Ampliando lo que entendemos como puntos básicos del modelo, podríamos comentar que las empresas con buenos balances del bien común dispondrían de ventajas legales (reducción de impuestos, preferencias arancelarias, acceso a créditos y otros privilegios que tenderán a mejorar la competitividad interna y externa.
Esos balances del bien común se refieren a la confianza, cooperación, aprecio, democracia y solidaridad. Esas que sustentan los valores que hacen que se desarrollen las relaciones humanas. Un buen clima de relaciones humanas cataliza la motivación y con esta la productividad.
Dado a que el modelo implica que el rendimiento financiero es un medio no un fin, las organizaciones tenderán a establecer una estructura adecuada al mercado, por lo que evolucionarán en función del mismo. Esto las colocaría en una situación en la que desaparecer no es opción. En cuanto a los ingresos y su relación con el patrimonio se regularía de forma tal que los ingresos máximos no excedan la sumatoria de X salarios mínimos. Las propiedades no deberían sobrepasar un monto determinado y que se modifique en función de la inflación anual. Asimismo, el derecho de cesión y herencia se establecería en montos fijos y revisables periódicamente, tanto para personas particulares como para los casos de empresas familiares. Los montos restantes a los límites establecidos serían asignados vía un “Fondo de Generaciones” como “Dote Democrático” a las próximas generaciones. Con esto se busca la igualdad de capital inicial implique equidad en las oportunidades.
Se asumen los bienes democráticos, de los cuales el banco democrático es uno de los importantes. Su objetivo es propiciar el bien común, bajo el control de la ciudadanía soberana. Bajo un esquema de ofertas que propicien el ahorro debidamente garantizados, cuentas corrientes sin costos, créditos blandos y facilidades más amplias a proyectos o empresas con enfoque social o ecológico. El financiamiento del estado se haría vía créditos del Banco Central, sin costo y éste último detentaría el derecho exclusivo de emisión de dinero, siendo el responsable de las transacciones de capitales internacionales y con esto colaborar en la mitigación de la evasión fiscal. Definitivamente, esto implicaría la desaparición del concepto del mecanismo actual de mercados financieros.
Un cambio severo se generaría en el ámbito legal-económico, pues las normas de negociación basadas en el afán de lucro cambiarían por la competencia por cooperación y contribución al bien común.
Se crearía y sostendría un ambiente propicio en el que converjan micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en todos los sectores. Dado a que el crecimiento no será determinante para mantenerse operando, la tendencia a la cooperación será mayor, por lo que se induce a la solidaridad a través de una suerte de acuerdos estratégicos en lo tecnológico, Know How, acceso a créditos, entrenamientos, etc. De esta forma primaría el concepto de “Ganar-Ganar”. Las compensaciones no se harían esperar, pues aumentaría el balance del bien común, lo que ampliaría los beneficios a las empresas en virtud del incremento de sus compromisos sociales.
Para las empresas y la economía en general el éxito económico sería medido a través del balance del bien común y el producto del bien común respectivamente. Contrario a lo usual que se realiza vía la medición de indicadores económicos y monetarios. En función de una actividad que en tanto más ecológica, solidaria, social y democrática mejores serán los resultados del balance del bien común alcanzados. Un buen resultado de este último implicaría un mejor producto del bien común.
Se necesitaría establecer, en base a una unidad de cálculo, una suerte de acuerdo monetario mundial que viabilice el comercio internacional. Lo aranceles serían aplicados en función del cálculo del balance del bien común. A nivel local, monedas regionales pueden complementar la moneda nacional.
Se crearía el concepto de bienes democráticos, que no son más que instituciones económicas públicas en los ámbitos de la acción social, energía, educación, salud, comunicación, energía y movilidad.
La democracia directa y la democracia participativa complementarían la democracia representativa. El elector, de forma soberana, debería corregir y controlar su representación, al poder estructurar normas legales, ser parte de posibles modificaciones constitucionales, así como ser parte del sistema estratégico de la estructura de abastecimientos: transportes, energía, fuentes acuíferas, correos, entidades financieras. Se pretende la instauración de una democracia real, en donde los intereses de los representantes y de los ciudadanos son los mismos, para quienes se convertiría en un derecho y un deber constitucional el legislar y controlar.
Aún quedan otros aspectos particularmente interesantes, pero ya nos luce que la plataforma social en la que se puede iniciar este modelo tan especial por su definido objetivo de equidad requiere de una condición insoslayable y es la de solida educación de los individuos que conforman el conglomerado social, además de una irrenunciable institucionalidad, sin sensaciones de tibiezas y sin tonalidades grises.
En la próxima entrega continuaremos con otras particularidades del modelo y las reflexiones finales de su aplicabilidad en un mundo conformado por seres fieramente humanos.