La racionalidad económica del mercado necesita y utiliza al Estado. Los valores y premisas propios de la “racionalidad medio-fin” son los que sustentan esos valores del mercado. Esa racionalidad impone unos principios que fueron transferidos al estado; para que este sea tan racional y eficiente como el mercado, pero sin interferir. En función de esa eficiencia racional debe reducir sus labores a ser solo un órgano regulador, el árbitro de las actividades privadas.
Desde esa misma perspectiva se desarrolló una crítica feroz de fuerte contenido anti estatista que dio paso a un proceso de privatización y desmantelamiento de las funciones sociales estatales. “El estado no debe realizar ninguna actividad que pueda ser desarrollada por el sector privado” se repetía hasta la saciedad. Esa crítica incluía al estado empleador como parte del desmonte del estado dueño de bienes (tierras, empresas, infraestructuras, etc).
En ese sentido, todo el proceso, que ocupó más de dos décadas, de reestructuración estatal, privatización de propiedades y reorganización institucional a fin de hacer más “eficiente” al estado, debió dar como resultado un estado y un gobierno más eficaces, menos corruptos y con una burocracia apropiada para las necesidades de un país de las dimensiones de Republica Dominicana.
La publicación del estudio de OXFAM y la propuesta de Farides Raful en la cámara de diputados, vuelven a poner algunas evidencias sobre el tapete. Estas publicaciones, además de mostrar hasta el asombro la cantidad de “botellas”, instituciones “sobrantes” y el dispendio generalizado, deben ser conectadas con la otra realidad que ambas revelan.
La crítica al Estado fue el argumento central del pensamiento instrumental dominante desde los años 80, hasta principios del siglo XXI. El estado sobredimensionado, megalómano, ineficiente y corrupto debía ser reducido a un tamaño que le permitiera ejecutar sus funciones con eficacia y con un costo mínimo para la sociedad.
El estado fue declarado el gran culpable de los males de la sociedad. Esa entidad ineficiente y su corrupta burocracia no podían ni debían sustituir a la empresa privada. Desde esa perspectiva se iniciaron urgentes procesos de “reformas”, que cambiaron medularmente la sociedad y la idea de progreso.
La cuestión del empleo fue central para la reestructuración / privatización de las empresas estatales, con ese tema se logró imprimir un quiebre ideológico en el conjunto de las clases, del mismo tipo que el operado en la estructura económico-social.
Las empresas públicas fueron privatizadas. Mediante decretos, se crearon comisionados y direcciones generales (la lista es bastante larga) esta vez al mando de una burocracia que venía del “sector privado”; se crearon expectativas sobre la redistribución del ingreso, democratización de las instituciones y la compensación por la transferencia de los bienes públicos que se iban del mundo estatal al mundo privado.
Cuando Max Weber, creó el concepto de “burocracia privada” y lo aplicó a la gran empresa que había surgido en su tiempo. Él pensó que las burocracias privadas siempre estarían sometidas a las burocracias públicas; no se las imaginó al servicio de las privadas; no creyó que estas tomarían el control de las burocracias públicas, poniendo los bienes y servicios del estado en sus manos.
El papel del estado de empresario-empleador comenzó a deteriorarse y cobró auge el estado subsidiador y contratista, no se reestructuró el gasto estatal, pero se estableció un régimen de subsidios y exenciones a las empresas privadas.
En efecto, la reducción del empleo estatal era un efecto directo y esperado de la privatización de empresas públicas y de la desaparición del estado empresario, sin embargo esto contrasta con el fuerte crecimiento del estado empleador directo, esta vez, de empleos improductivos y de botellas para sangrar las nóminas públicas.
Trajo consecuencias sobre el mercado de trabajo, el cambio estructural que produjo pasar de un modelo con fuerte participación estatal hacia un modelo organizado alrededor de las privatizaciones y la apertura de la economía, a los flujos internacionales de bienes y capitales: zona franca, turismo , minería, etc.
Todo esto aderezado por “reformas” al sistema legal (Impositivas, código de trabajo, pensiones, salud, etc.) de protección al trabajo de los asalariados; esto impactó el mercado de trabajo; tanto la generación como la calidad de los empleos. Todavía queda la lucha por mantener la protección frente al despido (cesantía) y contra una “flexibilización” laboral, que cambiarían radicalmente el perfil del empleo y aceleraría la tendencia a la informalidad y la precarización de la fuerza de trabajo.
La contradicción existente entre el propósito declarado de las “reformas” y sus efectos reales sobre el empleo estatal es la otra realidad que puede verse, nueva vez, a través del estudio de OXFAM y la propuesta de la diputada Farides Raful.
La estrategia fue exitosa. El sustento político e ideológico de uno de los principales argumentos con los que se justificó el programa de “reformas” estructurales instrumentado en el país, fue la retirada del estado, la privatización, la imposición de las leyes del mercado y el desmantelamiento del sistema de regulación, fue la desaparición del estado empresario, pero con el no desapareció el estado empleador.,
Las profecías de que junto a la apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y capitales, y la privatización de empresas públicas, vendría el crecimiento de la economía que no tardaría en "derramarse" hacia el conjunto de la sociedad, muy especialmente hacia los sectores de menores recursos, se derrumbaron. El estado sigue siendo el mayor empleador.
En la práctica se han registrado incrementos en la productividad de los trabajadores y estos se “derramaron” casi en exclusiva hacia las fracciones más concentradas del capital (bajo la forma de una ingente y creciente masa de beneficios), mientras que las demandas de los sectores sociales fueron relegadas, mercantilizadas y clientilizadas.
Y luego llegó el maquillaje: con el transcurso de los años se cambió la metodología de medición del empleo y “disminuyó” la cantidad de personas desocupadas. No, ya no hablamos de empleo sino de ocupación, la diferencia no es sólo semántica. También junto a los fuertes aumentos en la productividad del trabajo, se registró un ostensible deterioro en las condiciones laborales, reducción del salario real y regresividad en la distribución del ingreso de los trabajadores. Mientras tanto, el Estado sigue siendo la mayor fuente de empleo.
Una vez más se prueba que la privatización en sí misma no era el camino, no implica disminución de su papel en la economía, ni eficiencia estatal, ni dejar de lado su megalomanía, ni su corrupción.
El anteproyecto de ley de Farides Raful sobre Reorganización de la Administración Pública y las propuestas del estudio de OXFAM para la implementación de medidas que prevén un uso consecuente de los recursos para dar mayor capacidad al estado para garantizar derechos a la población, son un buen punto de partida.
Profundizar en ellas demandará transformaciones más intensas, que deberán apelar a algo más que la buena voluntad de la dirigencia política.
¿Permitirá la actual lógica de conducción del estado y la sociedad profundizar en las propuestas de Farides Raful y de OXFAM?
¿Cómo organizar las energías para que nos conduzcan, desde una racionalidad distinta, a repensar al Estado?