix Bautista es Secretario de Organización.
Pero no nos dejemos llamar a confusión, en ningún caso se está discutiendo la inocencia o la culpabilidad del Ing. Bautista, pues él y sus abogados pretenden, hacen gestiones y le han solicitado al juez, que no permita que las pruebas sometidas por el Ministerio Público se tomen en consideración, pues según estos, fueron obtenidas sin antes notificar al afectado; además gestionan que el juez considere su inmunidad parlamentaria y además alegan que ya fue juzgado por esos mismos hechos. O sea, tratan de que no se conozca el fondo del proceso, que lo declaren nulo o que en el peor de los casos, no se acepten todas las pruebas sometidas en su contra.
Con o sin base legal, de lo que hablamos es de un inculpado que rehúye por todos los medios al juicio de fondo y por si se conoce el fondo, pretende que no se acepten las pruebas, pero que además prometió públicamente que se despojaría de la inmunidad parlamentaria y, ante el juez, se acoge a ésta. Sin embargo, frente al público quiere que el juicio, que trata de evadir, sea transmitido en vivo por televisión y por radio, intentando ganar puntos ante la opinión pública.
Nos recuerda los jóvenes en la escuela, que acuerdan con sus amigos que lo separen y no lo dejen pelear, pero vociferan SUÉLTENME, SUÉLTENME…….., para luego exclamar: TE SALVASTE PORQUE NOS SEPARARON. Y así pretender ganar ante la opinión de los demás compañeros.
No somos abogados, por lo que mal haríamos en emitir juicios legales, cuando los más destacados juristas del país lo están haciendo y otros son parte de la Litis en cuestión. Pero como ciudadano, somos parte de la opinión pública y entendemos que el numeral 3 de la nueva Constitución, aprobada en Enero de 2010, dice lo siguiente: "Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente."
Pero independientemente de esos aspectos técnicos legales, la Sociedad Dominicana ha reclamado que se invierta el Fardo de la Prueba, para que así sea más fácil poder mitigar el flagelo de la Corrupción Administrativa. Invertir el Fardo de la Prueba significa que los funcionarios públicos tienen la obligación de probar el origen de sus bienes, como de hecho establece nuestra nueva constitución y hace mucho tiempo que la opinión pública lo asumió así, a la hora de juzgar que funcionario ha sido corrupto o no. Y claro, nadie se cree que el dinero pare, nadie se cree que ahorro todo su salario y si lo hizo, tampoco suma lo que suman los bienes que posee.
En tal sentido, puede que logre que no se conozca el fondo de esta acusación, puede que se conozcan y no acepten las pruebas sometidas por el Ministerio Público, incluso puede que si se conozca el fondo con todas las pruebas sometidas por el Ministerio Publico y que en cualquier caso lo descarguen; pero ante la opinión pública está condenado, pues pocos conocen las pruebas del expediente acusatorio, sin embargo sólo les interesa las pruebas del origen lícito de semejante fortuna.
En otras palabras, hace ya mucho tiempo que la permisibilidad y la aparente o clara corrupción del pasado gobierno, fueron juzgadas y condenadas por la mayoría de los dominicanos.