Por disposición expresa de la presidencia, todas las obras en construcción o por construir hay que entregarlas antes de abril del 2020. Si no se logra hay que tener algo preparado para que el presidente vaya y la inaugure escondiendo cualquier fallo o incumplimiento de esta disposición.
Es una carrera contra el reloj porque la reelección va, cueste lo que cueste. Eso es lo que cree el Ministro Administrativo de la Presidencia y hombre de extrema confianza del presidente Medina.
Llamar a firmar el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico después de dos años engavetado, es una demostración de desesperación para aupar la reelección.
Todo el mundo sabía que la comisión creada por decreto número 389-14 del 13 de octubre del 2014, nunca llegó a consensuar el famoso Pacto y varios se retiraron de la discusión. Eso incluye a sectores industriales, partidos y representantes de algunas organizaciones.
Parece que el gobierno le doblego el brazo a varios de los escépticos participante de la comisión para que asistieran a la firma del Pacto el miércoles 20 de febrero pasado. Pero no lo logro con el PRM.
El gobierno lo sabia de antemano pero aun así hizo la convocatoria para después anunciar que no se firmaría por la oposición de un partido político, precisamente el oponente más serio del partido en el poder.
Pero que dice Manuel Cabral, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), citamos “Si la Ley de Electricidad vigente hoy en día hubiese sido cumplida a cabalidad no hubiese la necesidad de llevar un Pacto Eléctrico”.
Y el PRM plantea, citamos algunos de sus reclamos:
1. Que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole.
2. Realizar una reestructuración en referencia a la CDEEE de tener un solo Consejo de Administración y fusionar las tres distribuidoras en una.
3. Realizar las auditorías de lugar a las Distribuidoras, que desde el año 2012 no han sido realizadas.
4. Aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10% sobre sus ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales.
5. Establecer un Programa de Licitaciones para la Contratación de Energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado.
6. Que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina, a través de una empresa de auditoría independiente y que se realice una licitación transparente para determinar el precio de la energía al que venderá dicha central. Cierra la cita.
Y nosotros nos preguntamos ¿Por qué no se ha saneado financieramente las EDES cargadas de personal innecesario y gastos superfluos? ¿Por qué no se han hecho auditorias recientes a las distribuidoras? ¿Por qué no se ha reorganizado el sector eléctrico donde hay múltiples instituciones que duplican funciones y le cuestan millones de pesos al fisco? ¿Por qué Punta Catalina no esta en la lista de obras construidas por Odebrecht donde muy posiblemente se pagaron altas comisiones como en las demás? ¿Cuándo sanearan la CDEEE, que es otro barril sin fondo?
Si estos graves problemas no se han solucionado en 4 años, cuando comenzó la discusión del Pacto, ¿quién garantiza que, con una simple firma forzada de ese Pacto, todo cambiará? Este es un gobierno anti-reforma, que no hará nada que le perjudique en sus intentos reeleccionistas si eso incluye remenear la mata del populismo, sacando gente de la administración publica o eliminando instituciones.
Nuestro país tiene un gran problema. Cuando se logra avanzar en la reforma de un sector en particular, no pasa un año sin que todo vuelva a como estaba antes o peor. Hay una excelente Ley de Salud aprobada en el 2002 que jamás se ha intentado aplicar en su justa dimensión y más lejos aún está la aplicación de la ley de seguridad social, donde 16 años después todavía se discute sobre la implementación de la atención primaria. Increíble pero cierto.