El discurso que propone que el Estado se abstenga de hacer inversiones en nuevas plantas de generación tiene tan débil asidero como su contrario, aquel que plantea la re-estatización pura y simple de todo el sistema eléctrico nacional.

El Estado dominicano, a través de las tres empresas distribuidoras, compró energía a las generadoras privadas y a las hidroeléctricas por un monto aproximado de 2,000 millones de dólares en el 2012.

Es lógico, pues, que frente a una factura de tal envergadura, el comprador (Gobierno) procure abaratar el precio medio de la energía que compra,  mediante la instalación de plantas capaces de producir a más bajo costo.

Además, desde la instalación en el 2003 de la planta de gas natural de AES en  Boca Chica, hasta la inauguración este ano de las plantas Quisqueya 1 y Quisqueya 2, en San Pedro de Macorís, como parte de  un arreglo empresarial entre la Barrick Gold y Egehaina, el sector privado no había hecho otras inversiones de gran escala en nuevas plantas.

La instalación de plantas eléctricas que usan carbón o gas natural como combustibles podría (y debería) ser asumida por el Estado en su condición de responsable principal en garantizarle a la sociedad  electricidad suficiente y a precio razonable

Esa escasez tan prolongada de inversión en generación – diez anos – ha provocado que la oferta de electricidad sea casi inflexible, rígida, en tecnología y costos, acarreando grandes sacrificios financieros al Estado vía un enorme subsidio a las distribuidoras para que estas paguen a los dueños de las plantas la energía que le compran, distribuyen entre la población y  no la cobran.

Mientras tanto, el incremento de la demanda de electricidad por parte de la población no se detiene, la búsqueda de soluciones individuales, ineficientes y contaminantes continúa, y la presión social  sobre el Gobierno también.

De su lado, los generadores privados parecen estar esperando a que llegue el 2016 cuando vencerán los contratos de largo plazo (derivados del Acuerdo de Madrid)  y el Gobierno a través de las distribuidoras se verá obligado a renegociar  y recontratar en términos y circunstancias favorables para ellos.

El vencimiento de dichos contratos podría ser una oportunidad para que el Gobierno, que basado en el Artículo 110 de la Ley General de Electricidad, a través de las distribuidoras llame a una licitación de gran escala para sustituir toda la energía "vieja" basada en combustibles derivados del petróleo por energía nueva generada por plantas de gas natural y carbón.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que debido los grandes riesgos regulatorios, el manejo político y oportunista de la tarifa y la quiebra de las distribuidoras, los generadores privados adoptan estrategias conservadoras y se niegan a invertir salvo que les concedan contratos de largo plazo suficientemente blindados.

En ese contexto, la instalación de plantas eléctricas que usan carbón o gas natural como combustibles podría (y debería) ser asumida por el Estado en su condición de responsable principal en garantizarle a la sociedad  electricidad suficiente y a precio razonable.

Frente a la realidad actual del sector el Estado puede y debe participar solo o asociado en proyectos de inversión en plantas de mínimo costo de generación.