La institución pública y privada genera textos y documentos funcionales, comunicativos y pragmáticos de interés interno y externo. Tanto el texto como el documento constituyen un instrumento de producción de sentido que utilizan funcionarios, empleados, técnicos, gerentes, directores departamentales, ministros, presidentes, administradores, instructores y otros a partir de escrituras específicas de áreas específicas.
Lo que implica la adopción del sistema-lengua y su puesta en discurso es una movilidad de relación en el orden social y cultural. La materia del documento o texto formulado, redactado en base a acuerdos comunicativos, significantes y funcionales requiere de una base lexical, sintáctica, semántica, pragmática y sobre todo inntruccional y orientacional.
La importancia de la evaluación lingüística en este orden constituye un marco de trabajo verbal, gráfico-grafemático, ortográfico, retórico, designativo, informativo, señalativo, documental y textual que asegura, no solo una relación comunicativa estable, sino también pragmática y real para el descubrimiento de la “cosa” pública o privada.
Las instituciones públicas deben tener un puesto de redactor formal y corrector institucional, especializados en tratamiento verbal y procesamiento comunicativo de documentos y textos a los fines de verificar formas contractuales, tópicas, informativas, escriturales, metacomunicativas, redaccionales, para de esta manera evitar inconvenientes que podrían resultar costosos y hasta peligrosos desde el punto de vista no solo idiomático, sino también, interinstitucional e intercomunicativo.
El concepto de evaluación lingüística de documentos y textos institucionales, implica en este sentido un proceso técnico de interpretación y de comprensión ligado al fenómeno de necesidad de intercambio de sentido, escritura, mensaje y significado. El interés de sentido, así como su propiedad y función conducen a una visión integradora y procuradora de valor y significación reales, observables en un proceso institucional de producción de normas, reglas, procedimientos y fórmulas de comunicación verbal escrita.
En efecto, acordarle valor, validar o valuar un proceso institucional desde el punto de vista lingüístico, requiere de la precisión, estabilidad y situación de los datos y metadatos solventes y necesarios para conocer, reconocer acciones, eventos, secuencias, núcleos de sentido, ideas, relaciones, leyes procedimientos jurisdiccionales que tienen su base en actos de habla particulares en un contexto pragmático o situación comunicativa.
De ahí que en el marco de la instrucción académica, política, económica, educativa, jurídica, científica, comunicativa, social, religiosa, comercial y otras, el conocimiento, el uso, la competencia y la realización L=lingüística, produzca rangos de trabajo, necesidad, posicionamiento y valor como parte del proceso de intercambio de conocimiento basado en las convenciones propias del sistema-lengua y de los diversos hablares en la esfera pública de nuestros días.
El mal uso de la lengua en políticos, gerentes, directores institucionales, ingenieros encargados de obras, profesores universitarios y de educación media, jueces, abogados, procuradores, fiscales, periodistas, propagandistas, encargados de campañas políticas, presidentes de la república y otros sujetos públicos e institucionales, da cuenta de una profunda crisis lingüística y social que requiere de evaluaciones sectoriales del sistema-lengua, su uso, corrección, valor, posición, reconstrucción y funcionamiento idiomático.
En efecto, todas las disciplinas científicas, sociales, técnicas, experimentales, necesitan hoy de un proceso evaluativo y re-evaluativo de sus diferentes lenguajes de especialidad, a partir de una economía y calidad de los usos idiomáticos y discursivos específicos de cada especificidad documental, textual y comunicativa.
Así pues, en el actual debate político y social observable en nuestro país, resulta asombroso y escandaloso cómo los sujetos participantes, conflictivos, representantes y hasta litigantes producen, de manera frecuente, campos de ambigüedad, contradicción, opacidad de sentido e impropiedades semánticas debido a sus incompetencias idiomáticas.
Lo necesario, lo posible, lo verdadero, lo real, lo conveniente y lo inconveniente que se escribe, inscribe o representa, muestra o exhibe sus niveles y modos de argumentar en el actual debate político, electoral, académico y cultural en la República Dominicana de hoy; el mismo está en un marco de discordancia, incongruencia, desnivel, desajuste y crisis comunicativo-verbal que muestra o revela la institución social a través de sus actores principales, subalternos y personal especializado.
Nuestra Academia Dominicana de la Lengua (ADL) y con ella todo el sistema académico del país deben plantearse asumir una propuesta como esta, a los fines de crear la debida consciencia institucional en torno a lo que significa la puesta en discurso, escritura, producción verbal y evaluación-lingüística de documentos y textos institucionales, tal y como lo hizo el abogado, escritor y miembro de la ADL Fabio J. Guzmán Ariza en su libro, titulado El lenguaje de la Constitución Dominicana (2012). Plantearse semejante propuesta productiva, reconstructiva, evaluativa y académica es un deber social, institucional y científico-cultural del país.