Hay dos elementos que, a mi juicio, determinan el éxito de una movilización social: la participación masiva y la solidez de los planteamientos.
La Marcha Verde ha logrado concitar la participación multitudinaria de los más variados sectores en torno a propuestas sólidas y factibles, en una sociedad que se cansó del abuso e inoperancia de las autoridades y que perdió el miedo a expresarse libremente.
Ello ha quedado demostrado en los siete meses que lleva la movilización con manifestaciones callejeras continuas en el país y en el exterior, coronadas el pasado 16 de julio con la "madre de todas las marchas".
Consciente del valor de los principios y prácticas democráticas, una gran proporción de la sociedad dominicana ha tomado las calles para reclamar sus derechos, cuestionar las prácticas autoritarias del grupo gobernante y demandar sanción a los funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción o robo del erario público, incluyendo al presidente Danilo Medina (PLD) y a los ex presidentes Leonel Fernández(PLD) e Hipólito Mejía (PRD-PRM).
La presión política de las manifestaciones sociales de los Verdes forzó la puesta en marcha de un proceso judicial contra algunos de los implicados en los sobornos de Odebrecht.
En una burla al reclamo popular, el procurador Jean Alain Rodríguez, nombrado por el presidente Medina, montó una pantomima procesal de tal calibre que a los abogados defensores les está resultando muy fácil desmontar jurídicamente las acusaciones contra sus representados.
El cartel político gobernante del PLD esperaba que el pueblo, conforme con la pantomima o marea judicial, iba a cesar la movilización y, algunos, incluso,se apresuraron a premonizar que ese era el fin de la Marcha Verde.
La Marcha Verde del 16 de julio desdijo dicho pronóstico. Pues, no sólo fue esta una actividad numéricamente más grande que las anteriores, sino que los voceros reafirmaron sus demandas con la inclusión del procesamiento judicial de los tres hombres que han modelado la práctica política cartelizada del país en los últimos veintiún años (Hipólito, Leonel y Danilo) con sus efectos nefastos en la cruda realidad social del país.
El procesamiento judicial y la renuncia o destitución de funcionarios públicos por actos de corrupción, incluyendo presidentes y primeros ministros, se ha convertido en lugar común en las democracias de América Latina y Europa, llegando incluso a afectar a integrantes de monarquías tan sólidas como la española.
El procesamiento judicial y la destitución o renuncia de funcionarios corruptos es una práctica natural de la democracia que refuerza el sistema político y afianza sus instituciones.