Por el escándalo de los Súper Tucano, la empresa Embraer está siendo profundamente investigada por la justicia brasileña, y ya, varios altos ejecutivos implicados en el soborno que se dice recibieron las autoridades dominicanas para adquirir los aviones, están siendo sometidos a la acción judicial de ese país. Es indudable que los tribunales brasileños llegarán hasta las últimas consecuencias.
En los Estados unidos existe la Ley Federal de Prácticas Corruptas en el Extranjero (1977). La violación a esta Ley por los funcionarios empresariales brasileños y militares y políticos dominicanos al utilizar una empresa fantasma para canalizar el soborno, motorizó el inicio de las investigaciones en ese país y se dieron a conocer por primera vez hace meses por una publicación que ofreció el Wall Street journal. La irregularidad fue descubierta por el organismo regulador de las actividades financieras en los Estados Unidos (Departamento de Justicia y Valores).
El Wall Street Journal, en otra publicación del 24 de septiembre, señaló el avance de las investigaciones que hacen las autoridades de Brasil con el enjuiciamiento de ocho altos funcionarios de Embraer. Es un hecho que el estricto sistema de justicia norteamericano, no dejará impune a nadie que haya cometido alguna infracción a sus leyes, y en Brasil, la misma empresa vendedora coopera con las autoridades, ya que, por su prestigio internacional, le favorece transparentar lo acontecido.
En cuanto a las investigaciones en nuestro país, lamentablemente y a pesar del gran descredito a la justicia, a las Fuerzas Armadas, a la clase política (especialmente a nuestros legisladores) y al buen nombre de la nación dominicana, no se avizora ninguna investigación profunda sobre el caso ya que, a pesar de las declaraciones del Procurador General de la República diciendo que había una investigación, personas claves relacionadas con el caso han dicho que no han sido interrogados por nadie.
Cuando se publicó el monto del financiamiento que se hizo (93.6 millones de dólares) para la adquisición de estas aeronaves a través de un préstamo al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y el precio que se pagaría por cada una (11.7 Millones de dólares), pude conseguir la información de que había una diferencia cercana a los US$2M por cada Tucano con relación al precio que habían pagado otros países por el mismo avión (alrededor de 9 Millones de dólares). Advertía sobre esto en varios artículos ya que se trataba de un escandaloso porcentaje que el Estado dominicano pagaría sobre el verdadero costo de los aviones. Esta irregularidad, involucraría una cuantiosa suma que podría alcanzar los 16 millones de dólares. Sin embargo, mis advertencias se perdieron entre la indiferencia de quienes debieron investigar, la mofa y el rechazo de los corifeos de quienes estaban en el gobierno y el bullicio de otros que se oponían al proyecto de la compra de estos aviones, no por la poca transparencia en su adquisición, sino por el inconsecuente alegato de que no eran necesarios. Mientras tanto, la inevitable dependencia política de la Procuraduría General de la República, parece una retranca para que su incumbente emprenda una investigación inmediata y seria a quienes fueron mencionados por los investigadores brasileños y norteamericanos.
El mismo criterio de protección a funcionarios civiles y militares que se impuso para garantizarle impunidad a los implicados con Quirino Ernesto Paulino y Figueroa Agosto, parece prevalecer de nuevo en el caso de este otro gran escándalo de corrupción. El nombre de un simple coronel, es el único que se conoce entre los dominicanos vinculados en este caso. El militar de menos rango parece el chivo expiatorio en una operación irregular que puede implicar la sustracción del equivalente de cerca de 700 millones de pesos al Estado Dominicano.
La supuesta investigación que hace la PGR, se pierde en la incredulidad por el misterio y que le rodea y la falta de resultados. Sin embargo, la Fundación Primero Justicia, presentó el 26 de septiembre a la Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción (dependiente del PGR), una querella contra el ex Presidente Leonel Fernández, el coronel Carlos Piccini y los funcionarios de la empresa Embraer, acusados en su país. Veremos el curso que se le da a este sometimiento.
Cada vez que alguien instrumenta un expediente sobre corrupción acontecido en el gobierno de Leonel Fernández, hay pocas esperanzas de que un Tribunal pueda actuar con independencia y emitir un veredicto condenatorio. Lo habitual es una desestimación o descargo “por falta de pruebas”, “por no haber cometido los hechos”, “el archivo definitivo del expediente”, etc. Lo más grave del caso es que, cuando esto acontece, estos “descargados”, resultan personas “inmaculadas” que nunca han sido condenadas, pueden acusar por difamación a quienes le han sometido y hasta ocupar las mismas posiciones donde cometieron la infracción, porque “ningún tribunal lo ha encontrado culpable de nada”.
Sin embargo, nunca se puede perder la esperanza de que algún Juez “se case con la gloria” y simplemente actúe con imparcialidad y lleve un caso como éste hasta las últimas consecuencias, desprendiéndose de las ataduras que tiene casi todo el sistema judicial dominicano con el ex Presidente de la República, lo que garantiza la impunidad a él mismo y a cualquiera de sus más cercanos colaboradores. El expediente de los Súper Tucano es un verdadero reto para la Justicia dominicana.