Economía aplicada

Evaluación a un año del caso Valle Nuevo

Unas de las etapas finales del proceso de formulación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo, es precisamente el monitoreo y la evaluación de los planes, programas y proyectos ejecutados con la intención de lograr ciertos objetivos o metas de política. El caso Dominicano es sumamente rico en experiencias de políticas, algunas implementadas y muchas otras que se han formulado y dejado de implementar, que resultan ser provechosos casos de estudios para su evaluación de resultados e impactos de tal suerte que resulten ser ejemplos de lecciones aprendidas para el ejercicio continuo de perseguir el desarrollo económico y social de nuestros países. La filosofía popular no se equivoca cuando dice que tanto de las buenas como de las no tan buenas experiencias se saca algún aprendizaje.

Tal es el caso del tan necesario rescate del Parque Nacional de Valle Nuevo, iniciativa que concitó amplio apoyo de la población dominicana por sus evidentes impactos favorables en el medio ambiente (muchas veces tan descuidado por quienes han tenido el llamado patriótico de protegerlo), pero que también genero el rechazo de la población que resultaba afectada y además, de mucha gente conocedora y estudiosa de la materia. Este rechazo, critica y reclamo de las partes mencionadas se debió más que al fondo, a las formas; es decir, quienes tenían algunas puntos de vistas encontrados, lo hacían debido a la necesidad de consenso social, la necesaria mejor planificación, coordinación interinstitucional y gradualidad de las medidas implementadas, dado que el problema de dicho parque venían de más de cuatro décadas atrás y el propio Estado dominicano tenía  rol significativo en los problemas allí concitados, por el hecho de incumplir algunas leyes y no velar por fiel cumplimiento de otras.

El 17 de Diciembre de 2016 publique en este mismo diario el primero de una serie de artículos al respecto, mostrando en base a la evidencia en los datos y la literatura existente, la necesidad de una mejor planificación, coordinación y consenso social en la formulación y ejecución de políticas públicas relacionadas al medio ambiente y al desarrollo en el caso del rescate de Valle Nuevo. Estos artículos obtuvieron el apoyo de muchos de los involucrados y especialistas en la materia, ex-presidentes, ex-ministros de Medio Ambiente, rectores de universidades y sobretodo, la población que a leguas resultaba más afectada por tales medidas: los más pobres de los trabajadores de la agricultura que tenían décadas trabajando dichas tierras.

En resumen, en tales artículos se hacía uso de la definición del desarrollo sostenible y sus tres componentes: ser humano, medio ambiente y su constante e ineludible interacción, la economía. Se indicaba que República Dominicana, según cifras oficiales y según el estado del arte de la literatura y el conocimiento tanto nacional e internacional, es un caso de un país relativamente exitoso en términos económicos y medioambientales, no tanto así en términos de eliminación de la pobreza y la desigualdad. A pesar de todo esto, se indicaba que el país tenía (y aún tiene) muchos retos pendientes y oportunidades trascendentales para lograr el desarrollo sostenible, tanto en términos económicos, medioambientales (la pérdida de cobertura boscosa en plenos parques nacionales así lo mostraba), pero, mucho más términos de justicia social. En aquellos artículos establecía, además, que la documentación oficial de las autoridades involucradas indicaba que el problema existían con mucha anterioridad y que, en dicho parque existían sendas porciones de terreno que no eran objetivo de conservación y que existía una lista desde 1998 de los agricultores que trabajaban la tierra dentro del parque desde mucho antes se ser declarado como reserva científica y posteriormente parque nacional.

Recuerdo que pase gran parte de mis vacaciones navideñas de 2016 estudiando un amplio pliego de estos documentos, incluyendo el Plan de Manejo de Valle Nuevo, mismo que establece en su página 79 en relación a los agricultores “en vez de definirlos como villanos e ignorarlos como muchos grupos conservacionistas han hecho, se recomienda que se establezca contacto permanente con ellos y que se entre en negociaciones, para ver qué solución se puede establecer con sus tierras si destinarlas a la conservación o al uso técnicamente adecuado de los recursos y no a la explotación irracional”. Otro documento abordado fue el Plan Operativo Anual (POA 2016) de Valle Nuevo, publicado en Septiembre 2016 donde se establecía el objetivo de reducir las actividades agrícolas en 48 meses (unos 4 años), es decir, de una forma gradual y quizás menos conflictiva. Paradójicamente, en el mismo mes de Septiembre 2016, acabando de juramentarse en la cartera del Ministro Francisco Domínguez Brito, se publicó la resolución que daba un plazo de tres meses para terminar con toda actividad agrícola dentro de los límites del parque. En Enero de 2017 recibí la invitación de parte del ministro y parte de su equipo de asesores para conversar sobre mis artículos, la cual acepte con mucha complacencia, lamentando que en un dialogo sincero con uno de sus asesores este mencionara que “El Estado había metido la pata” con la aprobación de tales planes de manejo y POAs, de tal suerte que al parecer el Estado Dominicano cambia de cara y de objetivos cada vez que hay un cambio de autoridades en la administración pública.

Dado estas verdades ha de entenderse por qué tal iniciativa, a pesar de ser apoyada casi por toda la población dominicana, haya suscitado el descontento de las familias afectadas y muchos expertos y conocedores de la temática, en especial algunos de los que trabajaron en los referidos planes. De hecho, con el rescate del Parque Nacional Los Haitices se procedió de una forma más gradual y elocuente, donde se prescribía que las actividades agrícolas tenían un límite temporal de 10 meses, y además se establecía en su resolución la posibilidad de hasta modificar los límites de dicho parque. Ahí está la razón por la cual el conflicto social con dicha iniciativa tienda a ser muy mínimo.

Pero, ¿Cuáles han sido los efectos de tales medidas? Sin lugar a dudas que se ha conseguido el objetivo de salvaguardar el bosque y el agua que se produce en la Madre de Las Aguas, como se le conoce al Parque Nacional Valle Nuevo. La mayor disponibilidad de agua es evidente al visitar Rio Grande, aunado a las buenas temporadas de lluvia que se vieron en 2017 y principios de 2018. También, hay que reconocer que queda por delante un trabajo enorme de reforestación de las áreas que se ha prohibido la agropecuaria y de muchas otras que no necesariamente se producía.

Sin embargo, se ha incurrido en una gran injusticia con los trabajadores agrícolas más pobres, quienes a esta altura de juego aún esperan por las soluciones prometidas, y hasta reclaman haber pasado hambre ya que ni siquiera las raciones de comida prometidas han llegado. Aún esperan ser reubicados (lo que debió hacerse efectivo antes de que terminara Enero de 2017, ya que no tenían opción de trabajar sus tierras) y se les ha prometido entregarles a los 53 agricultores pobres casa y unas 4 tareas de tierra para trabajar, lo que me parece insignificante para una familia que mínimo debe contar con 5 miembros cada una. Los agricultores más pudientes se han reubicado por ellos mismos y contradictoriamente, según escuché de buena fuente, algunos se han dirigido hacia el Parque Nacional Armando Bermúdez, donde la tierra es más barata y hasta altos funcionarios políticos y militares la explotan para la agropecuaria. Por otro lado, sin ser exhaustivos y entendiendo que el rescate del Valle Nuevo no es la única causa, por la menor disponibilidad de productos que se generaban en la zona de Constanza, se ha visto una escalada alcista de los precios de algunos productos, llegando a sumar el 39% de inflación de los precios de la cebolla, 22% los precios de la papa y 13% del ajo entre 2016 y 2017, según los datos del Banco Central (ver gráfico). De hecho, a finales de 2017 se vieron precios en finca históricos de la papa por ejemplo, llegando a ofertarse hasta 65 pesos por libra (los cuales se sitúan generalmente entre 20 y 30 pesos).

Estos resultados a más de un año de establecida la resolución 14-2016 y al cumplirme este final de Enero un año del cese de la agricultura en Valle Nuevo, algunos deseables y otros no tanto, muestran la imperiosa necesidad de una mejor planificación y coordinación interinstitucional de la administración pública en el Estado Dominicano, así como la deseabilidad del consenso social y debida gradualidad en opciones de políticas públicas que podrían afectar a sendos grupos poblacionales y al propio medio ambiente. ¿Qué tal si lo implementamos con la recién anunciada aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas de la explotación minera de una parte de la Cordillera Central en la provincia de San Juan de la Maguana? Estoy completamente seguro que el desarrollo económico y social del país y las presentes y futuras generaciones de dominicanos lo agradecerían enormemente.

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