“Si eludes la responsabilidad, no prosperarás”-Seth Godin, empresario estadounidense.
Las iniciativas en materia de políticas públicas avanzadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) en el cuatrienio anterior pueden considerarse trascendentes. La primera de ellas, iniciada en la efímera gestión de Pelegrín Castillo y continuada por el doctor Antonio Isa Conde con responsabilidad, rigurosidad conceptual y clara visión del punto de llegada, fue la del Programa de Exploración de Hidrocarburos en mar y tierra.
Como hemos señalado en otras entregas, dicho programa se inició con la recuperación de la información obtenida por diferentes instituciones y empresas durante siglo y medio para terminar, en esta fase crucial, con la organización e instalación de la primera Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH). Aquí cabe destacar el riguroso y extenuante proceso de interpretación de la información disponible ahora en dicha plataforma que, hasta mi desvinculación del ministerio, incluía 21,500 kilómetros de líneas sísmicas, más de 1,490 mapas y planos, 805 perfiles sísmicos y 212 registros de pozo.
Siguiendo la ruta metodológica trazada, se continuó con la construcción de los modelos geológicos -representaciones gráficas de los cuerpos geológicos in situ-, el análisis de los sistemas petroleros en cada una de las cuencas y la identificación de las áreas con mayor potencial en ellas para conocer la necesidad de adquisición de nuevos datos. Este largo y laborioso proceso culminó con la Primera Ronda de Subasta de Bloques de Petróleo y Gas de República Dominicana, lanzada en Houston, Texas, en julio de 2019, con la participación del MEMRD, los consultores de la prestigiosa consultora multinacional Wood Mackenzie y 26 reconocidas empresas de 11 países.
La subasta concluyó con la adjudicación a Apache Dominican Republic Corporation, LDC, filial de Apache Corporation (NASDAQ: APA), del bloque SP2 costa afuera en la cuenca de San Pedro de Macorís. Posteriormente, digamos que, en paralelo, se iniciaron los trabajos de preparación de la 2da Ronda de Subastas de Bloques de Petróleo y Gas, con la inclusión de las áreas no asignadas en la Ronda 1, así como de las propuestas de las partes interesadas aprobadas por el MEM, dentro del cronograma del proceso de la ronda.
Como una contundente muestra de respeto al principio de la continuidad del Estado en asuntos de importancia estratégica para la nación, el Gobierno firmó el jueves 22 de octubre su primer contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, que ejecutará la compañía estadounidense Apache en aguas del mar Caribe, al sur de la ciudad de San Pedro de Macorís. Como se sabe, se trata de un contrato de producción compartida (Production sharing agreement o Production sharing contract en la terminología anglosajona) que garantiza al Estado el 40% de los beneficios que se obtengan de la explotación de los recursos descubiertos (petróleo o gas).
Descubrir reservas aprovechables de hidrocarburos en el territorio nacional cambiaría la matriz energética dominicana, reduciría la dependencia de las importaciones de energéticos de origen fósil, incrementaría las fuentes financieras de sustentación del Estado, fortalecería la imagen internacional del país, alentaría la llegada de nuevos inversionistas y convertiría al MEMRD en el más importante e influyente órgano de gobierno del Estado dominicano. Sin duda, es un hecho que marcaría una línea divisoria entre un antes y un después en materia energética, además de que plantearía nuevos y serios retos en materia ambiental, dada nuestra realidad de pequeña formación insular.
Felicitamos al presidente Abinader por su oportuna comprensión de la importancia estratégica que tiene la persistencia en este programa. Entendemos que no hay ninguna exageración cuando afirma que la exploración petrolera, concebida con la debida rigurosidad científica, sería un hito de gran importancia en la historia de República Dominicana. Su decisión no solo implica la continuidad de un programa de Estado notable. Es también un mensaje contundente a los actores globales de seguridad, confianza legítima y garantía de continuidad de políticas de alto impacto en cualquier gestión de gobierno. Es señal de madurez política, de tránsito de la aldea clientelista a un Estado de Derecho funcional.
Nos alegramos igualmente por el hecho de que el MEMRD haya tomado muy en serio la ponderación de otras decisiones que entendemos muy importantes. Entre ellas, el Proyecto de Ley de la Minería Nacional que, como señalamos en la entrega anterior, resume enfoques, posiciones, hallazgos adaptables de un benchmarking regional, abordajes temáticos y reglas absolutamente necesarios en el contexto de una regulación vigente que está por cumplir cincuenta años.
Las mejores normativas envejecen ante la avalancha de nuevas situaciones, nuevos modelos de organización, cambios en la institucionalidad nacional e internacional, y en la visión estratégica del desarrollo del país. Nada dura para siempre, y menos en lo que concierne al ordenamiento jurídico que rige la vida nacional.
Otra de las reformas diseñadas en el ministerio es el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera: elemento perentorio de una buena gobernanza de los recursos naturales no renovables. Como hemos explicado en otros artículos, este elemento está indisolublemente vinculado con la sostenibilidad, bien entendida, de la minería nacional.