Es una aspiración del pueblo dominicano que el sistema de justicia no esté políticamente repartido por las principales fuerzas políticas del país para que sea independiente.

Históricamente la repartición o injerencia de partidos políticos que comparten el poder en la justicia, han provocado que la impunidad deje los casos graves de corrupción sin castigo y un nivel generalizado de desconfianza en la población de los diferentes actores del sistema.

Por esa razón vimos la gran importancia del coloquio organizado por la Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, formada por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), llamado Primer Foro hacia un Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad Ciudadana, en el cual expusieron representantes de partidos políticos, de organizaciones estatales, empresariales, religiosas, sociales.

Todos estuvimos de acuerdo en que la politización de las altas cortes y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); inaccesibilidad, presupuesto insuficiente, uso excesivo de la prisión preventiva, y falta de una policía especializada en técnicas modernas son parte de las causales de la crisis y el déficit de confianza que afecta al sistema de justicia y su impacto en la seguridad ciudadana.

De un sistema de justicia eficiente depende en gran medida la seguridad ciudadana, e incluso de la inversión extranjera.

Nuestro país nunca alcanzará los niveles de desarrollo deseados, ni importa el crecimiento del PIB si el sistema judicial es ineficiente y sin credibilidad.

Con mucha pena, en varias encuestas en los últimos años, se ha medido la percepción de la ciudadanía sobre el Poder Judicial y esta no ha sido halagüeña. Tenemos décadas con el problema.

Es posible que si no reflexionamos o tomamos consciencia, el presente y futuro institucional del país estará a la deriva.

También continuaremos con el tráfico de influencias, acciones selectivas en contra de la corrupción (corruptos favoritos), delincuentes que salen de la cárcel con facilidad con la ayuda de jueces y fiscales corruptos entre otros males.

La justicia políticamente repartida debe ser superada con el esfuerzo decidido de los diferentes sectores de la sociedad.