Falencias del Plan de Seguridad Ciudadana[1]

Mucho se ha expresado acerca del renovado plan en marcha, el que cumple poco más de dos años, no obstante me gustaría exponer algunas consideraciones, de tipo técnicas, que a mi modo de ver explican el por qué está destinado al fracaso. Ojalá y algún tecnócrata las pueda leer y analizar:

1. Un plan que no contempla tiempos de duración de las acciones ni formas de evaluación. Toda política pública que pretenda ser transparente debe fijarse un tiempo concreto de duración e incluir indicadores precisos con miras a ser medidos para evaluar su impacto. Aunque medir el impacto, en el caso de una evaluación de este tipo, en un ámbito de realidad compleja no es tarea sencilla, siendo necesario contar con marcos conceptuales apropiados y diseños de investigación inteligentes, así como con un equipo responsable y capacitado, lo cierto es que cuando se trata del dinero público no puede darse cabida a la improvisación ni a los datos ocultos.
2. No prioriza la situación de corrupción policial.  La percepción de corrupción en la Policía Nacional para la población dominicana es sumamente alta. De acuerdo al Barómetro de las Américas 2010 (Encuesta LAPOP), el 59.2 por ciento de los encuestados pensaba que la policía estaba implicada en actos delictivos, mientras que solo el 29.6 por ciento afirmaba que protegía a la ciudadanía (AI, 2011). En una de sus visitas para la redacción del informe sobre abuso policial, un grupo de residentes de barrios de la capital contaron a Amnistía Internacional que muchos delincuentes pagan “cuotas” a la policía para evitar ser detenidos y poder seguir con sus actividades ilegales. Señala el informe que en un estudio realizado en 2008 sobre juventud y delincuencia en el barrio Guaricanos quedó confirmado que ésta institución y la Dirección Nacional de Control de Drogas toleraban o eran cómplices en el establecimiento de puntos de venta de drogas. Las famosas redadas son el mecanismo utilizado por los cuerpos del orden para ejercer extorsión, operativos que a todas luces son también ilegales. El propio presidente de la República ha aceptado que la policía se ha visto envuelta en diversos casos de tráfico de drogas y otros delitos. Preocupante es que la mayoría de estos casos de corrupción son investigados por la Dirección de Asuntos Internos, y no por la Procuraduría Fiscal correspondiente.
3. No adopta el análisis de la perspectiva de género. Históricamente la generación del espacio público ha estado marcada por múltiples desigualdades, sobre todo por las relacionadas al género. De ahí la importancia de adoptar la perspectiva de género en las dinámicas de construcción de los espacios públicos y de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Esta transversalidad implica la promoción de cambios culturales respecto de la democratización del territorio, persiguiendo que se asuma que la participación ciudadana en condiciones de igualdad es esencial para la democracia.  Una política de seguridad que no tome en cuenta estas diferenciaciones, los impactos específicos de la inseguridad en la vida de las mujeres, no podrá ser considerada una política pública efectiva.
4. No promueve la participación de los gobiernos locales en la solución de los problemas. Los delitos tienen particularidades que son locales, es decir, son manifestación de complejidades que tienen que ver con el espacio físico y el entorno, por lo que su prevención debe ser abordada, en especial, desde los gobiernos locales. Aunque las leyes le reconocen responsabilidades específicas a los ayuntamientos en la gestión de los problemas de seguridad, esto sigue siendo uno de los principales retos pues las autoridades municipales no se sienten obligadas con enfrentar la criminalidad en sus territorios.
5. No aborda una estrategia comunicacional para su difusión. El plan fue concebido por un grupo de técnicos del gobierno dominicano sin ser consensuado ni difundido más allá del día de la presentación del mismo. Salvo para el caso de algunas de las acciones incluidas en él, como la implementación del sistema 911, no se pensó en una estrategia integral de difusión que le permitiera a la población conocer el alcance y las formas de intervención de esta política. Es más, pudiera sostenerse que los residentes de los barrios intervenidos no tienen la mínima idea de en qué consiste este plan que procura brindarles mayor seguridad. Al tratarse de una de las políticas más delicadas, mucho más tomando en cuenta el enfoque autoritario dado en su ejecución, se tiene la obligación antes que nada de consensuarla ampliamente, y luego de proponer una estrategia comunicacional que genere la confianza y el nivel de colaboración necesarios para el éxito que, en principio, se desea.
6. No fortalece la capacidad para producir, gestionar y analizar información criminal. El principal problema que enfrentan las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos es que no cuentan con información estadística fiable y oportuna para el análisis criminal, para llevar a cabo estudios con cierto nivel de profundidad con miras a obtener el perfil psicosocial de la criminalidad, de la reincidencia, datos sobre modus operandi, entre otros aspectos clave, y así focalizar las acciones de prevención y/o persecución. La policía, por un lado, y luego el Ministerio Público, mantienen registros de información estadística que no es cruzada ni analizada desde un enfoque de inteligencia criminal. Por igual, debió prestarse mayor atención a los indicadores utilizados para captar la información.
7. Y, finalmente, por si no bastase, contribuye a fomentar la llamada “industria del miedo” por medio de la militarización del espacio público. Conformar patrullas mixtas de policías y militares para las labores de prevención en las calles y los barrios no es señal positiva. A pesar de que en su momento en una de sus declaraciones públicas el vocero de la Policía Nacional señalaba que los militares que patrullaban habían sido debidamente capacitados, no es esa su función natural. Esto, por supuesto, tiene un impacto en el imaginario colectivo, acrecentándose la sensación de riesgo a ser víctima de la criminalidad. Lo que parece primar no es más que una concepción de la seguridad fundamentada en la represión y la mano dura que no tiene vocación de hacer frente a las causas y consecuencias reales de la violencia. Es, en definitiva, una desacertada acción que debilitará mucho más la imagen y la confianza de una de las instituciones de por sí más débiles y enfermas, la policía.