Luego de un repaso del status de la lucha contra la corrupción en América Latina, y vistos los procesos de la “dictadura de los jueces” de Brasil, el desmantelamiento del aparato mafioso de la recolección de coimas en Argentina con el destape de “los cuadernos”, el desmantelamiento de la corrupción que mina al mismo sistema judicial en Perú por la misma fiscalía, era una esperanza que la iniciativa de un referendo para obtener el apoyo ciudadano a siete reformas en contra de la corrupción llegara a buen puerto en Colombia.
Por mandato legal, el referendo se validaba con un tercio de los votantes del padrón electoral. Es decir, había una valla de un poco más de 12,140,000 de participantes para hacer mandatorios los resultados del referendo, logrando solamente 11,645,000, como lo informara ACENTO.COM.DO en el reportaje de ña BBC-Mundo: https://acento.com.do/2018/bbcmundo/8601166-el-referendo-contra-la-corrupcion-en-colombia-queda-invalidado-tras-no-atraer-a-suficientes-votantes/
Pero, satisface que el 99% de los votantes aceptaron las siete propuestas que consistía el referendo. Es decir, a pesar del fracaso, se mostró una firme intención de enfrentar el cáncer de la corrupción.
A los votantes se les invitó a responder si estaban de acuerdo con siete medidas, a saber:
1. Un límite de 25 veces el salario mínimo nacional a los sueldos de los integrantes del Congreso y de los altos funcionarios. Actualmente reciben 40 veces el mínimo nacional, que equivale a 10.400 dólares mensuales.
2. El requisito de que aquellos condenados por cargos de corrupción cumplan su sentencia en la cárcel y que pierdan su vínculo con el Estado sin compensación.
3. Procesos de contrataciones abiertos y transparentes para todos los niveles de las entidades públicas.
4. Participación ciudadana directa en todos los aspectos del presupuesto público, en la decisión de los gastos y recibir actualizaciones periódicas sobre estos.
5. Que los congresistas rindan cuentas de sus votos, los proyectos de ley que proponen y quién los persuadió.
6. Que los funcionarios electos revelen sus propiedades, ingresos e impuestos pagados. Leyes que aceleren la recuperación de activos de aquellos involucrados en hechos de corrupción.
7. Limitar a un máximo de tres periodos los cargos de funcionarios electos en el mismo cuerpo legislativo.
Todas las cuestiones obtuvieron más de 11.0 millones de respuestas favorables, pero aun así, se perdieron las batallas, pero el aire era que se triunfara en la guerra. No es opinión mía, si no del analista Mariano Yakimavius, EN SU ARTICULO “eL pLAN COLOMBIA CONTRA LA CORRUPCION EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://www.rosarioplus.com/opinion/El-Plan-Colombia-contra-la-corrupcion-20180831-0021.html