Harán unos 150 años desde que diferentes gobiernos dominicanos y haitianos han estado emitiendo declaraciones conjuntas. La de la semana pasada entre Luis Abinader y Jovenel Moïse ha sido la más abarcadora y específica de todos.
Primero se requirió que el canciller haitiano efectuase una discreta visita a nuestro país seguida por otra, igualmente discreta, a Puerto Príncipe por parte de nuestro canciller Roberto Álvarez. Luego sobrevino la reunión en la frontera entre los dos presidentes y la publicación de su declaración conjunta tres días después.
De los nueve puntos acordados el más importante a nuestro entender es el compromiso dominicano de identificar a todos los ciudadanos haitianos que están en territorio dominicano para su posterior inscripción en el Registro Civil haitiano, paso previo para otorgarles la ciudadanía haitiana. Estamos hablando de unas 500,000 personas, el equivalente a un 5% de los que habitan en nuestro territorio. Mientras no obtengan la ciudadanía haitiana continuarán siendo apátridas, sin poder inscribirse en una escuela o viajar. Es un problema humano de grandes dimensiones. Los esfuerzos por parte de los consulados haitianos de entregarles pasaportes han fracasado.
El gobierno dominicano se comprometió a tratar de buscar financiamiento con gobiernos y organizaciones internacionales para las construcciones de hospitales en Haití para así evitar el traslado de parturientas a territorio dominicano, sobre todo al hospital Cabral y Báez de Santiago. Problemático será el determinar quién administraría esos hospitales. En el vecino país los mejores son regenteados por grupos religiosos y lo mismo ocurría en el nuestro hasta 1982. Ojalá que se logre ese tipo de administración.
Nuestra frontera terrestre está bien definida desde 1936 pero ahora nos estamos comprometiendo a definir la marítima. No es asunto de si pescadores haitianos pueden faenar en los Cayos Los Siete Hermanos, sino del potencial de petróleo y otros recursos marinos en aguas territoriales que en el caso dominicano llegan hasta el Banco de la Plata. Ya mantenemos conflictos con Estados Unidos y el Reino Unido sobre ese tema, por delimitaciones en Puerto Rico e Islas Turcas, por lo que conviene definir el asunto con Haití a la luz de las normas internacionales.
Un acuerdo comercial también es necesario. Aunque Haití pertenece a Caricom no ha adoptado el arancel común externo de esa organización y sus aranceles en promedio están bastante por encima de los nuestros. Hemos mantenido que la solución radica en la fórmula europea de que en un mismo edificio funcionen las aduanas dominicanas y haitianos, sobre todo en Jimaní y Elías Piña. Nuestra dirección general de aduanas debe notificar a los haitianos sobre toda exportación que sale hacia ese país para así reducir el contrabando. El requerir una certificación de una agencia privada internacional como la Surveillance suiza también procedería. Todo para evitar que nos requieran usar barcos y no camiones.
La interconexión energética es común entre países. La declaración conjunto enfatiza priorizar interconexiones con energía renovable. Bien podría ser, por ejemplo, que del parque eólico de Buen Hombre al este de Montecristi, se mande electricidad a Juana Méndez, al parque industrial de La Limonade y tal vez hasta Cabo Haitiano. El problema es cobrar esa electricidad. Si un 35% de los dominicanos no paga la luz imaginemos el caso haitiano. Tal vez podría cobrar nuestra energía una empresa distribuidora privada haitiana. La generación hidroeléctrica usando la actual presa de Peligre devino imposible con la sedimentación de la misma.
El exigir que en nuestro país los plásticos sean biodegradables conviene al medioambiente dominicano y haitiano. El buscar en Haití alternativas al uso de carbón dominicano también nos convendría mucho.
Si se me preguntara qué no apareció en la declaración y que debería estar allí tan solo agregaría la conversión del puerto de Manzanillo en un puerto binacional, como el de Fonseca en Centroamérica, para que exportaciones haitianas fluyan a través del mismo.
Fue simbólico que la declaración conjunta se firmara coincidiendo con el aniversario del terremoto que destruyó a Puerto Príncipe.